Unai Sordo y Pepe Álvarez: “La gente ha dicho 'hasta aquí hemos llegado' con la vivienda”

La agenda de Unai Sordo (Bilbao, 1972) y Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, 1956) es un esquema imposible desde hace semanas. Los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios del país, Comisiones Obreras y UGT, apuran cada minuto saltando de una entrevista a un acto o asamblea de delegados y delegadas en multitud de ciudades para organizar la huelga general del 11 de noviembre, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y que será el primer gran paro general en 14 años. “Va a haber grandes movilizaciones”, dicen ambos en una entrevista por separado en la redacción de elDiario.es.

La huelga está convocada, “pero ahora hay que hacerla”, explican. Los líderes de ambos sindicatos responden sobre cómo van los preparativos del paro laboral, así como sobre las recientes críticas lanzadas desde la derecha. Con especial dureza por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que enfrentó la huelga a la tragedia de Urda, con 69 víctimas mortales.

El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal fue desahuciada de su casa. Parece que ha pasado muchísimo tiempo. Hace un mes y medio, y España se encamina a una huelga general y a un adelanto electoral. El problema de la vivienda no es nuevo en España. ¿Qué cree que tocó el caso de Maricarmen?

Unai Sordo: Creo que fue un golpe de emocionalidad en la parte de la sociedad española más sensibilizada con el problema de la vivienda, y fue un ejercicio de empatía colectiva con la visión de una mujer de 87 años que era sacada de la casa donde había vivido siete décadas y que finalmente fallecía en un hospital. Puso de manifiesto la mayor fractura socioeconómica que tiene España, que es la dificultad de acceso a la vivienda de millones de personas y el drama que viven algunas de ellas, de no poder renovar un alquiler o de ser desahuciada de su casa. Estas chispas prenden cuando hay una base estructural en la sociedad, que genera ese combustible y que fue lo que motivó movilizaciones masivas y que recomendaban dar una respuesta en clave de paro general.

Pepe Álvarez: Siempre hay un detonante, lo que llamamos una chispa, que demuestra hasta qué punto estamos en una sociedad cruel, inhumana. Ante eso ha habido una reacción brutal, ejemplar, de muchísima gente que en Madrid, en toda España, ha dicho 'hasta aquí hemos llegado'. Es el punto de inflexión. A Maricarmen la salida de su casa sin ningún lugar a dudas le costó la vida. Una mujer de 87 años. Tenemos que recordar su vida y, además, no va a ser una vida que se haya perdido en vano, sino que es la culminación de una lucha –que además ella tuvo– por la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas hace un llamamiento a hacer una huelga general, un paro laboral. ¿Por qué creen que es relevante o necesaria esa movilización laboral más allá de las manifestaciones masivas que ya hay a día de hoy por la vivienda?

Unai Sordo: Porque había que introducir una vertiente de reivindicación laboral sobre los salarios y los precios en esta movilización. Y porque, aunque el tema de la vivienda es bastante transversal, apela con un sesgo de edad muy claro, sobre todo a gente que tiene menos de 35 años, que tiene serias dificultades para emanciparse de la casa de sus padres y que, en general, como ha llevado vidas laborales un tanto fragmentadas, el conflicto socioeconómico capital-trabajo lo ve un poco extraño todavía.

Y, si quieres ir a una gran movilización general de carácter laboral, eso tiene un nombre: huelga. Y es lo que nos decidió, con esa visión también de acercarnos generacionalmente a la gente que ve el sindicalismo más lejano. Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional o heterodoxo porque no responde a los viejos parámetros de lo que es una huelga general en España. El gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda distinto a como se ha producido en las últimas cuatro o cinco décadas.

