Qué corrige (y qué no) la nueva reforma migratoria de EEUU

La noche de este jueves, Álex Castillo sintió un miedo muy parecido al que tuvo el 11 de septiembre de 2011. Barack Obama anunciaba su esperada acción ejecutiva en materia migratoria a través del televisor del Búnker, un refugio en el que conviven un grupo de seis exmilitares estadounidenses deportados en Tijuana. “Aquel día supe que iría a la guerra de Afganistán para participar en la operación Libertad Duradera. Hoy sé que no tengo posibilidades de regresar a mi país”. La decepción se aprecia en su rostro. Comparte indignación con una mujer separada por una frontera de sus hijos no puede reprimir sus lágrimas al escuchar los requisitos de la nueva reforma. El presidente se ha olvidado de ellos.

Entre cuatro y cinco millones de personas sin papeles en Estados Unidos (de los más de 11 que residen irregularmente en el país), podrán vivir sin temor a ser deportados gracias a este decreto presidencial, al menos de manera temporal. Pese a que la noticia ha sido difundida con una buena dosis de optimismo y júbilo por los medios de comunicación internacionales, son varias las organizaciones de derechos humanos que han llamado a la calma. La respetada ACLU (American Civil Liberties Union) emitió un comunicado en el que manifestó que las medidas no son una solución completa a los problemas que afectan al sistema. “Estamos muy preocupados por los derechos de los seis millones de inmigrantes no beneficiados”.

Obama no está ofreciendo ciudadanía ni permiso de residencia. Solo salvará de la deportación a quienes puedan demostrar que han permanecido en Estados Unidos durante cinco años de manera ininterrumpida, tengan hijos ciudadanos o residentes legales, carezcan de antecedentes penales y se comprometan a poner al día el pago de impuestos. Quien reúna todas estas condiciones en conjunto, podrá “salir de las sombras y hacer todo conforme a la ley”.

Por lo tanto, quedan excluidas todas las personas que hayan sido expulsadas (ya que tienen un delito migratorio en su expediente), o que estén fuera del país en estos momentos. Este es el caso de Mariela, migrante guatemalteca madre de dos niños ciudadanos estadounidenses que, al llevar un año en Tijuana tratando de obtener un permiso para poder regresar, no cumple las exigencias del plan. Tampoco podrá acogerse a la nueva medida Emma, que fue extraditada por una falta migratoria menor pese a que su hijo logró naturalizarse tras contraer matrimonio con una ciudadana estadounidense. Son las situaciones que pretende corregir la nueva reforma migratoria de Obama a partir de ahora.

Human Rights Watch ha documentado cómo un número significativo de padres de niños ciudadanos estadounidenses -unos 100.000 en los años 2011 y 2012- son expulsados y criminalizados por las autoridades migratorias. Muchos de ellos podrían haber calificado para la “deportación diferida” (detener el proceso hasta que se emita una resolución definitiva, teniendo en cuenta el vínculo familiar), cuando estaban todavía en los EEUU, como Mariela y Emma. Sin embargo, el plan anunciado por Obama no solucionará este tipo de casos.

Aunque la Casa Blanca defiende que más de cuatro millones de personas podrán permanecer legalmente de forma temporal, las voces escépticas temen que la limitada y estricta lista de requerimientos reduzca considerablemente el número de beneficiados. El requisito de tener hijos nacidos o ciudadanos excluye, de manera indirecta, a quienes no tengan descendencia, independientemente del tiempo que lleven residiendo en el país.

En su anuncio, Obama tampoco ha concretado qué sucederá con los trabajadores del campo, pilar de la economía agrícola en estados como California, o si se abrirán alternativas de regreso para algunas de las aproximadamente dos millones de personas que han sido deportadas en los últimos seis años.

Los verdaderos agraciados serán los dreamers, jóvenes sin documentación que han crecido en Estados Unidos como ciudadanos de segunda y que luchan por continuar estudiando con papeles en regla, a quienes se extenderá hasta los tres años el permiso del programa de Acción Diferida (DACA), que otorga una estancia temporal renovable. Sin embargo, no se podrá regularizar la situación de sus progenitores, a pesar de ser una de sus principales demandas.

