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La empresa de explosivos señalada por Zelenski provisiona 11,8 millones por una inspección de Hacienda

Planta de Maxam, grupo industrial dedicado a la fabricación y comercialización de explosivos en la localidad vizcaína de Galdakao. EFE/LUIS TEJIDO

Antonio M. Vélez

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Maxam, la empresa española de explosivos señalada públicamente en abril por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski por sus actividades en Rusia, ha tenido que provisionar cerca de 11,8 millones de euros por una reciente inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Las actuaciones del Fisco español están recogidas en las cuentas últimas anuales de su filial Maxamcorp Internacional, que aglutina su negocio de explosivos civiles en el exterior.

“Con fecha 2 de marzo de 2021 la entidad dominante del grupo recibió notificación de inicio de procedimiento inspector”, explica la filial en sus cuentas, recientemente depositadas en el Registro Mercantil y accesibles a través de la plataforma Insight View. “La sociedad ha registrado una provisión por riesgos fiscales para cubrir potenciales contingencias que pudieran surgir como consecuencia de la inspección en curso por importe de 11.773 miles de euros”.

Las cuentas comprenden el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021. La inspección abarca un periodo amplio y se centra en tres tributos: el IVA del grupo fiscal entre enero de 2018 y diciembre de 2020; el Impuesto sobre Sociedades de abril de 2017 a 2020; y las retenciones practicadas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020. 

Maxam ha dotado esa provisión en sus cuentas ante el riesgo de que esta contingencia fiscal se traduzca en el futuro una salida de recursos. Esta inspección llega después de que en noviembre de 2020 la compañía firmase con el Fisco español actas con acuerdo relativas al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2014-2017.

De ellas resultó “una cuota de 1.083.517 euros y unos intereses de demora de 128.460 euros, sin imposición de sanciones”. A preguntas sobre este asunto, fuentes de Maxam declinan dar detalles de esa nueva investigación de Hacienda. 

La matriz de Maxam aún no ha presentado sus últimas cuentas consolidadas. La foto que arrojan las de su filial en el exterior es la de una empresa con más de 600 millones en activos, una facturación de más de 211 millones y 41 millones de beneficios.

Mientras Maxam presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) en España en vísperas del confinamiento, en el caso de Maxamcorp Internacional las ventas crecieron el 2,1%, pese a corresponder al primer ejercicio de pandemia (iniciado en marzo de 2020). El resultado operativo mejoró un 17,5%. Con más del 75% de la facturación fuera de la UE, fue un “buen año” para las exportaciones a terceros pese al impacto de la COVID19. 

La crisis sanitaria llevó a la empresa a iniciar un proceso de renovación de las líneas a corto plazo con garantías del Estado (ICO y Cesce). “Como resultado, entre abril y octubre de 2020, se firmaron operaciones por casi €95 millones, con vencimiento a 3 años”, explica la sociedad, que ejerce como garante de un préstamo sindicado recibido por su matriz de entidades financieras por un importe de 600 millones.

Esta filial es el resultado de la absorción, durante el ejercicio de 2021, de cuatro filiales del grupo, Maxam Europe, Maxam UEB, Maxam Initiation Systems y Maxam Mobile Solutions, “motivada por el proceso de simplificación de estructura que comenzó Maxam a finales del anterior año fiscal y que busca una mayor eficiencia en los procesos y reducción de costes”, explica el informe de gestión.

Maxam fue fundada hace siglo y medio como la Sociedad Española de la Pólvora por el sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Tiene presencia en más de 100 países, 140 filiales en unos 50 mercados, más de 6.000 empleados y 80 instalaciones industriales.

La antigua Unión Española de Explosivos (Explosivos Rio Tinto fue otra de sus denominaciones) adoptó su actual nombre en 2006. Factura más de 1.000 millones de euros al año. Su presidente es José Manuel Vargas, ex ejecutivo de Vocento, ex presidente de Aena y responsable de la privatización parcial del operador aeroportuario durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Cobijo de altos cargos

El grupo Maxam provee soluciones de voladura para minería, canteras y obra civil; cartuchos y pólvoras para caza y tiro deportivo; productos y sistemas para el sector de defensa y seguridad, y producción de materias primas clave en la actividad nitro química. Su división más importante es la de explosivos para minas y obras, con más de un 60% de sus ingresos.

La segunda pata, la de defensa, la aglutina Expal Systems SA, antigua Explosivos Alaveses, cobijo de varios ex altos cargos y de uno de los gurús de Vox. Varios administradores del grupo y el gran responsable de su expansión en las últimas décadas tienen hilo directo con Juan Carlos I.

Maxam está controlada por la firma de inversión estadounidense Rhône Capital, fundada por el multimillonario estadounidense Robert Agostinelli, al que se considera muy bien relacionado con el expresidente español José María Aznar. 

El nombre de esta empresa tras la intervención telemática de Zelenski en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de abril. El presidente ucranio señaló a esta compañía junto a Porcelanosa y a la patronal de la industria española de bienes de equipo, que a diferencia de Maxam, salieron rápidamente a desvincularse de Rusia y negaron toda relación con ese país tras la guerra en Ucrania. 

Entonces, la ministra de Industria, Reyes Maroto, defendió a la compañía de explosivos, al asegurar que cuenta con una filial rusa que produce fertilizantes, pero no mantiene “ningún tipo de intercambio comercial y financiero” con su matriz. Fuentes del grupo negaron en aquel momento y ahora que su actividad en Rusia esté intervenida bajo el régimen de Vladímir Putin, como publicaron algunos medios tras las palabras del líder ucraniano.

Maxam, cuya web lleva fuera de combate desde entonces, también fue señalada a principios de 2021 por la investigación periodística OpenLux sobre los chiringuitos fiscales en Luxemburgo, realizada por Le Monde, Suddeutsche Zeitung, Le Soir, McClatchy, Woxx, IrpiMedia y el Consorcio de Periodistas de Investigación (OCCRP), al advertir de que la única información disponible sobre los propietarios de Prill Holdings, su socio de referencia, correspondía a “dos empresas registradas en las Islas Caimán”, un paraíso fiscal, vinculadas a Rhône, “pero se sabe poco más sobre ellos”. Una “opacidad” que calificó de “inquietante”.

Rhône compró el paquete que tenía en Maxam el fondo estadounidense Advent, que había adquirido en 2011 las participaciones de las firmas españolas de capital riesgo Vista Capital (private equity de Banco Santander) y Portobello (antigua Ibersuizas).

Advent llegó a explorar la salida a Bolsa del grupo. La operación se vio truncada por el escándalo de Defex, la empresa semipública dedicada a la exportación de armas de la que Maxam era el primer accionista privado, con cerca del 22%, junto a otras como Instalaza (que tenía el 10,89%), a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés.

Defex está en proceso de liquidación desde 2017 tras un gravísimo escándalo de corrupción y comisiones millonarias y el grueso del caso está todavía pendiente de sentencia judicial. En esta empresa semipública fue vicepresidente el presidente de honor de Maxam y artífice de su expansión, José Fernando Sánchez-Junco, hermano del abogado del emérito en sus escándalos fiscales, Javier Sánchez-Junco. 

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