Pepe Álvarez: Las huelgas generales siempre han estado marcadas por una conciencia ciudadana muy amplia, por más de un tema, que nos indican que hay que actuar. Casi siempre han venido además motivadas por una agresión por parte de las administraciones públicas. Quizá esta es atípica porque en realidad lo que queremos es avanzar. Y, después de mucho tiempo -años, incluso- hablando con los sindicatos de inquilinas, hemos visto que es el gran momento de unir a la sociedad y plantear de manera clara y directa que la vivienda puede tener solución.

Es un problema de recursos, es un problema de voluntad política, de no depender de los fondos de inversiones, de no depender de los poderosos. Y es un problema de que las administraciones públicas se pongan manos a la obra en un gran pacto de Estado, que nosotros hemos cifrado que debería de, por lo menos, invertir el 1% del PIB durante diez años para poder construir ese parque público que sitúe el alquiler entre el 25% y el 30% del salario.

A eso le sumamos una parálisis de la negociación colectiva, porque la CEOE no ha querido sentarse a negociar. Ahora dicen: 'Nos íbamos a sentar'. No es verdad. Están esperando que cambie el Gobierno de España. Quieren ir a una negociación en otras condiciones. Ese es un poco el punto de partida.

¿Cómo están percibiendo los centros de trabajo desde que anunciaron este paro? Estamos ya a días previos. ¿Cómo está calando este paro atípico en los trabajadores y especialmente en los jóvenes, a los que afecta más el problema?

Unai Sordo: Tenemos más de 3.000 comités de empresa a favor del paro. Hemos hecho más de mil actos y la percepción es que la simpatía de la causa es muy alta. Hay encuestas que, por ejemplo, como sacasteis en elDiario.es, donde el problema de la vivienda se veía como una causa que generaba mucha adhesión de una forma muy transversal, tanto por edades como por ideologías. Incluso el apoyo a una convocatoria de huelga era muy mayoritario.

Luego la decisión de hacer la huelga depende de realidades bastante asimétricas. Por ejemplo, una plantilla donde la edad media está en 54 años, y quien más quien menos tiene reconducido el problema de la vivienda, aunque seguramente tenga hijos e hijas que saben que se van a enfrentar también al gran problema. O no es lo mismo una gran ciudad o una zona tensionada que la España vaciada o en las dos Castillas. La percepción del dramatismo del problema es distinta, pero creo que va a haber una dimensión laboral del paro relevante. Y, sobre todo, que va a haber grandes movilizaciones a lo largo del día 11.

Pepe Álvarez: Afecta a todo el mundo. Porque a unos les afecta directamente y a otros porque afecta a sus hijos, a sus nietos. Hay un consenso muy amplio de que este es el momento de decir “hasta aquí hemos llegado”. Los responsables políticos, más después de haber convocado elecciones, van a tener que tener en consideración estas reivindicaciones y de camino vamos a hablar de servicios públicos, que es el otro debate fundamental. Aquí está la vivienda, pero también el conjunto de los servicios públicos.

La huelga trata de generar una corriente de opinión que cuestione las políticas de vivienda, fracasadas en las últimas décadas en España, hasta el punto que hoy está concebida casi más como un activo de ahorro, de inversión o de especulación que como un bien social en el que la gente tiene que vivir

Hablan también de que este paro, más allá de las cifras que luego secunden la huelga, como pasó con el 8M, está generando una conversación y una relevancia al problema desde múltiples perspectivas que no sé si estaba tan situado en el café diario, en las asambleas de trabajo...

Unai Sordo. No vivimos ya en los años 80 o en los años 90, donde una huelga general era una respuesta a una agresión estrictamente laboral que afectaba al núcleo duro de la clase trabajadora, en forma de reforma laboral, de pensiones o de la prestación de desempleo. Esto es otra cosa. Se trata de generar una corriente mayoritaria de opinión que cuestione la orientación de las políticas de vivienda, fracasadas en las últimas décadas en España, hasta el punto que hoy la vivienda está concebida casi más como un activo de ahorro, de inversión o de especulación que como un bien social elemental en el que la gente tiene que vivir.