Por el contrario, parece que el gobierno norteamericano sí atenderá las peticiones del sector empresarial de Silicon Valley -y del propio Mark Zuckerberg- y facilitará la permanencia en el país de los graduados de alta cualificación, licenciados y empresarios, para que así contribuyan al desarrollo de la economía. “¿Somos una nación que educa a los mejores y más brillantes en nuestras universidades solo para enviarlos a casa para crear empresas en los países que compiten contra nosotros? ¿O somos una nación que fomenta que se queden para crear trabajos, empresas e industrias aquí en Estados Unidos?”, dijo Obama.

“Ningún hombre atrás”

Héctor Barajas, exparacaidista deportado, comparte la decepción con una dreamer mom que no puede reprimir sus lágrimas al escuchar que Obama no contempla ninguna solución para ellos. “En los últimos seis años, las deportaciones de delincuentes han aumentado hasta un 80%”, ha afirmado el presidente. En 2013, más de 95.000 personas fueron expulsadas por una falta menor (“misdemeanors”), como es el caso de muchas de las madres separadas de sus familias. En estados como Arizona, el simple hecho de tropezar con un control policial rutinario sin estar en posesión de documentación legal supone un delito migratorio que conlleva el ingreso inmediato en prisión y la posterior expulsión.

Barajas sirvió en el Ejército desde 1995 hasta 2001 y, tres años más tarde, fue deportado a México. “Cuando me enrolé en el Ejército me prometieron que me darían ciudadanía. Se basan en eso, en prometer papeles a los que no tienen”. A Castillo, que llegó a Estados Unidos cuando tenía dos años, también le aseguraron que podría regularizar sus documentos y recibir beneficios si se alistaba: “Me prometieron una beca de 30.000 dólares para la universidad pero nunca la vi. Te prometen muchas cosas solo para convencerte”. La oficina de reclutamiento del Ejército suele buscar nuevos integrantes en los barrios latinos y con población migrante, tratando de llamar la atención de los jóvenes sin documentos.

Muchos de los veteranos de guerra sufren síndrome de estrés postraumático cuando vuelven a la vida civil. Los problemas de inadaptación en ocasiones terminan por empujarlos a cometer delitos que derivan en deportación, por lo que dejan de recibir la atención médica necesaria. La última decisión de Obama cierra la puerta a cualquier opción de regresar al país por el que lucharon.

Aumento de “seguridad” de la frontera

Barack Obama incluye en su decreto presidencial el aumento de la seguridad en la frontera sur, una condición que ya formaba parte del proyecto de reforma migratoria impulsada por un grupo de 68 congresistas demócratas, republicanos e independientes que finalmente fue bloqueado en la Cámara de Representantes (de mayoría conservadora) en 2013. Esta medida dará prioridad a la expulsión de personas con delitos graves al mismo tiempo que agilizará el retorno de aquellos que sean interceptados tratando de llegar al país de forma ilegal. “Si es un delincuente, será deportado. Si tiene pensado entrar a Estados Unidos de manera ilegal, acaban de aumentar las posibilidades de que lo capturen y envíen de regreso”, puntualizó.

El presidente estadounidense afirmó que se reforzará a las fuerzas del orden público con la intención de que puedan detener los cruces, lo que para ACLU “se traducirá en más militarización en las comunidades fronterizas del Suroeste, sin aumentar las medidas de rendición de cuentas para la Aduana y Protección Fronteriza, la fuerza policial más grande y más peligrosa de la nación”. Border Angels, organización humanitaria de San Diego (California), tampoco se ha mostrado de acuerdo con el incremento de la vigilancia y las medidas de seguridad en la frontera. “Más valla y más 'migra' solo se traducirá en más muertes y más negocio para las mafias”, aseguró su fundador, Enrique Morones.

Esta medida, insuficiente para algunos y motivo de euforia para otros, carece de rango de ley, por lo que convertirá el debate migratorio en el eje de la próxima campaña a la presidencia y en la bandera política de Hillary Clinton frente al Partido Republicano.