Otra reforma es posible: Invertir en igualdad mejora la sostenibilidad de las pensiones

Reformas es igual a recortes, en el nuevo diccionario de sinónimos que está escribiendo la crisis. Cuando Bruselas o el Gobierno hablan de “reformar las pensiones”, inmediatamente se pone en marcha la maquinaria del Estado para sacar una enorme tijera con la que recortar las prestaciones. El grueso de las propuestas que se han puesto encima de la mesa para mejorar la sostenibilidad del sistema pasa por un ajuste de la cuantía de las prestaciones. Esta misma semana, el comité de sabios que está discutiendo el factor de sostenibilidad anunciará la enésima solución para garantizar la pervivencia del sistema, que en la práctica supondrá que en la mayoría de las ocasiones las pensiones que se cobren sean más reducidas.

Sin embargo, hay otras propuestas que aligerarían la carga del sistema, pero que desde que se comenzó a hablar de reformar las pensiones prácticamente no han salido a la luz. El primer lastre del sistema de pensiones español no es la cuantía de las prestaciones, ni siquiera la edad real de jubilación, que es una de las más altas de Europa (62,6 en España frente a 61,4 de media en UE). El problema está en la demografía, que evoluciona de forma inexorable hacia el envejecimiento de la población. Invertir en políticas de igualdad sería uno de los factores que pueden contribuir a mejorar las cifras del sistema, incorporando nuevos activos (niños de hoy, cotizantes de mañana).

Expertos de la Seguridad Social que conocen desde dentro las cuentas del sistema reconocen que el problema de la baja natalidad es el factor clave en la pervivencia del sistema. Sin embargo, ni el Gobierno ni la troika han hecho el mínimo esfuerzo por elaborar una política de familia que permita revertir la tendencia y mejorar las posibilidades de que el sistema de reparto, que se basa en que las cotizaciones de unos soportan las pensiones de otros, tenga posibilidades de subsistir. “Bruselas solo quiere rebajar la factura a corto plazo”, lamenta el profesor de economía de Esade, Eugenio Recio, que en 2007 elaboró un completo estudio sobre las negras perspectiva de la evolución demográfica.

Las cifras no dejan dudas. En España, la tasa de fertilidad, es decir, el número de hijos que nace por mujer es de 1,36, y eso que a mediados de la década pasada experimentó una mejoría gracias a la inmigración. La media de la Unión Europea está en 1,6 y la denominada tasa de reemplazo, la que permite que haya un recambio generacional, está en 2,1. Entre 2004 y 2050 desaparecerán una quinta parte de los menores de 15 años y los mayores de 65 aumentarán en un 111%, señala Recio. “España es el país con peores proporciones de toda la UE”, remarca.

Así las cosas, en 2050, la pirámide poblacional española se habrá invertido, con una base muy pequeña y una cabeza de ancianos amplísima. Un problema que ni el factor de sostenibilidad, ni el alargamiento de la vida laboral, ni los recortes de la cuantía en las pensiones van a solventar esa realidad.

Sistema de reparto

“En un sistema de reparto es muy importante que esté equilibrada la población activa y la pasiva”, explica el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Granado recuerda que revertir estas tendencias de decrecimiento de la población es muy difícil pero que, con todo, la falta de elementos que favorezcan la toma de decisiones a la hora de tener hijos es una laguna muy importante. Así, hace 25 años las parejas españolas declaraban que querían tener dos hijos y, por falta de planificación familiar, tenían un tercero. Los últimos estudios sociológicos muestran que las parejas residentes en España siguen declarando querer tener dos hijos, pero solo tienen uno. El segundo no llega por falta de medios, según los expertos consultados.

El profesor de sociología Fabrizio Bernardi, actualmente en la European University Insitute de Italia, apunta a varios factores que estancan la tasa de natalidad y ponen en peligro alcanzar el objetivo del reemplazo. En primer lugar, como reconocen el resto de los expertos, está el retraso a la hora de tener el primer hijo (31,5 años en 2011 según INE), cuya tardanza deja muy poco espacio temporal para decidir tener el segundo. Para Bernardi, tener empleo es la clave para adelantar la decisión de tener el primer hijo. Con uno de cada dos jóvenes en paro en España, las perspectivas de que la generación que está entrando ahora en la etapa de la procreación se decida a tener un hijo por debajo de los 30 son prácticamente nulas.

Por eso, una estrategia eficaz para atajar el desempleo juvenil y el paro en general actúa de forma directa en la tasa de natalidad y también en la sostenibilidad de las pensiones. Cabe destacar que la entrada de inmigrantes es el otro elemento, junto a la natalidad, que más garantiza el sistema de pensiones, pero con unas perspectivas oficiales de desempleo por encima del 20% hasta el final de esta década resulta difícil plantearse que este vector sea explotable. El problema demográfico se verá agravado así no solo porque no se tienen hijos, sino porque los que están en edad de tenerlo, o incluso tienen ya hijos pequeños, sean nacionales o extranjeros, abandonarán el país en un número abultado en los próximos años. “Los jóvenes emigran porque sus rentas tienen menos garantías en España que las de los mayores de 65”, matiza Granado.

Consensuado el diagnóstico, ¿cuáles son las posibles soluciones de las que nadie habla en los círculos de poder?

