El Gobierno envía a Bruselas dos escenarios presupuestarios con un gasto extra de 10.000 millones frente a la inflación

El Gobierno ha enviado este sábado a Bruselas el plan presupuestario para el próximo año. Este documento supone la comunicación formal a las autoridades comunitarias del proyecto de presupuestos para el próximo año. Sin embargo, además de lo ya comunicado la pasada semana con el registro en el Congreso del proyecto de ley, el Gobierno incluye nuevos escenarios que pueden modificar las cuentas del próximo año, en función de los eventos que puedan suceder por mantenerse la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania.

En concreto, el Gobierno dibuja dos escenarios. El primero es el mismo que corresponde con los Presupuestos enviados para el próximo año. En este caso no se contempla la prórroga de las medidas de apoyo a las familias y empresas para hacer frente a la crisis de inflación elevada.

El segundo de los escenarios que envía el Gobierno a Bruselas. Este escenario “prevé la utilización del posible margen fiscal para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética”. Es decir, el exceso de recaudación de 2022 respecto a lo inicialmente previsto, se dedicaría a cubrir esta nueva prolongación de los decretos anticrisis. El actual vence el 31 de diciembre, aunque el Ejecutivo no ha escondido que es más que probable que se anuncie una prolongación de las medidas. Este colchón fiscal correspondería a unos 10.000 millones de euros.

Este margen permitiría al Gobierno elevar el gasto público para el próximo año. En el escenario base, el descrito en los Presupuestos, se especifica un gasto del 46,2% del PIB. En la segunda hipótesis, el Gobierno eleva el peso del gasto hasta el 46,9% del PIB. Por contra, se compensa con una previsión más optimista de los ingresos por una mejor recaudación tributaria. Los ingresos públicos pasarían del 42,3% del PIB del escenario central con el 43% del PIB en el segundo escenario. El Ejecutivo ya reconoció en la presentación de los Presupuestos la pasada semana que se contemplaba una recaudación mayor de la prevista que permitiera compensar un aumento del gasto para compensar los efectos de la inflación.

El Gobierno asegura, sin embargo, que la utilización de este margen tributario no supondría un efecto sobre los objetivos de déficit. De este modo, se mantendría en el 5% para este año y del 3,9% para el próximo ejercicio. Es el mismo nivel que ya envió el Gobierno a Bruselas en el plan de estabilidad en la pasada primavera.

El Gobierno señala que el diseño de dos escenarios distintos se debe a la “elevada incertidumbre” provocada por la guerra de Ucrania. Las estimaciones de gastos e ingresos que hace el Gobierno para el segundo escenario incluyen la prórroga de “aquellas medidas que se demuestren sean más efectivas y estén focalizadas en proteger a los colectivos más vulnerables” hasta que se supere la crisis energética. El Gobierno no aclara cuáles de las actuales herramientas aplicadas serán las que se prolongasen en esta hipótesis presupuestaria.

El Ejecutivo informa además a Bruselas en el plan presupuestario que las medidas que se adoptaron para proteger a las familias durante la crisis de la COVID-19 permitieron el afloramiento de 285.000 afiliados a la Seguridad Social. La convergencia de puestos de trabajo de la economía sumergida en empleos registrados en la Seguridad Social “se acelera abruptamente” durante la crisis de la COVID. “Cabe destacar que este afloramiento supone un efecto en el nivel total de afiliados que se mantiene estable durante los últimos trimestres y que, aunque no se traduzca automáticamente en una reducción del desempleo estructural, sí que supone un impacto positivo en el déficit estructural”, asegura el Gobierno.

“Además del impacto de la política de rentas, la reforma laboral ha reforzado la flexibilidad interna de las empresas, impulsando la creación de empleo y suavizando el incremento del paro en futuras fases recesivas”, asegura el Gobierno en el documento enviado a la Comisión Europea.