Los granjeros piden que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria: “Cobramos 40 céntimos por cada pollo que vendemos”

“Estoy cobrando entre 40 y 45 céntimos por cada pollo. Como mínimo tendrían que estar pagando a los productores entre 55 y 60 céntimos”. Javier Sanmartín, productor avícola de Aragón, desglosa así cuánto están cobrando los granjeros por cada ave que venden. En su caso, se trata de una explotación familiar en Huesca, que suma 160.000 pollos.

“Somos tres personas y nosotros podemos aguantar porque también tenemos agricultura y no tenemos amortizaciones, pero hay muchos granjeros que están pensando en dejarlo”, añade. Sanmartín forma parte de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), asociación que se ha planteado denunciar formalmente ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- el incumplimiento de la Ley de la Cadena por parte de las empresas avícolas, que el sector denomina integradoras.

De momento, han dado el paso de alzar la voz y exigir que el aumento de los costes llegue al bolsillo de los granjeros. “No hay ninguna excusa para que algunas empresas sigan trabajando sin contratos firmados y sin revisar el precio que pagan a los granjeros”, asegura UPA. 

La Ley, en vigor desde diciembre, exige que ninguno de los eslabones de la cadena de producción venda al siguiente por debajo de lo que le cuesta producir. Es decir, que distribuidores, fabricantes, productores o agricultores cobren cada uno un precio justo, con el que puedan cubrir todos sus gastos. Una idea que, sobre el papel, genera consenso pero que, en la realidad, por lo menos en el sector del pollo, no parece tan fácil de cumplir. 

La subida de precios

Uno de los problemas es que el precio de venta final a los consumidores, el importe medio que se paga en supermercados, tiendas o mercados de abastos, no está claro. Diferentes actores señalan que, actualmente, el precio de un pollo entero alcanza los 3,25 euros el kilo, más de un 15% por encima del coste al que estaba a principios de año. Según el INE, en abril, la carne de ave -sin desglosar por tipos- se encareció más de un 12%, respecto al año previo. Mientras, UPA señala que, de media, en estos momentos, el precio del pollo se encuentra más de un 30% por encima del que tenía hace un año.

El Ministerio de Agricultura publica los datos de venta en las lonjas, una vez han pasado por las empresas integradoras, el siguiente eslabón de la cadena después de los granjeros. Ahí, según los últimos datos publicados -al cierre de abril- el precio medio del kilo de pollo rozaba los 2,1 euros el kilo, un 21% más alto que a principios de año y un 16,5% por encima del que tenía en la misma semana de 2021. Esos datos reflejan que, en el conjunto de la UE, el pollo es más caro, 2,5 euros el kilo de media, pero en lo que va de año ha subido menos, un 15,4%. Eso sí, en comparativa anual, en toda la UE, el coste del pollo se ha disparado más de un 28,9%, de abril a abril. 

“Hay un problema en los precios porque, en las grandes ciudades, la gente no compra un pollo entero, se compran muslitos o pechugas, se compran las bandejas, y ahí no es tan sencillo ver la subida”, apunta Eloy Ureña, responsable del sector avícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y productor de carne de pollo.

Una comparación rápida de precios, por ejemplo, de Mercadona, Dia y Carrefour indica que, actualmente, el precio de la pechuga de pollo entera está a 5,76, 5,65 y 7,15 euros el kilo, respectivamente. Precios que, según indican fuentes de la distribución, sí están más de un 15% por encima de lo que se pagaba a principios de año.

Puede que no esté tan claro cuánto ha subido el pollo para el consumidor final, aunque sea evidente que se ha encarecido de forma relevante. Al mismo tiempo, los productores, los granjeros, tienen problemas para cubrir sus costes. Sobre todo, por el alza de los precios de la energía. 

“El año pasado, perdí cerca de 4.000 euros. Este año, en los primeros seis meses ya voy a perder eso”, apunta Ureña. En su caso, la mitad de sus ingresos ha ido destinada a cubrir el coste de la energía, luz y gas. “Yo vivo al día. No sé cuánto podré aguantar. Ahora voy a consumir menos gas, pero más luz; y, como no pague un mes, nos la cortan”, añade el responsable de COAG. En su caso, su explotación en Aragón suma cerca de 18.000 pollos, cuando hace unos meses estaba en 23.000. “Hay que tener en cuenta que el sobrecoste energético empezó en agosto del año pasado, pero ya antes estamos asfixiados, porque veníamos de una crisis de producción. Con la pandemia, no había turismo, no había restauración y ya se producían menos pollos”. 

Un sistema de producción de 'cría y guarda'

En el trasfondo de las reivindicaciones de los granjeros está un sistema de producción que difiere de otros sectores cárnicos y que los productores denominan de 'cría y guarda'. “Nosotros ponemos la instalación, la energía y la mano de obra y las empresas integradoras ponen los pollitos, los piensos y los veterinarios”, argumenta Javier Sanmartín. 

