Competencia prorroga una concesión a Mis Pollitos, la guardería de una empresaria imputada en Lezo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el ‘súperregulador’ que vela por el buen funcionamiento de los mercados en España, acaba de prorrogar una concesión a la empresa salmantina de guarderías Grupo Mis Pollitos SL, cuya administradora única, Carmen Pilar Pazos Bejarano, figura en la primera tanda de 52 imputados en la Operación Lezo que se conoció en mayo pasado, un mes después de la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
La prórroga, según consta en la web de la CNMC, está vigente con fecha 11 julio, dos meses después de trascender la imputación de Pazos en el caso Lezo. Esta empresaria fue socia de la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero (también imputada), en Grupo Empresarial Chickies, otro negocio de guarderías que tras el estallido de este escándalo de corrupción ha entrado en liquidación.
Chickies era, según la Guardia Civil, una de las herramientas que supuestamente pretendía utilizar el expresidente madrileño para blanquear fondos. En una grabación incorporada al sumario del caso Lezo, Ignacio González aseguraba que su mujer aportaría al proyecto cerca de medio millón de euros en “B liberado” y que a Carmen Pazos le habían “prometido” hasta “cuatro guarderías nuevas en Salamanca, concesión municipal” del ayuntamiento de esa localidad gobernada por el popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León.
En Grupo Empresarial Chickies, que estuvo presidido por Carmen Pazos, eran consejeras Leticia y Rocío Bonet Cavero, sobrinas de Lourdes Cavero y también imputadas en Lezo, y figuraba como apoderado Alberto Pérez de la Sal, exconsejero de Cofely (una de las empresas de la trama Púnica), también imputado en Lezo y vinculado a la inmobiliaria Seinsa, que vendió a la mujer de Ignacio González la casa de 450 metros cuadrados del matrimonio en el lujoso barrio madrileño de Aravaca.
Auditoría exprés
A preguntas sobre este asunto, fuentes de la CNMC explican que la decisión de prorrogar este contrato a Mis Pollitos fue adoptada tras una “auditoría exprés” de la concesión realizada tras el estallido del caso Lexo, entre los pasados 25 de abril y 8 de mayo, en la que no se detectó ninguna incidencia “relevante”.
Según esas fuentes, haberlo cancelado de forma “brusca” habría supuesto cerrar la guardería en abril en perjuicio de los trabajadores de su sede de Barcelona, aunque por una cuestión “reputacional”, todo apunta a que el próximo año no se renovará la prórroga, que puede extenderse por ley durante cuatro ejercicios.
El contrato consiste en una “concesión demanial” (utilización privada de bienes públicos, previa autorización del Ministerio de Hacienda) para la explotación de una Escuela Infantil de Primer Ciclo (de cero a tres años) en un espacio de aproximadamente 259,55 metros cuadrados construidos en la sede de la antigua Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) en Barcelona.
La concesión inicial fue adjudicada a Mis Pollitos por concurso público en régimen de concurrencia competitiva a través de una resolución firmada el 18 de junio de 2015 por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. En la licitación, el 60% de la valoración se otorgaba al precio y el 40%, a juicios de valor. Tras expirar este año el plazo del contrato inicial sin quejas sobre el servicio, los servicios generales de la CNMC decidieron en junio pasado prorrogar el contrato por un año más.
La concesión original abarcaba los cursos escolares 2015-2016 y 2016-2017 y fue adjudicada al Grupo Mis Pollitos a cambio de un canon mensual mínimo de 300 euros mensuales por los primeros 21 alumnos y de 600 euros a partir de esa cifra. La CNMC asumió como titular del inmueble los costes de limpieza diaria, consumo de electricidad, agua, climatización y teléfono fijo y mantenimiento general del edificio, de acuerdo con el pliego de condiciones.
Al proceso se presentaron solo dos empresas. La que resultó descartada, Grupo Workandlife (que había gestionado el servicio entre 2011 y 2015), no presentó ningún recurso.
