Los funcionarios de prisiones se movilizan ante las sedes de los partidos políticos para exigir la equiparación salarial
El conflicto entre los trabajadores de centros penitenciarios y el Gobierno continúa tras seis jornadas de huelga repartidas durante octubre y noviembre, que, al parecer, no han funcionado. Los sindicatos de prisiones –ACAIP, UGT, CCOO y CSIF– llevan a cabo este martes dos marchas simultáneas desde distintos puntos de Madrid que confluirán en una manifestación frente a la sede del Ministerio del Interior.
Los funcionarios de prisiones recorren las sedes de los principales partidos políticos –Ciudadanos, PP, PSOE y Unidos Podemos– donde entregarán un documento a los portavoces de los partidos con sus principales reivindicaciones. Una de las marchas comienza en la sede de Ciudadanos y la otra en Ferraz, sede del PSOE. El recorrido continúa en la sede del PP y Unidos Podemos y, finalmente, acabará frente a la sede de Interior en el Paseo de la Castellana.
El motivo de la manifestación es la retirada de una oferta de subida salarial de 365 euros de media, que se haría efectiva desde 2019 hasta 2021. Finalmente, esta partida (de 122 millones de euros) no ha sido autorizada por Instituciones Penitenciarias, según explican los sindicatos.
“No ha cambiado nada, seguimos expuestos”
Después de seis días de huelga que secundaron el 90% de la plantilla de funcionarios, según cifran los sindicatos, el escenario sigue siendo desalentador. “No ha cambiado nada, seguimos expuestos”, comenta Antonio González, responsable de UGT prisiones.
La falta de personal en las prisiones les impide realizar su trabajo con normalidad, según denuncian. González (UGT) destaca las “3.200 vacantes que no han sido cubiertas” en el ejercicio de este año y el crecimiento de las cargas de trabajo. “La falta de personal en el área de vigilancia hace que una sola persona se encargue de la supervisión y custodia de 140 internos”, sostiene CCOO en un comunicado.
En algunos centros la falta de personal desemboca en agresiones a la plantilla de los centros. Los sindicatos demandan que el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) no cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.“Exigimos trabajar en unas condiciones de seguridad aceptables”, señala el responsable de UGT.
La ausencia de plantilla en las prisiones incide directamente en las políticas de reinserción social para los internos. Los representantes sindicales defienden el mandato constitucional que asumen favoreciendo la reinserción y, para ello, exigen que se cubran las plazas vacantes de psicólogos, trabajadores sociales, personal sanitario y juristas que se necesitan para “reeducar a la población reclusa”.
