Desahucian a David y a su hijo de unos pisos sociales en Vallecas el mismo día que a Maricarmen
Mientras todo un país contenía el aliento ante el desahucio de Maricarmen, a pocos kilómetros de allí, en Vallecas, David y su hijo también eran desahuciados por la policía de unos pisos que la Fundación La Caixa vendió recientemente y que los nuevos propietarios han decidido vender. La protesta de decenas de vecinos tampoco ha frenado el desalojo.
David, de 52 años, y su hijo de 21 vivían allí, desde 2007, y pagaban 400 euros de alquiler social protegido por el brazo inmobiliario del banco. Operado del corazón en 2019 y con principio de depresión y ansiedad, su contrato venció en 2022. Ante la orden de desahucio, la justicia le dio inicialmente la razón pero después la Audiencia Provincial determinó que debía irse.
El de David y su hijo puede ser el primero de decenas de desahucios de esos pisos que eran de obra social y que se quedan sin protección tras el vencimiento de los contratos y la venta de la Fundación La Caixa a los fondos Mosaic Propco, Farley e IGT Básico, a quienes la Plataforma de Afectados por la Hipotec a(PAH) exige que se sienten a negociar con los inquilinos una solución, ya que no pueden pagar los precios de venta que piden, por encima de los 250.000 euros.
La Fundación Social vendió dos bloques con unas 200 familias en Vallecas a Mosaic Propco y otro con 300 en Vicálvaro a Farley, mientras que ITG Básico es la gestora que lleva los tres bloques. “Apuntamos tanto a estos fondos como a La Caixa por haber especulado con vivienda”, denuncian voces desde la PAH Vallecas.
Desde la Fundación La Caixa indicaron en su día que “en el proceso de gestión de la cartera inmobiliaria, se pueden generar casos puntuales de desacuerdo con algunos vecinos de esas promociones”, que se intentan resolver “caso a caso”. “Si se detecta una situación de vulnerabilidad acreditada, InmoCaixa actúa de la mano de la Administración para dar tiempo y espacio a que se pueda encontrar una solución residencial a esas personas”, señalaba una portavoz, que reconoce que “si no hay vulnerabilidad, se intenta buscar una solución amistosa” pero “en caso de que no sea posible, después de un tiempo prudencial se impulsa el proceso legal/judicial”.
David pasará la noche en casa de una vecina y su hijo también tiene donde quedarse, pero solo a corto plazo. Según denuncia la PAH, los servicios sociales han tomado nota del caso sin ofrecer una alternativa habitacional. Desempleados ambos, se sustentaban por el Ingreso Mínimo Vital y seguían pagando el alquiler de 450 euros aunque hubiera terminado el contrato.
CriteriaCaixa, el brazo inversor de Caixabank, ha decidido desinvertir en el sector inmobiliario para dedicarse al industrial y deshacerse de activos tóxicos que había heredado de las fusiones.
La inmobiliaria de CriteriaCaixa, InmoCaixa, ha vendido en pocos años prácticamente toda su cartera de vivienda en España, que alcanzaba alrededor de 4.000 pisos de alquiler a precio de mercado y sobre todo de protección oficial.
Su principal comprador ha sido la Generalitat: cuando cierren todas las adquisiciones que han anunciada ya, el Govern de Salvador Illa habrá adquirido la mitad de ellos, poco más de 2.000, todos los que tenía la filial bancaria en Catalunya, en la voluntad del Ejecutivo de ampliar el parque residencial público en los próximos años. No es el caso de los bloques de Madrid, que han pasado a manos de fondos que priorizan su negocio al bienestar de sus inquilinos.