“A nosotros, como productores, el 80% de los costes corresponde a la energía, que se ha duplicado, como para todos. La luz, un 100%; el gasoil, más de un 80%; y el gas en torno a un 60%”, enumera. “La avicultura es un negocio familiar, en zonas rurales, donde arrastras a toda la familia porque no puedes alejarte a más de 15 minutos de la granja, por si pasa algo o si se va la luz. Hay gente que está pensando en dejarlo y, si eso pasa, puede haber problemas de desabastecimiento”, enumera Sanmartín.

“Claro que he pensado en dejarlo. Mira la subida de precios, están disparados y yo no he visto un céntimo. ¿Quién va a querer comprarme ahora la granja? Nadie”, se lamenta, de forma anónima, un productor de pollos de Castilla y León. 

“No queremos un enfrentamiento con las empresas integradoras porque, si ellas no ganan dinero, no nos lo van a trasladar. A ellos también les ha subido la energía, el transporte o el coste de las salas de incubación. Si soy sincero, la única solución es que se traslade todo el aumento de costes, hasta el consumidor final y nos llegue a todos, pero si se hace eso, los consumidores no comprarían pollo y, además, los precios por Ley no se pueden intervenir”, reflexiona, por su parte, Javier Sanmartín.

“Hay que cumplir con la Ley de la Cadena, en todos sus eslabones, en la distribución, en las empresas, en la relación de las integradoras con los granjeros”, asegura Román Santalla, secretario de ganadería en UPA. “Llevamos años de relación y diálogo con las integradoras y hemos avanzado en un modelo de relación comercial donde ellos ponen unos medios y nosotros ponemos las granjas y el trabajo; pero llega un punto en el que no podemos, porque las empresas tienen mucho poder, pueden tardar más en entregar los pollitos a los granjeros o entregarles menos, y eso es otro problema. También pedimos que el seguro de las aves se pague entre los dos, porque los pollos son de las empresas, pero ahora lo están pagando los granjeros. Lo que queremos es que se cumpla la Ley de la cadena, que ya está en vigor”, recalca Santalla. 

En total, según los datos del Ministerio, en España hay cerca de 5.000 productores de pollo, prácticamente a niveles similares a los de hace una década. En cambio, el consumo de esta carne se ha reducido un 16% desde el año 2010.

En cuanto a la respuesta por parte de las empresas, Avianza, la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola -que representa al 90% de las empresas del sector- asegura que el problema con el precio de la carne de pollo es conjunto. “La alimentación, el pienso, es el 70% del coste de producción y ese pienso lo pagan las integradoras”, indica Jordi Montfort, su secretario general.

“No se ha podido repercutir a la distribución toda la subida de costes que hemos tenido. A nosotros nos ha llegado una subida del 10% o 12%, pero es que el alza de costes que hemos tenido es del 40%. Nosotros tenemos que pagar la energía, el cartón, las bandejas, la mano de obra, el reparto; y, solo los costes de personal nos han subido más de un 8%”, asegura Monfort.

Una de las principales marcas del sector, Coren, explica que, en su caso, se trata de una cooperativa de productores. “Nuestros socios están afectados por esta situación de bajos precios que percibimos por nuestros productos. Llevamos años reclamando unos productos justos para el sector agroalimentario, ya desde antes de la crisis, y en especial en los últimos meses en que la subida de costes de materias primas de alimentación animal y energías se está haciendo insostenible”, afirma un portavoz. “Defendemos unos precios justos que permitan la viabilidad del sector y garanticen la producción de alimentos de calidad en nuestro país, sin depender de mercados externos”.

Tanto granjeros como integradoras aseguran que las cadenas de distribución utilizan el pollo como producto reclamo, como también ocurre, apuntan, con otros productos, como la leche o el aceite de oliva. Diferentes empresas consultadas no valoran a elDiario.es la situación de los precios de pollo e indican que las normas de competencia les impiden hablar de precios. De forma anónima, sí indican que el precio del pollo no se está utilizando como reclamo para atraer consumidores porque está en máximos de los últimos años. 

La Ley de la cadena o sentarse a dialogar

Ante esta situación, todas las fuentes consultadas indican dos opciones, o que las partes afectadas denuncien a la AICA un incumplimiento de la Ley de la Cadena; o sentarse a negociar y plantear un cambio de condiciones. 

Desde COAG señalan que su objetivo es sentarse tanto con las empresas de distribución como con las integradoras. También, con el Ministerio de Agricultura, a quien afirman indicaron hace meses la situación en la que estaban, por la presión de los costes. De momento, el Ministerio no aclara si plantea una reunión sectorial con los productores de carne aviar. UPA, por su parte, abre la puerta a llegar a un acuerdo antes de presentar una denuncia ante la AICA, que puede tardar años en pronunciarse.

Este martes, el Ministro Luis Planas sí apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayudas para los productores cárnicos, donde se contemplan 10 millones de euros para el sector de la carne de ave. “De momento, no hemos recibido ningún tipo de ayuda y, si esos 10 millones llegan en septiembre como está previsto, puede ser muy tarde”, manifiesta Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG.