El Gobierno pone los créditos del banco público ICO en manos de consejeros privados
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es “un banco público”. Así lo recoge en su página web a la hora de explicar cuáles son sus funciones dentro de la estructura del Estado. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy no quiere que esto siga siendo así al 100%. En una sorprendente maniobra casi en tiempo de descuento, el Ejecutivo ha aprobado un cambio de calado que deja en manos de personas ajenas al sector público las principales decisiones que afecten al activo y pasivo de la organización, esto es, al crédito. Escondido en una disposición final de una ley publicada el 2 de octubre, el Ejecutivo cambia el Consejo General del organismo para introducir a cuatro vocales “independientes”.
Estos vocales serán nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía con un único requisito: “No ser personal al servicio del sector público”.
Estos cuatro consejeros, que previsiblemente nombrará el Gobierno ya en funciones, tendrán un voto “doble” cuando se decidan en el Consejo operaciones financieras. Esto hace de facto que las decisiones queden en sus manos, ya que el resto del consejo, incluido el presidente, solo sumarían siete votos. El mandato de estos consejeros será de tres años.
Desde el ICO aseguran que con este movimiento se pretende “mejorar el Gobierno Corporativo” y que se da el voto de calidad a los independientes para evitar situaciones “de empate”. Además, se resalta que el voto de calidad solo se podrá usar para el negocio del crédito y no para decisiones organizativas del Instituto.
Economía no aclara la necesidad de este cambio ni cuándo tendrán lugar los nombramientos. Si se hace antes de las elecciones, lo que justificaría la urgencia en este cambio, podría suponer que los nuevos cuatro vocales fueran los supervivientes en el Consejo General del ICO cuando entre el nuevo Gobierno. Una suerte de herencia del Gobierno al siguiente Ejecutivo. Lo cierto es que queda pendiente de desarrollo reglamentario la “causa de cese” de dichos consejeros y el régimen jurídico al que quedan sometidos.
Con este nuevo modelo, aprobado apenas tres meses antes de las elecciones, se deja al juicio de los “independientes” del sector privado las decisiones sobre cómo gestionar los recursos públicos. La propuesta se introdujo en pleno verano por una enmienda del Partido Popular al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, como adelantó Europa Press sin ningún tipo de repercusión.
Tras la desaparición de las cajas y a la espera de que se privatice Bankia, el ICO ejerce la función de suministrar crédito a colectivos, básicamente pymes, que no logran que la banca privada les facilite un crédito para un negocio solvente. Entre sus funciones recoge: “Promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional. En especial, aquellas que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan una atención prioritaria”.
El Gobierno ha considerado que era vital cambiar la toma de decisiones del organismo para que actividades económicas de “transcendencia social” sean despolitizadas y se aprueben bajo criterios de independientes a los que solo se les va a exigir no haber tenido contacto con el sector público. Cabe recordar que, precisamente, los funcionarios tienen puestos vitalicios para evitar que se les politice, cosa que puede suceder con puestos prescindibles del sector privado. A los nuevos consejeros se les escogerá entre profesionales de “reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actividad del Instituto”.
Oscurantismo y falta de comunicación
El comité de empresa del organismo está sorprendido por el “oscurantismo” de la propuesta surgida en pleno verano y que se ha aprobado sin ningún ruido. Precisamente, los trabajadores ya habían propuesto en el pasado “abrir el consejo del ICO a la participación de la representación de los trabajadores y a las entidades sociales cuya labor se ve afectada por el ICO, lo que ayudaría a prestar un mejor servicio a la ciudadanía”. Según el comité, la propuesta no ha sido atendida y los representantes de los trabajadores “no tenían noticia de que se estaba gestando cambio de estatutos alguno”.
Hasta ahora, los integrantes del consejo eran altos responsables de los diferentes ministerios y organismos públicos afectados por el funcionamiento del instituto. Además de la presidenta, a la que nombra el Gobierno, está la directora del Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad (ministerio al que está adscrito), la directora general de Comercio Interior, el director general de Presupuestos (de Hacienda), el director general de Programación Económica del Ministerio de Fomento, el director general de Política Económica, el secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, el director general de Comercio Internacional e Inversiones y el subdirector general de Legislación y Política Financiera de la Secretaría General del Tesoro. Al menos tres tendrán que renunciar a su silla para dejar paso a los independientes.
Además de su papel de banco público, el ICO actúa como Agencia Financiera del Estado. Así, “gestiona los instrumentos de financiación oficial, que el Estado español dota para fomentar la exportación y la ayuda al desarrollo (como el Fonprode), compensando el Estado al ICO por los costes que dicha gestión pueda conllevar”. También financia “a los afectados por catástrofes naturales, desastres ecológicos y otros supuestos de interés general”.
El comité de empresa recuerda que la “importancia estratégica para la economía española está fuera de toda duda. Se trata de un importante instrumento para la política económica del Gobierno, por lo que llama la atención la puesta de sus decisiones más relevantes en manos de 'independientes'”.
