Las administraciones en EEUU tratan de cubrir las pensiones de sus funcionarios asumiendo mayores riesgos financieros

Vista de un hombre asistiendo a la una oficina estatal de Departamento de Trabajo en Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Diego Larrouy


2

En los próximos días echa a andar en España el empujón que ha pretendido dar el Ministerio de Seguridad Social a los fondos de pensiones vinculados al empleo y que contará con un esquema impulsado por el Estado. Una apuesta, en detrimento de los planes individuales, que ha sufrido no pocos baches durante toda su tramitación. Un sistema similar, guardando las distancias, es el que se usa en la mayor parte de las administraciones de EEUU para los sistemas de jubilación de sus funcionarios. Fondos de inversión en los que una parte la pone el empleado y otra el empleador, con el objetivo de crear un ahorro para cuando se retiren los trabajadores.

La tormenta que viven los mercados está teniendo un efecto sobre este sistema, que se ve más expuesto a riesgos. Se trata de una confluencia de factores que va camino de complicar los próximos tiempos a algunos vehículos de inversión que llegan a gestionar, en algunos casos, más de 400.000 millones de dólares. La caída de las bolsas y las economías públicas mermadas por la pandemia están generando movimientos que hacen temer por la salud de este modelo de protección social para la jubilación.

Se trata de un mercado muy distinto al español, con una cobertura muy inferior para los trabajadores. Los Estados y los municipios son los encargados, junto con los propios funcionarios, de financiar fondos de pensiones que invierten en el mercado con el objetivo de obtener una rentabilidad y, con ello, cubrir los compromisos que ha asumido con los trabajadores de la administración. Las grietas que se abren se deben, fundamentalmente, a determinadas decisiones que han tomado estos gestores para intentar ampliar la cobertura de los compromisos que tienen con los beneficiarios.

Primero, el contexto. En EEUU hay en torno a 6.000 fondos y planes de pensiones de administraciones públicas, tanto estatales como municipales, según los datos del Centre for Retirement Research del Boston College. Estos fondos gestionan más de 4,5 billones de dólares y dan cobertura a 14,7 millones de trabajadores y algo más de 11 millones de jubilados. Cada año estos fondos distribuyen 323.000 millones entre sus beneficiarios. No todos los Estados tienen la misma cobertura, en algunos de menor tamaño apenas existen otros esquemas, mientras que en otros como Nueva York cubren a prácticamente todos los funcionarios.

Estos fondos arrastran un problema desde hace años. Han crecido los compromisos con trabajadores, pero el patrimonio que gestionan estos vehículos, en realidad, no llegan a cubrir la totalidad. Es decir, se ha comprometido más dinero en jubilaciones de lo que ahora mismo pueden aguantar estos planes de pensiones. Se estima que por cada dólar que las administraciones han comprometido con los beneficiarios de estos fondos, los planes solo están cubriendo 0,75 dólares, tal y como informaba recientemente el diario financiero Wall Street Journal.

Para cubrir esta diferencia y mejorar la cobertura de los planes, las administraciones tienen dos opciones principales: destinar más presupuesto público a aportar a estos fondos o incrementar las obligaciones a los trabajadores en cuanto a lo que deben aportar. Ambas alternativas guardan muchos problemas políticos para la administración, especialmente tras una crisis sanitaria que ha afectado los presupuestos públicos en todo el mundo. Ante esta necesidad de financiar los planes, multitud de administraciones han adoptado en los últimos tiempos una vía alternativa a esas dos posibilidades. Durante los dos últimos años se han disparado las emisiones de deuda por parte de estos gobiernos para destinarlo directamente a los planes de pensiones. Son los conocidos como Pension Obligation Bonds (POB), emisiones de bonos de deuda con ese objetivo.

La idea no es nueva, estos bonos existen desde hace décadas. La lógica financiera detrás de esta decisión por parte de la administración es la siguiente: si los intereses que se pagan por esta deuda son menores que la rentabilidad que se obtiene con el dinero invertido, esa diferencia es una financiación extra para cubrir las pensiones futuras. 

Se disparan las emisiones de deuda

Esta idea ha atraído a multitud de administraciones, más de un centenar en los últimos meses se ha apuntado a estas emisiones, según indicaba la citada información del Wall Street Journal. En 2020 se vivió un boom de estas emisiones, superando los 6.100 millones de dólares, el valor más alto desde la crisis financiera. En 2021 se duplicaron y alcanzaron los 13.000 millones de dólares. El mayor fondo de pensiones de empleados públicos de EEUU, el Calpers, que cubre a los funcionarios de California, ha anunciado que va a comenzar por primera vez en sus noventa años de historia a endeudarse para financiar aportaciones al fondo.

Un reportaje publicado por el New York Times señalaba cómo algunos municipios estaban haciendo determinados equilibrismos para realizar estas emisiones. Apuntaba, por ejemplo, a Tucson, en Arizona, donde el Ayuntamiento había creado una corporación ficticia para traspasar a ella cinco campos de golf y el zoo, para posteriormente alquilárselo a la propia administración. Esta corporación emitió bonos que iban destinados a los fondos de pensiones del personal público de la ciudad. Como este caso, se citan decenas de otras operaciones similares.

Sin embargo, esta es una operación que tiene un riesgo que no es menor para estos fondos. La Government Finance Officers Association (GFOA), una asociación de responsables de las finanzas de más de 19.000 administraciones en EEUU, tiene fijado desde hace tiempo en sus recomendaciones que “los gobiernos locales y estatales no deberían emitir POB”. Es decir, recomiendan encarecidamente a los poderes públicos que no utilicen esta vía para financiar las pensiones de los funcionarios.

La razón por la que es un riesgo para estos fondos tiene mucho que ver con la situación actual. Mientras los mercados financieros en los que se invierte dan altos rendimientos que superan a los tipos de interés que se pagan, este mecanismo funciona. Es lo que ha ocurrido en los últimos años. Se pagaba poco por las emisiones de deuda y los mercados han alcanzado rendimientos muy altos, especialmente en EEUU. Pero cuando llega la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación y el cambio de política monetaria de la Reserva Federal, esta situación se da la vuelta. Hay, de hecho, grandes fondos de inversión, como Blackrock, que han congelado sus inversiones en Bolsa por no confiar en una mejora durante los próximos meses.

La GFOA señala que es en ese momento en el que la decisión puede convertirse en un riesgo. Si no se logra el rendimiento esperado, la administración se verá teniendo que devolver la deuda y habiendo empeorado la cobertura para sus beneficiarios, que era lo contrario al objetivo inicial de esta operación. El Wall Street Journal pone un ejemplo. El fondo de los profesores de la escuela pública de Pensilvania apostó por los POB antes que nadie, en 2012. Funcionaron mientras que los mercados crecieron, pero con el desplome de las bolsas al arranque de la pandemia, perdieron más dinero que la media de los fondos de este tipo.

Algunos analistas han apuntado a que este movimiento es, para muchos de estos fondos, una “apuesta” que puede torcerse y generar más problemas para las cuentas públicas que aquellos que se buscaban evitar. La evolución de los mercados en los próximos meses dirá si fue o no la apuesta acertada.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats