Los ecologistas denuncian que el Ayuntamiento de Manacor quiere recalificar 4 hectáreas para que la familia de Rafa Nadal construya chalets
Las principales entidades ecologistas de Mallorca denuncian que la familia de Rafa Nadal volverá a hacer negocio en Manacor: el Ayuntamiento quiere recalificar una zona verde de 40.000 metros cuadrados para, según estas organizaciones, permitirles la construcción de una nueva urbanización. Los terrenos pertenecen, entre otros, a una empresa regentada por el padre del tenista. Están ubicados justo al lado del centro deportivo de Nadal, que también generó una fuerte polémica por la tramitación y posterior aprobación de una enmienda que permitía a los Nadal dar uso turístico a las instalaciones deportivas.
Los ecologistas aseguran que el Plan General prevé la recalificación de 40.000 metros cuadrados de una zona rural no urbanizada, que pasarían a ser suelo urbanizable. El terreno fue declarado zona verde en 1980, cuando se aprobaron las normas subsidiarias del municipio. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares determinó que los terrenos eran suelo rural, mientras que los dueños de la zona alegaban que era urbanizado.
El Plan General fue aprobado inicialmente en 2016 por PP, El Pi y Agrupació Independent de Porto Cristo. Antes de que termine este mes de octubre, el pleno del Ayuntamiento tiene previsto dar luz verde a la aprobación provisional, con el apoyo del PSOE, Més-Esquerra y Podemos. En un plazo de seis meses, se aprobará la versión definitiva, previo paso por el Consell de Mallorca.
Las entidades que denuncian esta “operación especulativa” son la Assemblea Antipatriarcal, Dones de Llevant, Xítxeros amb Empenta, Ateneu Lo Tort y Endavant Osan, con el apoyo del GOB y Terraferida. Critican que en el terreno, ubicado a las afueras de Manacor, se podrían construir 275 chalets, que podrían albergar a unas 1.000 personas. Para ellos se trata de “una de las mayores operaciones urbanísticas vividas en Mallorca en las últimas décadas”, ya que la operación de venta de las nuevas viviendas podría llegar a los 120 millones de euros.
La empresa del padre de Nadal
Los terrenos de la discordia, conocidos como 'Torreflorida', pertenecen a Goramendi Siglo XXI S.L., Francisco Suasi e Hijos S.L.; Mascaró Martorell Inversió S.L. y San Font Nova des Pujol S.L. Las empresas están regentadas por cuatro de las familias más poderosas de Mallorca. La primera, Goramendi Siglo XXI, tiene como administrador único desde 2012 a Sabastián Nadal Homar, padre del tenista, quien también es apoderado de Aspemir SL, la empresa propietaria de Goramendi Siglo XXI. La administradora única de Aspemir SL es Ana María Parera Femenías, madre de Rafa Nadal.
Jaume Adrover, portavoz de Terraferida, asegura que el interés urbanístico de estas familias “viene de hace años”: “Compraron la zona verde pensando que podrían recalificar el terreno. La primera presión al Ayuntamiento fue decirles que, si no la hacían urbanizable, como tendrían que expropiarles porque es una zona verde, irían al juzgado y les pedirían una millonada. Diecisiete millones de euros. El Ayuntamiento pleiteó y el Tribunal Supremo dijo que los terrenos sólo costaban 500.000 euros. El Consistorio podría comprar los terrenos, pero no quiere”.
[SÓLO EN CATALÁN] Vídeo de la asociación Xítxeros amb Empenta (2014), en el que se cuenta la historia de los terrenos de Torreflorida, especialmente la disputa entre el Ayuntamiento de Manacor y las familias propietarias del terreno por el precio que debería pagar el Consistorio para expropiar 10.000 metros cuadrados.
“La familia Nadal y Suasi doblegan voluntades”
Adrover lamenta que “la familia Nadal y Suasi” tengan un “poder enorme” que acabe “doblegando voluntades”. El ecologista asegura que Més-Esquerra y Podemos, cuando no gobernaban el municipio, hacían oposición contra el PGOU y compartían la visión de las entidades ecologistas –para ellas, el Plan General debe centrarse sobre todo en acondicionar el centro del municipio, el cual está “muy degradado”–. “Alguna presión habrán recibido”, comenta.
Joan Llodrà (ERC), exconcejal de Urbanismo de Manacor, defiende que no ha habido ningún cambio de opinión por parte de Més-Esquerra: “Nosotros no hicimos el Plan General. Presentamos 10 alegaciones y 9 salieron adelante. La que no se aprobó fue la relativa a Torreflorida”. Llodrà defiende que no se trata de una “recalificación” porque el suelo de la discordia “siempre ha sido urbano”.
Aunque el exconcejal no comparte la proyección de las casi 300 casas en Torreflorida, recuerda que antes había un convenio para construir 1.000. Además, argumenta que, ahora, los propietarios tendrán que “pagar la construcción de un parque, que se hará en unos molinos cercanos y que será la nueva zona verde”.
Según él, la zona en total ocupa unas 14 hectáreas, con tres partes de extensión similar: la zona verde de la discordia, un polígono de servicios y el ámbito interno de las rondas, donde están construidos unos molinos y, en el futuro, estará el parque que tendrán que construir los propietarios de los terrenos de Torreflorida.
Llodrà defiende que ya es tarde para hacer “cambios sustanciales” en el Plan General, el cual incluye aspectos positivos para él, como el techo poblacional de 63.000 personas. “Nunca se podría haber aprobado un plan tan ecologista y tan de contención como este, si ahora lo echamos para atrás por un punto que no nos gusta, perdemos una oportunidad”, defiende.
En la misma línea, Carles Grimalt, concejal de Podemos, asegura que él “no ha cambiado de opinión”: “Alegamos sobre esta zona [Torreflorida], pero una vez tienes los documentos y los técnicos te lo explican, la cosa cambia. Aquella zona está ya urbanizada, ahora será urbanizable, los propietarios de aquel tramo, Torreflorida, tendrán el mismo terreno, pero en los molinos. No es ningún ningún pelotazo urbanístico, tendrán que pagar además los costes de las demoliciones”. También alega que los molinos están dentro del centro urbano, así que la nueva zona verde ya no estará en las afueras.
La polémica entorno a los terrenos de 'Torreflorida' no es la primera operación que genera críticas por los supuestos privilegios al tenista y su familia. La periodista Mercè Pinya mencionó en un hilo de Twitter algunas de estas polémicas, como la declaración de interés general del centro de tenis Rafa Nadal Sports Centre, la aprobación de una enmienda que permitía su ampliación y uso turístico o la autorización gubernamental para remodelar los amarres de Porto Cristo y que Nadal pudiese atracar su nuevo barco (Diario de Mallorca).
