El Gobierno venezolano supervisará los precios de la mayor empresa de alimentos

El Gobierno de Venezuela “supervisará” los precios de los productos de Alimentos Polar, la mayor empresa productora de alimentos del país, así como de otras dos compañías a las que acusa de haber especulado, informó este viernes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El objetivo de esta medida es que “se preserven y se respeten los precios acordados de los productos que se están fabricando, que se están produciendo y también determinar los receptores de estos productos”, aseguró Rodríguez en un mensaje televisivo, en el que además informó de la “ocupación temporal” por 180 días de otra empresa dedicada a la producción y venta de aceites, Coposa.

De este modo, espera “garantizar los derechos socioeconómicos” de los venezolanos, “evitar las distorsiones en la cadena de costos y precisar qué está afectando a los precios”.

POLAR, UN REFERENTE DE LA ALIMENTACIÓN VENEZOLANA

Alimentos Polar, integrante del conglomerado Polar, es una de las mayores empresas de alimentación de Venezuela.

Fabricante de la tradicional harina de maíz marca “PAN”, entre otros muchos productos omnipresentes en la mesa de los venezolanos, se verá así sometida a una “medida de venta supervisada” por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

Igualmente le ocurrirá a Plumrose, empresa de embutidos, y a un matadero de Tumero, en el céntrico estado Aragua.

“Estas empresas se estaban convirtiendo en marcadores referenciales especulativos. Queremos que se preserven los niveles de producción”, subrayó Rodríguez.

Las medidas anunciadas se adoptaron, explicó Rodríguez, en función de la Ley Orgánica de Precios Justos.

En esta ley se contempla que la Sundde, ente adscrito al Ministerio de Comercio Nacional, puede “asumir temporalmente las actividades de dirección, supervisión o control de los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes o prestación de servicios”.

LA OCUPACIÓN DE COPOSA PUEDE PROLONGARSE

Acerca de la ocupación de Coposa, la vicepresidenta ejecutiva aseguró que esta será por 180 días “que pueden ser prorrogados” y detalló que la medida “busca garantizar la producción pero preservar que no se convierta (...) en un precio marcador especulativo”.

Según explicó, todas estas medidas aspiran a “precisar las distorsiones que se puedan estar presentando, tanto en la estructura como en cadena de costos” y de ese modo saber qué “está afectando la composición y la configuración de los precios” que inciden “directamente a la población en general”.

Como parte de la batería de medidas, Rodríguez explicó que sostuvo una reunión con la Asociación Nacional de Supermercados y Abastos (ANSA) y “se estableció una mesa para lo precios acordados de 27” productos.

“Ya se estableció esta mesa y habrá importantes anuncios la semana que viene”, subrayó la vicepresidenta acerca de la reunión con el gremio que aglutina a los mayores supermercados de Venezuela.

MADURO ACUSA A LOS COMERCIANTES DE ESPECULAR

Esta semana, el mandatario Nicolás Maduro acusó a los comerciantes de especular con los precios de los productos alimenticios.

Aunque la Ley de Precios Justos no había sido derogada, sus efectos, entre ellos el control de precios, se habían relajado desde junio del año pasado en un país que vive un periodo de hiperinflación desde noviembre de 2017 que se ha mermado en los últimos meses.

La regulación de precios de venta al público de productos de primera necesidad, como leche, azúcar o harina de maíz, ha sido constante de los Gobiernos chavistas.

En varias ocasiones desde 2013 se han producido varias jornadas de ventas con precios supervisados que, en la práctica, han supuesto notables bajadas de precios.

El último caso fue en 2018, cuando la Sundde llevó a cabo inspecciones en centenares de negocios en todo el país, a los que -con el concurso de efectivos de la Policía y la Guardia Nacional- obligó a bajar los precios de algunos de sus productos.

Esas rebajas forzadas provocaron largas colas y tumultos en negocios de todo el país, donde supermercados y otros establecimientos quedaron vacíos tras los descuentos.

En aquel momento, las asociaciones de empresarios alertaron del posible cierre de algunos de sus socios al ser obligados a vender con pérdidas.