Cambiar ese sentido común larvado durante seis o siete décadas no se hace con un chasquido de dedos, se hace moviendo las bases de conversación pública del país. Ese era realmente el gran objetivo de situar, ni más ni menos, la iconografía de la huelga general en el escenario. Creo que en buena parte se ha conseguido, aunque sería necio por mi parte no ser conscientes de que, desde el accidente ferroviario, el estado de ánimo y la conversación del país ha vuelto a virar de una forma evidente.

Precisamente cuando el país estaba digiriendo todavía esta tragedia del accidente de Urda, ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha retomado a primera línea mediática la huelga para acusarles prácticamente de no respetar el dolor de las víctimas, de que “era un error” y les pedía que desconvocaran. ¿Cómo lo han interpretado? ¿Les ha sorprendido?

Unai Sordo: A mí me parece una indignidad lo que ha hecho Feijóo. Lo digo sinceramente. Entiendo que se pueda discrepar de los motivos de la huelga e incluso de la oportunidad de convocarla a pocos días de una campaña electoral. Entra dentro de la discusión de opiniones y es perfectamente respetable. Pero tratar de oponer la movilización social a un número de fallecidos en un accidente me parece indigno, una demagogia absolutamente denunciable.

Yo le cambio la pregunta a Alberto Núñez Feijóo. Yo no me presento a las elecciones generales, pero él sí y está dispuesto a gobernar con un partido que dice que hay que tomar medidas fiscales que reducirían los ingresos del Estado unos 70.000 millones de euros, con una reducción de los ingresos fiscales del 4% del PIB. ¿Qué políticas de seguridad ferroviaria va a hacer el Gobierno que quiere liderar Núñez Feijóo? ¿Va a arruinar los servicios públicos de este país? Que deje de hacer demagogia y que explique estas cosas.

No se puede tener un discurso que me atrevería a decir miserable, de contraponer una movilización social que, entre otras cosas, pide reforzar los servicios públicos con una cifra de muertos que es un drama y que estamos todos absolutamente consternados.

Creo que Feijóo en el fondo sabe que va a haber una gran huelga general y seguramente está diciéndole a los suyos esta no va contigo.Y va con ellos.

Pepe Álvarez: Lo he percibido con mucha tristeza porque nos conocen, saben quiénes somos y deberían respetarnos. Lo he recibido también con algo de amenaza. Porque esto de que, si no [desconvocamos], nos vamos a convertir en sanchistas… Creo que en el fondo sabe que va a haber una gran huelga general y seguramente está diciéndole a los suyos “esta no va contigo”.

Pero va con ellos. Los votantes del Partido Popular están también llamados a esta huelga. Son personas que están trabajando cada día y, especialmente, los autónomos, que les han reventado los precios de los alquileres de sus negocios por la especulación de lo que llamamos los pisos turísticos. Porque, además, si tocan la Seguridad Social, los van a tocar especialmente a ellos.

Y, si el líder del partido Popular lo ha hecho como amenaza, se ha equivocado. Que mire a Estados Unidos. Trump se dedicó a amenazar a las organizaciones sindicales, encarceló a sindicalistas hispanoamericanos, y el resultado ahí lo tienen. Pueden demonizar lo que quieran, pero la gente sabe que cuando se cierran todas las puertas hay una ventana que queda abierta, que es la de los sindicatos.

Aunque PP y Vox digan que es una huelga contra la oposición, ustedes han insistido en que esta es una huelga que interpela a muchos actores. Al haber periodo electoral y tantas administraciones interpeladas, ¿temen que las reivindicaciones queden un poco en el aire y nadie les coja ese guante de actuar?

Unai Sordo: Ya se han ocupado ellos de darse por aludidos, que alucino. El legislativo es uno de los tres poderes del Estado y no es “hacerle una huelga a la oposición”, pero es recordar que el Partido Popular y Vox han votado en contra, por ejemplo, de los reales decretos-ley sobre vivienda o de la reducción de la jornada laboral. Es de sentido común y de democracia nivel parvulitos que los sindicatos denunciemos que esas votaciones lesionan los intereses de los trabajadores. Y vivimos en un Estado compuesto, donde no gobiernan desde la Moncloa y ya está, sino que tiene 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, que son las principales competentes en materia de servicios públicos y de vivienda.