Los expertos coinciden en las necesidad de implementar políticas públicas que favorezcan la decisión de tener más hijos, pero la aproximación con perspectiva de género marca dos corrientes natalistas. Así, hay quién defiende el modelo de Alemania, muy implicado en dar todo tipo de beneficios a las mujeres, como las excedencias de varios años remuneradas o los minijobs que permiten compatibilizar algunos ingresos con el cuidado de hijo. También está los modelos que se han practicado en el sur de Europa, (en España con el cheque bebé o en Finlandia) de dar dinero a las familias para que tomen sus propias decisiones, como llevar al niño a una guardería o contratar una persona que lo cuide en casa.

Dos aproximaciones a las políticas de natalidad

Para Carmen Castro, economista y feminista, estas aproximaciones no hacen más que perpetuar los roles de la mujer en la familia tradicional y no se han demostrado eficaces a la hora de elevar las tasas de fertilidad. Además favorecen “un escaqueo de la responsabilidad de lo público en políticas de igualdad derivándolo a las familias”. Frente a estos enfoques están las políticas abordadas en Suecia e Islandia de equiparación plena de los derechos de hombres y mujeres que son dos casos de éxito y sostenibilidad en el tiempo. Islandia, con una tasa de fertilidad constante en el tiempo del 2,1 y Suecia, rozando siempre el 2, son las que mejores marcadores tienen de toda Europa, junto con Irlanda, donde el componente religioso tiene una alta influencia.

Para lograr estas tasas de reemplazo estos países, y también en buena medida Noruega o Dinamarca, han trabajado en la inversión en servicios públicos. En la educación gratuita y de calidad de 0 a 3 años; en los permisos de paternidad y maternidad igualitarios; y en toda clase de medidas destinada a equiparar la situación y las condiciones de la mujer en el mercado laboral.

Borja Suárez, profesor de derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de Economistas Frente a la Crisis, que también está a favor del enfoque de igualdad, recuerda que en España el gasto en lo que se conoce como política familiar apenas alcanzaba el 1,5% del PIB antes de la crisis. Una ratio muy por debajo de la de nuestros vecinos europeos. “La evolución de la población es un factor determinante en el crecimiento económico”, recuerda Suárez, que incide en que las políticas de natalidad tienen un planteamiento a largo plazo similar a las estrategias en Educación: los resultados solo se ven a largo plazo.

“Cuando la mujer tiene las condiciones mínimas de derechos, uno de los factores determinantes para tener hijos es la cuestión económica”, remarca Castro. Con una tasa de empleabilidad femenina a la cola de la UE y una brecha salarial entre hombres y mujeres aún abismal, las condiciones en España no son óptimas para que las mujeres tomen este tipo de decisiones.

Por su parte, Bernardi también es partidario de adoptar esta perspectiva de género e igualdad ya que elimina la polémica de si los hijos son un bien público o privado. “Los ciudadanos se pueden plantear porque deben subvencionar el deseo de una familia de tener un tercer o cuarto hijo, vía la declaración de la renta u otras políticas”, polemiza. Sin embargo, una perspectiva de igualdad en la que también se prime la conciliación, de padres y madres, es mucho más justa para aquellos que tomen la decisión de no tener hijos.

Se han barajado incluso posibilidades más drásticas a la hora de favorecer la decisión de tener más hijos. Ignacio Conde Ruiz, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los sabios del comité para el factor de sostenibilidad, ha llegado incluso a estudiar la posibilidad de ligar el número de hijos a una mejora de la prestación por jubilación de la mujer, como incentivo económico.

Conde reconoce la importancia del factor de natalidad en la sostenibilidad del sistema aunque matiza que para que la tasa de fertilidad resolviera por sí sola el problema de las pensiones, se tendría que acercar a los 4,8 hijos por mujer para poder compensar el efecto del aumento de la esperanza de vida (cabe recordar que en España este factor también es mejor que en el resto de la UE). Defensor también de las políticas de igualdad como eje vertebrador de la natalidad, recuerda que fue el Gobierno de Zapatero el que dio un impulso a esta perspectiva con la elaboración de la Ley de Igualdad.

¿Gasto público o inversión productiva?

En tiempos de austeridad, Castro invita a reflexionar sobre los gastos que se hacen ahora en una malentendida política familiar en España y cómo se podrían reconvertir en positivo. Equiparar los permisos de maternidad y paternidad supondría 1.700 millones de euros, cifra la economista. Un gasto que se puede interpretar como excesivo en un momento de crisis, pero que se debe poner en contexto. Así, según los cálculos de Castro, las arcas del Estado dejan de engrosar cada año alrededor de 2.000 millones de euros por el beneficio fiscal que supone hacer la declaración conjunta en la que uno de los cónyuges es dependiente del otro. “En el 97% de los casos, la mujer es la dependiente. Lo que se deja de ingresar por favorecer una situación familiar de dependencia, se podría utilizar para otras políticas de igualdad”, concluye.

Para rematar el cambio de paradigma, la crisis está haciendo mella en una terrible asociación: hijos y pobreza. Según el paro va haciendo estragos en la población activa (que por definición está en edad de trabajar), las cifras señalan que los hogares con hijos son los que están más cerca de caer por debajo del umbral de la pobreza. Si en el pasado tener un hijo era sinónimo de tener un futuro y una riqueza, ahora está asociado a una carga. Lo que sostiene a muchas familias es la pensión del abuelo.