El Gobierno destina más de 115 millones a la conservación de carreteras

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de distintos contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y mantenimiento de carreteras del Estado por un importe conjunto de 115,68 millones de euros.

Estos contratos afectan a las provincias de Alicante, Asturias, Granada, Valladolid y Palencia, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Dichas actuaciones permitirán llevar a cabo distintas operaciones necesarias para mantener las carreteras en servicio las 24 horas del día los 365 días del año, ha añadido.

En este sentido, los contratos comprenden servicios de comunicaciones y vigilancia; atención de accidentes, así como el mantenimiento de los elementos de la carretera y de las instalaciones eléctricas y del alumbrado, tanto de túneles, como de señalización de la vía y semáforos.

También actuaciones de viabilidad invernal, desbroce de vegetación, limpieza del pavimento y cunetas, reparación de daños por accidentes, así como aquellas labores de conservación ordinarias de la vía.

En Asturias, los trabajos se desarrollarán en la A-8; N-634; N-632 y N-625 por un coste superior a los 25 millones de euros.

En Gerona a la A-2; a la N-2 en varios tramos; a la N-156 en el acceso al aeropuerto, así como a varios tramos de la antigua N-2a por 17 millones.

Por su parte, en Alicante los trabajos de conservación y mantenimiento se desarrollarán en la A-7, en la Autovía de la Comunidad Valenciana 10 y en la N-340 por más de 26 millones.

En Granada se localizarán en la A-44; A-7; Autovía Granada 14 y en la Autovía Granada 16 en los accesos oeste y este al puerto de Motril; N-323; varios tramos de la N-340 y un tramo de la N-240 por cerca de 32 millones, mientras que en Valladolid afectarán a la A-60; A-65 y varios tramos de la N-610 por un importe total cercano a los 16 millones.

El pasado viernes, el Gobierno aprobó destinar 110 millones de euros a distintos contratos de conservación de carreteras en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Aragón.