¿Quiere decir esto que libremos de la crítica al Gobierno? Ya hemos dicho que no. Lo que pasa es que las comunidades autónomas son también sumamente responsables, por ejemplo, de no aplicar los márgenes que dejaba la Ley de Vivienda para topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas y son los que gestionan servicios públicos que cada vez están dando un peor resultado a la ciudadanía, como la sanidad y la educación que se está privatizando. Si alguien se enfada porque digamos esto, está en su derecho, pero nosotros, más allá de que haya elecciones o no, vamos a seguir diciéndolo.

Están situando el foco en los servicios públicos y en el poder del Estado a la hora de garantizar cierto Estado del bienestar, como el acceso a la vivienda. ¿Hemos normalizado que sea cada vez menor ese papel? ¿Son los servicios públicos ese campo de batalla discursivo y de debate que están intentando abrir con la huelga?

Unai Sordo: Es indiscutible que ahora mismo si hay una forma de dar certezas a las mayorías sociales en un mundo tan convulso y cambiante es reforzando los servicios públicos. El Estado no puede retirarse de esa responsabilidad, no puede avanzar en un sistema de privatización en la educación o en la sanidad, que está segmentando a la población. Y vivimos 50 millones de personas y no 40, que creo que a veces se nos escapa. Que el uso de las líneas ferroviarias es infinitamente más intenso que el que había hace diez o 20 años, que somos una población más envejecida y que, por tanto, usa más los servicios sanitarios, y no hablo ya de la dependencia. Si queremos recuperar la seguridad para las mayorías, el Estado tiene que jugar un papel central, de todas las administraciones.

El tema de la vivienda es un ejemplo claro. No vale solo con regular los precios de los alquileres, las zonas tensionadas, los pisos turísticos, la irrupción de los fondos buitre... Todo esto hay que hacerlo, pero solo se reconducirá el tema de la vivienda si se favorece un parque de vivienda pública, o al menos a precio protegido, con la garantía de que esto no va a desclasificarse nunca. Esto es construir y movilizar vivienda vacía, que en España haya un millón y medio, dos o tres millones de viviendas donde la gente puede acceder a un precio asequible y que además tire a la baja los precios de mercado.

Esto no lo va a hacer solo la iniciativa privada, lo tiene que impulsar la promoción de políticas públicas y ese es el paradigma que hay que situar en la sociedad. Porque este fracaso económico del neoliberalismo todavía nos puede llevar por callejones sin salida, si se sigue en la idea de la privatización, la segregación, la desigualdad y de la pérdida de garantías sociales. Esa es en gran parte la pugna de época.

Hay que construir y movilizar vivienda vacía, y que en España haya un millón y medio, dos o tres millones de viviendas donde la gente puede acceder a un precio asequible, que además tire a la baja los precios de mercado

Pepe Álvarez: Sin ninguna duda. Supone dar respuesta a esta pregunta que nos hace mucha gente, de: ‘Oye suben los convenios, decís que sube más que el coste de la vida, pero yo vivo peor que el año pasado’. Y esa realidad tiene un eje muy importante que es la vivienda, pero tiene un eje importantísimo que es la sanidad. En Madrid más del 50% de los ciudadanos tiene una póliza de seguro privada. Eso quiere decir que eso va a cuenta de su salario.

¿Eso de “no llegar” qué más quiere decir? Que los carburantes han destrozado el coste de la vida, el precio de la gasolina y de precios indirectos de la alimentación. Y ahí queremos situar claramente que esta es una huelga que tiene también ese carácter internacional. Nos están mirando de todo el mundo, porque estos señores de la guerra, llámese Trump, Netanyahu o Putin, son los responsables de que cuando vamos a poner gasolina o cuando vamos a una tienda los precios se hayan disparado.

