Un vocal de De Guindos en el ICO cede el control de su sicav a su esposa para evitar incompabilidades
José María Espi, uno de los cuatro consejeros “independientes” colocados por el Gobierno de Mariano Rajoy en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en octubre, en la recta final de la pasada legislatura, para blindar el control del organismo para los próximos tres años, ha dimitido como presidente de la sociedad de inversión de capital variable (sicav) que administraba junto a varios miembros de su familia, tras su nombramiento como vocal del banco público.
Administrar de manera directa instituciones de inversión colectiva como una sicav es uno de los supuestos que impedirían a Espi ser consejero independiente del banco público, según la normativa publicada el 1 de enero a través de un Real Decreto del Ministerio de Hacienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de diciembre, dos días antes de las elecciones generales.
La norma no hace mención alguna a las sociedades con objeto similar al ICO que estén administradas por familiares de primer grado de los consejeros del banco público, como cónyuges, padres o hijos. Y la nueva presidenta de la sicav de Espi, Garozco 2000, es su esposa, Montserrat Vílchez. El relevo se produjo el 3 de noviembre, cuatro días después de que el Consejo de Ministros autorizara, a propuesta del todavía ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, el nombramiento de Espi junto al de otros tres consejeros independientes en el ICO. El mandato de los cuatro vocales será de tres años, con posibilidad de renovar una vez.
Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración de Garozco 2000 lo completan dos hijos del matrimonio, Javier y Cristina Espi Vílchez. El primero es directivo del Santander y la segunda, también secretaria del consejo de la sicav, es a su vez asesora en el Ministerio de Economía desde 2009.
Garozco 2000 administraba al cierre del tercer trimestre de 2015 un patrimonio de 4,386 millones de euros (un 0,41% menos) y distribuía sus inversiones en obligaciones del Tesoro Español (1,915 millones), bonos de entidades financieras internacionales como Wells Fargo, Deutsche Bank, Bank of America y Goldman Sachs y títulos de empresas cotizadas como Telefónica (86.000 euros). En sus cuentas de 2014, la sicav explicaba que un único accionista (persona física a la que no identificaba) posee el 99,95% del capital.
Más dimisiones
Entre los supuestos de incompatibilidad para los vocales independientes del ICO también está el de no ser consejero de establecimientos financieros de crédito ni de sus filiales. Espi, técnico comercial del Estado con amplia experiencia en el sector financiero y pedigrí político (fue secretario general del Ministerio de la Presidencia con Leopoldo Calvo Sotelo en el último gobierno de UCD), también ha dimitido de varios cargos que mantenía por su vinculación al Santander, del que fue directivo durante tres décadas, hasta su jubilación el año pasado (la entidad comunicó su cese como director de Control y Valoración Interna de Riesgos el pasado 30 de junio).
A falta de que se publique el cese en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el ex directivo del Santander ha abandonado la presidencia de la financiera Unión de Crédito Inmobiliario EFC, controlada por el banco cántabro y el francés BNP. Su puesto se ha quedado vacante, según fuentes de la entidad. También ha cesado como consejero de Santander Lease SA (en diciembre) y Santander Consumer Finance (en noviembre).
Sin embargo, Espi se mantiene como consejero independiente de Equifax Ibérica, que gestiona el fichero de morosos más importante de España, Equifax Asnef, administrado por Equifax (filial de la multinacional estadounidense del mismo nombre) y por la Asociación Nacional de Entidades de Financiación (Asnef), patronal de las financieras en España. Según fuentes del ICO, “la naturaleza de esta empresa no entra en conflicto con los supuestos de incompatibilidad” que contempla el nuevo sistema de Gobierno Corporativo del banco público.
Espi fue uno de los elegidos por Guindos para mantener el control del ICO más allá de la legislatura ya concluida, junto a dos colaboradores habituales de FAES, la fundación del PP, y un ex alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre. De Guindos propuso estos nombramientos tras colar un cambio legal que va a dejar en manos de estas cuatro personas las principales decisiones de la entidad (van a tener mayoría en las votaciones clave).
El titular de Economía (que ha asegurado que no repetirá como ministro) también ha colocado en el ICO a su hasta entonces jefa de Gabinete, Emma Navarro, presidenta de la entidad desde noviembre, tras la salida de su antecesora, Irene Garrido, que ha vuelto al Congreso de los Diputados tras presentarse como número 2 del PP por Pontevedra.
