Por unos presupuestos humanos
Decía Galeano que “aunque sonrían las estadísticas, se jode la gente”. Según datos de Eurostat y el FMI, España encadena tres años consecutivos al frente del crecimiento económico mundial. Las campanas se lanzan al vuelto y hasta el propio Juncker anima a apoyar a España, “número uno en crecimiento de las grandes economías de la eurozona”, y al hacerlo esconde bajo la alfombra el mandato de la Comisión Europea que exige el enésimo ajuste en los presupuestos –esta vez de, al menos, 5.000 millones de euros–.
El día a día de la población continúa arrojando datos que empañan los festejos oficiales. España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad, después de Chipre; casi el 30% de la población (13,4 millones de personas) se encuentra en riesgo de exclusión. La precariedad laboral alcanza niveles escandalosos. La temporalidad en los contratos asciende al 24%, un porcentaje solo superado por Polonia. Más de cinco millones de personas cobran el salario mínimo interprofesional, fijado en 655 euros.
Como si de un cuento de Dickens se tratara, varias personas han perdido la vida por incendios provocados por sistemas precarios que calentaban o, incluso, iluminaban sus casas. Cinco millones pasan frío en invierno por no poder hacer frente a sus facturas. Y mientras esto sucede, la cuenta de las eléctricas continúa engordando. En los primeros nueve meses de este año sus beneficios han ascendido a casi 4.300 millones de euros.
Incluso tenemos la versión actualizada del avaro que guarda sus monedas bajo el colchón. Esta vez son banqueros, empresarios, nobleza o artistas quienes esconden sus capitales en paraísos fiscales. Prácticas que hemos desenmascarado gracias a los Papeles de Panamá y a cuyo carro se suben también espabilados deportistas que compiten por ver quién evade más impuestos entre aplauso y aplauso en sus competiciones.
La explotación, pieza clave del beneficio sin límites
El sistema sonríe en las estadísticas mientras degrada la vida. El castillo se sostiene gracias a un engranaje en cuya base se encuentran mayoritariamente las mujeres –que son, precisamente, quienes más han sufrido los embates de las políticas austericidas. El pasado verano España batió records de turismo; la Edad de Oro, llamaron a la temporada. Un brillo que contrasta con horarios sin fin, contratos temporales y dos euros a la hora que reciben las camareras de piso. El propio Antonio Catalán, gerente de la cadena de hoteles AC, ha calificado estas condiciones laborales como “explotación”.
Una explotación que es pieza clave de un sistema global que acumula a costa de expoliar recursos y derechos en todo el planeta. Recientemente salía a la luz que niños y niñas sirias trabajaban en Turquía para grandes marcas de ropa que producen sin límite en los horarios y con escasas garantías de seguridad. Y así, al brillo del turismo se une el de nuestros escaparates que lucen a costa de explotar a menores refugiados y personas vulnerables, aumentando sin límites la cuentas de las grandes compañías.
La desigualdad es clamorosa. Tanto que uno de los bancos más importantes del mundo lo certifica. Según datos del último informe del Credit Suisse, el 1% más rico del mundo posee más del 50% de la riqueza, mientras el 50% más pobre cuenta con apenas el 1% de la riqueza.
Hay salidas: globales e interconectadas
Ante tal esperpento, los gobiernos pueden mirar hacia otro lado o establecer políticas que pongan freno a la vorágine depredadora. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 debería ser una oportunidad para frenar la explotación, garantizar los derechos y contribuir a la construcción de un mundo en el que se apueste por la justicia social.
Las buenas palabras de Juncker no evitarán que Bruselas imponga un nuevo recorte. Lo que puede evitarse es que ese recorte afecte, una vez más, a las políticas públicas sociales. La mayoría de la población no puede seguir pagando la austeridad a costa del deterioro de sus derechos fundamentales. La educación, la sanidad, la dependencia, la cooperación internacional, la garantía de una vivienda y condiciones de habitabilidad dignas deben ser garantizadas y recuperar paulatinamente un nivel de financiación adecuado. Hacerlo es posible, basta con apostar por políticas fiscales que aumenten la recaudación.
El mundo afronta enormes y complejos retos que deben ser abordados desde su interdependencia. Las decisiones que se toman en un lugar tienen consecuencias en los rincones más remotos del planeta; hacer política a la altura de las circunstancias exige no perder esto de vista. En este momento, España preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La relevancia de ese asiento debe ser asumida con su correspondiente responsabilidad. Una responsabilidad que tiene consecuencias directas tanto en la política interior como en la exterior.
El compromiso se demuestra andando. Y en el caso de los gobiernos se demuestra construyendo políticas que aseguren que lo comprometido se lleva a la práctica. Los numerosos acuerdos firmados por España en materia de derechos humanos, paz, cooperación, protección de la población refugiada, de la infancia, de fomento de la igualdad de género… no pueden quedar en el aire sin ser aterrizados no solo con medidas, sino también con fondos suficientes que permitan ponerlos en marcha y de la mano de quienes también son sus protagonistas.
Como decía Galeano, “en un sistema organizado al revés, cuando crece la economía también crece, con ella, la injusticia social”. La tramitación del los Presupuestos Generales del Estado deberían asegurar que la balanza se equilibra hacia el lado de la justicia social, poniendo en el centro a las personas y sus derechos. Solo así podrá garantizarse que sonrían tanto las estadísticas como la gente.