Y, en este debate, se abre el melón de las pensiones o lo abre la derecha motu propio, porque están situando ese debate de insostenibilidad del sistema público y la necesidad de cambios. ¿Creen que si vamos a un cambio de ciclo y a un gobierno de derechas, PP y Vox, las pensiones públicas peligran en España?

Unai Sordo: No tengo ninguna duda. Nadie se va a cargar las pensiones públicas porque arruina el país, pero sí la calidad de la protección de la pensión pública. Alguien que va a gobernar y que dice que va a reducir en 70.000 millones de euros los ingresos, evidentemente tiene que meterle un tajo a las pensiones de marca mayor. Además, ya lo hemos vivido en el año 2013. En España, ha estado vigente una reforma de pensiones que, si siguiera operando, haría que en el año 2050 la protección de la pensión respecto al último salario sería aproximadamente del 48%. Ya se habían establecido canales para que esto fuera así.

Es lo que Figaredo llama el “sistema mixto” de pensiones. La parte pública cubre una pequeñita parte, una pensión apenas de supervivencia, y el resto son pensiones capitalizadas en sistemas privados. De quien pueda ahorrar y meter 200 o 300 o 400 euros al mes. El que no puede capitalizar parte de su sueldo pasa necesidad cuando es mayor, y el que lo puede hacer, sustituye la fiabilidad, la estabilidad y la solidez de la pensión pública por la incertidumbre del mercado financiero.

El Estado, en vez de gastar el 15% en pagar pensiones públicas, gasta el 12% del PIB. Y ese ahorro es lo que da negocio a las entidades privadas y lo que conduce a una desaparición de las garantías públicas en las pensiones, como antes decía en la sanidad, la educación o las infraestructuras. Es legítimo que lo planteen, pero sería bueno que lo explicasen y que la gente sepa a lo que se atiene.

Pepe Álvarez: Lo han dicho ellos. Han sido algo así como el sistema estaba fallido, y eso de “la estafa piramidal”, que esta frase también se la he oído a la señora Cayetana [Álvarez de Toledo], número dos del PP por Madrid. Ahora dirán que no, pero en realidad quieren meterle mano a la Seguridad Social, lo han querido hacer siempre. Lo hizo Rajoy, con un recorte de las pensiones brutal. Una pensión que en el 2017 era de 1.000 euros, con la reforma de Rajoy hoy sería de 1.060. Con la reforma que hicimos nosotros es de 1.570 y algo de euros. Son hechos.

La Seguridad Social tiene una situación económica razonable, como dice la AIReF. Yo podría decir que es muy buena porque razonable en un sistema público de pensiones quiere decir que es una situación muy buena. ¿Por qué? Porque llegamos a un acuerdo en 2021 con la patronal que creo que alejó cualquier fantasma de crisis en la Seguridad Social. Y, en todo caso, si hay algún problema lo vamos a saber con tiempo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal acaba de emitir un informe en el año 2025 que dice que estamos dentro de los parámetros que teníamos previsto. Entonces, ¿por qué este lío? Muy sencillo, porque hay quien quiere que ese dinero, en lugar de estar en la Seguridad Social, esté en el sector financiero.

La derecha quiere meterle mano a la Seguridad Social. Lo hizo Rajoy, con un recorte de las pensiones brutal. Una pensión que en 2017 era de 1.000 euros, con la reforma de Rajoy hoy sería de 1.060. Con nuestra reforma es de 1.570 euros

La huelga apela también a los empresarios. Reclaman una subida salarial sustancial de ciertos salarios, sobre todo los bajos. ¿Hay margen para ese salto sin llevar a problemas económicos a las empresas? ¿Tenemos margen en un tejido productivo con tantas pymes?

