Moreno exige a Díaz que explique concesión mina, pero prima datos judiciales

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha exigido a la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, que explique en el Parlamento la concesión de la mina de Aznalcóllar tras un informe del Gobierno andaluz que lo defiende, aunque ha resaltado que “a quien hay que escuchar” es a la juez del caso.

Durante un acto de campaña en Maracena (Granada) y a preguntas de los periodistas sobre un informe de la Intervención de la Junta de Andalucía que considera adecuada la concesión de la explotación de la mina sevillana, Moreno ha recalcado que respeta “todas las opiniones”, aunque ha recordado que hay una investigación “judicial y policial” que dice “cosas diferentes”.

Moreno ha insistido en la necesidad de que Díaz comparezca a petición propia y en sede parlamentaria para explicar todos los detalles de la concesión de la explotación de la mina sevillana, unas explicaciones que el PP ya ha pedido en la cámara andaluza.

“Las investigaciones dicen cosas diferentes”, ha subrayado Moreno, que ha relatado que la jueza encargada del caso consideró que el contrato no cumplía los requisitos, no exigía un “rigor mínimo, que va contra el interés general y con riesgo de tener problemas medioambientales”, ha apuntado Moreno.

“Lo tomo con el máximo respeto, pero a quien hay que escuchar es a la juez”, ha sentenciado el presidente del PP-A, que ha reiterado la petición de que Díaz, “que tiene muchos más datos”, comparezca en el Parlamento.

Moreno ha recordado que Díaz “lució mucho el contrato en la campaña autonómica” y le ha pedido que también se explique ahora “para demostrar que se hizo con rigor y seriedad”.

La Junta de Andalucía adjudicó el concurso de la explotación de la mina a la oferta presentada por Grupo Mexico y Minorbis, filial de la empresa cordobesa Magtel, que fue recurrido inicialmente por el Gobierno central por invadir competencias estatales y ahora está siendo investigado por un juzgado de Sevilla, el cual ha detectado indicios de falta de rigor y posibles irregularidades.

El consejero en funciones de Economía, José Sánchez Maldonado, aseguró ayer que se procedió “de una manera inmaculada” y mostró su “máxima confianza” en los funcionarios, porque se apoyaron en dos informes “del gabinete jurídico y de Intervención” que consideran que se actuó correctamente.