Competencia lanza su propuesta para vetar como contratistas a empresas sancionadas por participar en cárteles

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone atribuirse la facultad para ser el organismo que fije el plazo y el alcance de un eventual veto como contratistas de la Administración para empresas a las que sancione por participar en cárteles.

La entidad ha sacado a audiencia pública los criterios que regirán la prohibición de contratar de las empresas con la Administración Pública cuando falsean la competencia. Este veto está previsto en la ley desde 2015, pero nunca ha llegado aplicarse porque las empresas sancionadas han recurrido en los tribunales no son firmes.

Sin embargo, subraya Competencia, “varios pronunciamientos judiciales recientes han reconocido que la autoridad de competencia es la mejor situada para valorar de forma global las medidas de gravamen y sanción que pueden adoptarse ante los hechos acreditados en sus resoluciones y para ponderar las consecuencias que tienen en el mercado las conductas sancionadas”.

En marzo, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ya avanzó en el Congreso que lanzaría una consulta pública para plantear si debe prohibir contratar con la Administración sin esperar a que decida el Ministerio de Hacienda. En el borrador que ha sacado a consulta pública hasta el próximo 23 de diciembre, se plantea que “la resolución de la CNMC en la que se fije la duración y alcance de la prohibición de contratar es firme desde su aprobación, sin perjuicio de su eventual impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.

El organismo publica así su propuesta sobre los criterios que empleará a la hora de imponer la prohibición de contratar con la Administración a empresas sancionadas por falsear la competencia. La entidad recuerda que “la contratación pública tiene un papel esencial en el contexto económico actual y también en las funciones que desarrolla la CNMC”.

“Con esta consulta, la CNMC pretende recabar todas las aportaciones posibles de las personas físicas, empresas, asociaciones, organismos públicos y demás interesados para poder fijar unos criterios generales y comenzar a determinar en sus resoluciones sancionadores la duración y alcance de este tipo de prohibiciones”.

Actualmente, la Ley de Contratos del Sector Público establece que la determinación de la duración y alcance de la prohibición de contratar puede fijarse en la misma resolución sancionadora de la CNMC, o por Hacienda, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, un órgano en el que están representadas las grandes constructoras, que copan buena parte de las propuestas de veto que ha realizado la CNMC en los últimos años. El organismo ha propuesto ese veto para todas las grandes compañías de ese sector.

Hasta ahora, esta decisión se ha dejado en manos de esa Junta, que ha quedado a expensas de una resolución definitiva del Tribunal Supremo sobre los recursos planteados por las empresas.

Excepciones

El veto que eventualmente pueda plantear la CNMC no será automático. El texto a consulta pública señala que, si bien todas las infracciones de falseamiento de la competencia graves y muy graves implicarían la prohibición de contratar, “algunos supuestos plantean grandes dificultades para su aplicación”.

Sería el caso de una infracción “en la que hubiese participado la mayoría de los operadores del mercado” o cuando en una determinada licitación fuera necesario que se presente una empresa infractora “por su especial relevancia”, “por contar ésta con experiencia o activos especiales”.

También sería el caso de un abuso de posición de dominio por un monopolista, o en el caso del abuso de posición de dominio colectiva. “En estos casos, podría barajarse por los órganos de contratación la inclusión de mayores controles en los documentos rectores de la contratación de cara a mitigar los eventuales perjuicios para la Administración”.

La propuesta de la CNMC llega en vísperas de la presentación de la Estrategia Nacional de Contratación que está recogida en el Plan de Recuperación y que España ha prometido a la Comisión Europea de aquí a final de año.