Unai Sordo: Lo están diciendo los resultados de los observatorios de márgenes empresariales, que nos están diciendo algo que ya pasó en el año 2022. Que las empresas están imputando el incremento de los costes de la guerra de Ucrania y de Irán a los precios. Y esto lo están haciendo para mantener intactos o incluso mejorar sus beneficios y sus márgenes empresariales.

¿Qué decimos nosotros? Que parte de esos márgenes empresariales sirvan para mejorar los salarios y proteger el poder adquisitivo de las familias. Eso requiere subidas salariales del entorno del 4% en general y hasta el 7% en los convenios colectivos que están netamente por debajo de la media salarial. Hay ocho, nueve o 10 millones de personas en España cuyos sueldos están sufriendo un efecto de la inflación absolutamente letal sobre los bolsillos de las familias que tienen ingresos más limitados, con salarios en el SMI, poco más del salario mínimo y con tiempos parciales de muchas mujeres. Hay que distribuir esos beneficios empresariales.

Pepe Álvarez: Estamos hablando de que este año con toda seguridad van a tener márgenes empresariales por arriba del 18%. ¿Cómo no van a tener márgenes para subir los salarios un 7%? ¿Cómo no va a haber margen para subir el salario mínimo interprofesional si ha sido el motor justamente de la situación económica de España? En mejores condiciones que los países de nuestro entorno. Imagínese si no deben tener margen empresas como Iberdrola, que es un escándalo, que llevan tres años sin convenio los trabajadores y las trabajadoras, con estos beneficios absolutamente caídos del cielo que están teniendo las eléctricas y las petroleras.

Y para terminar, ¿les inquietan que estos movimientos violentos que sobre todo han estallado en Francia, pero también en España, puedan intentar sabotear la huelga? Más allá del 11N, ¿cómo consideran que habría que afrontar este tema para evitar estos incidentes violentos?

Unai Sordo: Lo primero, garantizar que la acción sindical en los piquetes de huelga se va a desarrollar en los parámetros habituales y que nosotros no vamos a promover, evidentemente, ningún escenario ni de caos ni de violencia. En segundo lugar, prácticamente el 100% de las movilizaciones socioeconómicas y sociopolíticas que se dan en España, excluyendo la de los grupúsculos de extrema derecha, son estrictamente pacíficas y de un nivel de civismo ejemplar. Por tanto, desligar episodios de violencia y de pillaje que se hayan podido dar en algunas ciudades de cualquier movilización sociopolítica y socioeconómica que ha habido en España.

A partir de ahí, creo que hay que analizar exactamente qué hay detrás de estas expresiones, porque a mí me genera cierta inquietud cómo es convocada a esta gente. ¿Por quién? ¿Por qué se parecen tanto estos movimientos en ciudades tan distintas, como las españolas y otras europeas? ¿Cómo se segmenta la comunicación para llamar a estas movilizaciones a un perfil de gente sí y a otro no? Creo que necesitamos una investigación muy en profundidad para saber lo que está pasando.

Pepe Álvarez: A mí me parece que las redes sociales tienen que dejar de vivir en la impunidad. Es decir, a ningún medio de comunicación le permitirían que publique llamamientos a un atraco violento, seguro que habría una intervención inmediata y una denuncia contra el medio que publicara eso. La cuestión es: ¿por qué no ocurre en las redes sociales? A mí me parece que aquí hay un agujero que hay que arreglar, porque efectivamente peligra la seguridad, la vida y el bienestar. Necesitamos una regulación y una penalización a las empresas.

A mí no me preocupan excesivamente nuestras manifestaciones. Estos violentos actúan cuando no hay gente. Y lo que va a ocurrir, si la climatología es un poco propicia, es que se van a llenar las ciudades de mujeres y de hombres libres que queremos que se reparta la riqueza. Porque es que el grito fundamental: que se reparta la riqueza en un mundo que crece, en el que cada día hay más multimillonarios. Por tanto, animo a la gente. Van a ser grandes demostraciones pacíficas de reivindicación.

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