La CE aún investiga la posible manipulación estadísticas del déficit en Valencia

La Comisión Europea (CE) aún investiga si la Generalitat de Valencia incurrió en una manipulación de las estadísticas de déficit al comunicar su deuda relacionada con el gasto sanitario a la oficina europea de estadísticas Eurostat, dijeron hoy fuentes comunitarias.

“La CE hará su comunicación una vez que se haya pasado a la siguiente fase de la investigación”, dijo hoy a Efe un portavoz comunitario respecto a este caso, después de que otras fuentes apuntaran a que el Ejecutivo comunitario podría adoptar una decisión sobre el caso valenciano en su reunión de este miércoles.

Por su parte, el portavoz de Eurostat indicó a Efe que “el informe definitivo sobre la investigación debería publicarse antes del 11 de mayo, y antes de esa fecha Eurostat no hará ningún comentario”.

Bruselas abrió en julio de 2014 una investigación formal sobre una “posible manipulación” de las estadísticas sobre déficit y deuda públicos elaboradas por las autoridades valencianas, referidas a gasto sanitario.

La CE dijo entonces que examinaría si la información errónea fue publicada de manera “deliberada” o si fue “una grave negligencia” en la declaración de los gastos de la región para ver si esto pudo tener un impacto en los datos oficiales de déficit y deuda “durante varios años”,

En noviembre de ese año España presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) un recurso que solicitaba anular esa investigación y alegaba que no existían “indicios serios de la existencia de hechos constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda”.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, pidió hoy en un comunicado que “sean los responsables políticos del Partido Popular (PP) en el País Valencià los que paguen la multa que la Unión Europea impondrá esta tarde al Estado español”.

“Si la UE sanciona al Estado español por las trampas que se han estado haciendo año tras año con las facturas de sanidad en País Valencià, deberían ser (Eduardo) Zaplana, (Francisco) Camps y (Alberto) Fabra los que paguen la sanción de su bolsillo”, dijo Albiol.

Insistió en que a su juicio “son ellos los que deberían asumir la multa y no todos los ciudadanos y ciudadanas”.

La eurodiputada se refirió en su comunicado a que según diferentes medios la cuantía de la posible sanción de la UE no alcanzará el 0,2% del PIB del país (unos 2.000 millones de euros), que es el máximo previsto por la legislación comunitaria.

“Estamos hablando de una práctica sistemática. Han estado presentando año tras año presupuestos manipulados que ocultaban estas facturas, como ya había denunciado en tantas ocasiones EUPV”, consideró Albiol en su comunicado, en el que agrega que “los propios informes de la Sindicatura de Comptes denunciaban la situación”.

En opinión de la eurodiputada de IU la situación “ha sido una práctica conocida por el Gobierno valenciano y que fue impulsada por los diferentes consejeros de Sanidad y Hacienda de País Valencià”.

Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a Eurostat en 2012, después de descubrir facturas sin notificar en Madrid y Valencia, lo que llevó a España a elevar en un 0,4 % del PIB su déficit correspondiente a 2011.

Eurostat realizó entonces varias visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema, en las que concluyó que el caso de Madrid “podía ser considerado como un ajuste excepcional”, mientras que en el de Valencia, por el contrario, “había razones para preocuparse”, explicó en julio de 2014 la CE.

En su recurso, España también alegó que no podían juzgarse hechos anteriores al 13 de diciembre de 2011, cuando “los hechos de autos no eran susceptibles de sanción”, debido a que el reglamento que establece las posibles sanciones dentro del proceso de vigilancia presupuestaria por parte de Bruselas entró en vigor en ese momento.

Las autoridades españolas consideraban en su recurso que los únicos datos que podrían ser sancionables son los notificados en abril de 2012 y subrayaban que “el periodo objeto de investigación debería limitarse a los datos comprendidos en las notificaciones a partir de 2012”.

Este caso ha sido el primero en el que la CE recurrió a sus nuevas competencias, reforzadas en el paquete legislativo conocido como “Six Pack”, de supervisión macroeconómica, para investigar las sospechas sobre la manipulación de datos de deuda y déficit en un Estado miembro.