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La OCDE avisa de que el coste de financiación de los grandes países sube más rápido que en las últimas crisis

Christine Lagarde, presidenta del BCE, charla con Kazuo Ueda, el nuevo gobernador del Banco de Japón, el único entre los grandes que no ha subido los tipos de interés con agresividad en los últimos meses.

Daniel Yebra

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La OCDE avisa de que el coste de financiación de los grandes países está aumentando más y más rápido que en las últimas crisis financieras. Desde 2021, los tipos de interés de la deuda de las principales economías ha escalado más que durante la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, que en la crisis financiera de las 'puntocom' (1999-2000) o que en el último intento de 'normalización' de la política monetaria en 2018.

El organismo ha publicado este lunes un informe sobre los riesgos en las emisiones de bonos soberanos (la deuda con la que los países financian el gasto público que no pueden cubrir con los ingresos, y que se refleja en el déficit presupuestario). En el documento, advierte de la “velocidad e intensidad” del aumento del coste de estos bonos.

Según calcula, desde que estalló la crisis de inflación hace dos años, el tipos de interés de la deuda que han colocado los estados del G-7 (Estados Unidos, Alemania, Canadá, Italia, Francia, Japón y Reino Unido) ha pasado de media del 0% al 3% para el vencimiento a dos años, la referencia a corto plazo, y del 0% al 2% para el vencimiento a 10 años, la referencia a largo plazo.

En los bonos de referencia a corto plazo se trata de la subida del coste de financiación más rápido y hasta más arriba en comparación con las últimas crisis financieras por la agresiva respuesta de los bancos centrales a las subidas de precios. Y en la referencia a largo plazo solo fue superada por la crisis en el mercado de bonos de 1994-1995.

Actualmente, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra (BoE) y el resto de grandes bancos centrales, con la excepción del Banco de Japón, están luchando contra la inflación en dos frentes: con las subidas de los tipos de interés oficiales (su herramienta más visible por su impacto en el encarecimiento de las hipotecas y del resto de préstamos) y con la extinción de las compras de bonos de deuda pública (de los estados) y corporativa (de las empresas no financieras) en los mercados, que es otra forma de aumentar los costes de la financiación.

El objetivo final de los bancos centrales es ahogar a la economía para moderar así las subidas de precios. Además de deteriorar la capacidad de consumo y de ahorro de las familias y dificultar que los estados se endeuden para aumentar el gasto público, dañan el margen de las empresas para invertir, crecer y, por tanto, para crear empleo.

Las instituciones que dirigen la política monetaria asumen el riesgo de provocar una recesión económica, porque bajo el análisis de la política monetaria es más peligrosa una inflación durante mucho tiempo, que un periodo de caída de la actividad y de aumento del paro. Tanto la Fed como el BCE han admitido reiteradamente no tener otras herramientas menos dolorosas para contener los precios, pero las críticas a este planteamiento se multiplican.

Fue paradigmnático que hace algunas semanas, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, defendió esta posición fríamente cuando la senadora demócrata Elizabeth Warren le espetó que sus decisiones van a dejar a dos millones de personas sin trabajo en Estados Unidos, durante una comparecencia en la cámara alta del Congreso de la primera potencia mundial (en el vídeo).

De hecho, en la eurozona, desde 2015, la bajada de los tipos de interés hasta el 0% y los programas de compra de deuda, que ahora están desandando, se lanzaron con el objetivo contrario: favorecer la recuperación y reducir el desempleo. 

El riesgo ahora surge tanto en el mercado hipotecario, como en la capacidad de financiación de algunos países. Sobre todo de la de los más sobreendeudados como España o Italia, que todavía no han conseguido reducir los históricos desequilibrios entre ingresos y gastos públicos que provocó la pandemia y que han vuelto a tensionar la invasión rusa de Ucrania y la crisis de inflación.

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