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Los sindicatos convocan la primera huelga indefinida de la Inspección de Trabajo a partir de este lunes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el Congreso, en una imagen de archivo.

Laura Olías

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Primera llamada a la huelga indefinida en la historia de la Inspección de Trabajo. La mayoría de sindicatos llama a la plantilla de este servicio público a parar a partir de este lunes, 26 de junio, por el incumplimiento del Gobierno de unas mejoras laborales pactadas hace casi dos años, en julio de 2021. “No estamos en tiempo de descuento, no estamos con un Gobierno en funciones hasta el día 24 de julio, por lo que le pedimos que cumplan ya”, dicen las organizaciones sindicales en un comunicado.

El conflicto laboral en la Inspección de Trabajo escala así un peldaño más tras el rechazo de la última propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la cuenta atrás de la legislatura del Gobierno de coalición. Como medida casi desesperada para intentar que se autorice este pacto con mejoras –y en específico una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)– antes de los comicios del 23J, la mayoría de los representantes de la plantilla ha decidido iniciar la huelga indefinida sobre la que llevan advirtiendo en los últimos meses.

El paro indefinido ha sido convocado por UGT, CSIF, UPIT, SITSS, CIG,USESS y SISLASS, todas las organizaciones de la plataforma sindical que está movilizando desde hace meses excepto CCOO, que se ha descolgado de la huelga. En el sindicato consideran que el “conflicto está completamente intoxicado desde Función Pública y desde Trabajo”, critican también intereses electorales, y creen que la huelga no sirve “en esta encrucijada”.

“Desde los sindicatos convocantes de esta huelga, le pedimos al Gobierno que termine la legislatura cumpliendo con lo que se comprometieron y publicaron en el Boletín Oficial del Estado del día 3 de diciembre de 2021, con el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que contempla el necesario refuerzo de la Inspección de Trabajo para llevar a cabo nuestro trabajo de acabar con la precariedad laboral”, recoge el comunicado difundido este viernes por las organizaciones sindicales.

El día 27 de junio, martes, hay convocada además una concentración ante la secretaría de Estado de Hacienda y Función Pública en Madrid. Un día después, “se celebra una reunión de la CECIR”, la Comisión Interministerial de Retribuciones, dicen fuentes sindicales, por lo que esperan que la movilización fuerce a que el órgano aborde sus reclamaciones.

Choque con Hacienda, también desde Trabajo

La medida de presión señala especialmente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado por María Jesús Montero, al que los sindicatos reclaman una nueva oferta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT), tras rechazar la que hizo esta semana.

La plantilla cuenta con el respaldo del Ministerio de Trabajo, que también consideró insuficiente el planteamiento de Hacienda, aunque celebró el “avance” de presentar alguna oferta tras haber descartado la medida a finales de mayo, lo que levantó aún más a la plantilla e, incluso, a todos los jefes territoriales del organismo público.

Fuentes sindicales reconocen que la medida de la huelga indefinida se ha tomado como última baza antes de la disolución del Gobierno de coalición, con la esperanza de que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos acceda a llevar a la práctica las mejoras laborales pactadas antes de dejar la Moncloa.

Una decisión que se resolverá “en cuestión de días”, dicen desde los sindicatos, en los que o bien se soluciona el conflicto o se queda pendiente para el próximo Gobierno. “Teníamos que intentarlo”, explican entre los convocantes del paro, que reconocen que hay “mucho enfado” con CCOO por desmarcarse de la medida. En este sindicato se inclinan en cambio por “mantener toda la tensión informativa necesaria hasta que podamos contar con nuevos responsables en la dirección general de la Inspección” y añaden que “la huelga, si se convoca, es para realizarla y confrontar y no para conseguir un titular”.

La clave del conflicto laboral

Elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pieza fundamental en la organización interna de un organismo público en cuestiones como las categorías profesionales, la organización y la promoción interna, forma parte de un pacto con varias mejoras laborales que el Gobierno alcanzó con los sindicatos en julio de 2021.

El paquete de medidas acumulaba un gran retraso, que llevaban meses denunciando los sindicatos y había supuesto varias concentraciones e las primeras jornadas de huelga de todo el personal en este servicio público, encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral.

Desde Hacienda se defiende la autorización de “781 nuevos puestos de trabajo” en las ofertas de empleo público de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, más un plus de productividad de seis millones de euros para la plantilla. Además, mandó esta semana una oferta de RPT, pero que se centra en los servicios centrales, indican fuentes del diálogo social.

Los sindicatos y Trabajo exigen en cambio una RPT más ambiciosa, en línea con lo discutido durante los últimos meses de negociaciones, que refuerce la estructural territorial de la Inspección, donde tienen gran importancia las provincias, así como también la aprobación de algunas mejoras salariales para “acabar con discriminaciones” entre puestos que cumplen las mismas funciones y que puedan “atraer personal” al organismo público, entre otras medidas.

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