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La nueva presidenta de AIReF asegura la independencia de la institución frente a las dudas de PP, Ciudadanos y Vox

Cristina Herrero, nombrada presidenta de la AIReF por mayoría absoluta

Marina Estévez Torreblanca

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Todos los grupos parlamentarios del Congreso han apoyado este martes el nombramiento de Cristina Herrero como presidenta de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para los próximos seis años, aunque los portavoces de PP, Ciudadanos y Vox han expresado sus dudas sobre las posibles injerencias del Gobierno en su labor, máxime cuando su antecesor, José Luis Escrivá, es ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La respuesta de Herrero, economista y miembro del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y de Inspectores de Hacienda, es que la independencia está garantizada por ley, pero también por el trabajo de la institución y el rigor de los informes “y eso permanece intacto se vaya el presidente o cualquiera, sea el destino al que se vaya”, ha dicho. Según Herrero, que era la número dos de Escrivá y asumió el cargo de manera interina cuando él fue nombrado ministro, “la AIReF se juega mucho en esa independencia” y tiene que mantener la reputación que se ha ganado tras seis años de trabajo. “No estamos dispuestos a perderla”, ha asegurado.

Herrero ha recibido apoyo por unanimidad, mientras que Escrivá en 2014 fue elegido por mayoría absoluta con los votos del PP, pero recibió la abstención del PSOE, CiU y UPyD y el voto en contra de Izquierda Unida. Aunque este martes todos los portavoces han valorado su experiencia profesional y ha reconocido la “independencia” mostrada desde el nacimiento de la institución, los diputados de PP y VOX han advertido de las posibles futuras “injerencias” del Gobierno de coalición. También Ciudadanos ha asegurado que el hecho de que su “exjefe” sea ahora ministro es un elemento de incertidumbre.

Regla de gasto, mejor a medio plazo

Durante su comparecencia, Herrero ha recalcado que en opinión de la AIReF la regla de gasto que rige la ley de estabilidad presupuestaria y ciñe el gasto de las administraciones debería tener un horizonte de medio plazo y no anual. “Lo normal es que se fije un periodo temporal de cuatro o cinco años que permita ciertas desviaciones por arriba y por abajo de la senda sostenible de evolución del gasto. Desde ese punto de vista, flexibilizacion sí”.

Sin embargo, ha recalcado que a su juicio esta regla debería dejar de permitir las consolidaciones de excesos de gasto del año anterior. “Es decir, si la regla de gasto te permitía gastar hasta cinco y tú gastas siete, el punto de partida de gasto del año siguiente son siete, no los cinco que tenías que haber cumplido. Eso lleva a una interpretación y aplicación perversa de la regla de gasto en el sentido de que lo mejor que puedes hacer es incumplir por mucho la regla de gasto en un año y a partir de ahí consolidas los crecimientos futuros”, ha señalado.

En cuanto a la nueva senda de déficit aprobada por el Gobierno, que ha elevado un 3,8% el margen de gasto, ha considerado que “no sirve de nada imponernos objetivos demasiado exigentes para que luego un año tras otro los incumplamos”. Se ha mostrado partidaria, por el contrario, de seguir haciendo esfuerzo de consolidación fiscal –“tenemos todavía un nivel de deuda muy alto nos hace especialmente vulnerables ante una nueva crisis,”, ha recordado– pero adoptanado un ritmo de convergencia que estemos dispuestos a cumplir. “Si no, la credibilidad de nuestro marco fiscal y de nuestras cifras queda muy comprometida”, ha subrayado.

Ante una pregunta del PDeCat, Herrero ha descartado que la AIReF pueda encargarse de hacer un cálculo de las balanzas fiscales (la inversión que efectúa el Estado en cada comunidad autónoma, frente a los impuestos que pagan sus habitantes) al estar sumida en la segunda fase de la evaluación del gasto público ('spending review'), que analiza beneficios fiscales, bonificaciones en la contratación, infraestructuras de transporte y gasto sanitario en hospitales, gasto farmacéutico y equipamiento, con la idea de presentarlo en el mes de junio, antes del plazo, fijado en septiembre.

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