La vivienda es todo y la izquierda española no lo pilla

El desahucio de Maricarmen en pleno distrito de Retiro, en el centro de Madrid, es una llamada de atención de enorme calado; especialmente para la izquierda, a la que se espera sí o sí dando respuesta. Sin embargo, aparece enredada en el reparto de competencias, como si fuera una bula para bajar los brazos. Ceuta va camino de convertirse en campamento de ayuda humanitaria y el centro de cualquier ciudad en territorio hostil para los alquilados, y en ambos casos se utiliza la argucia competencial para no hacer nada. Todo ello para disfrute de la extrema derecha, que propugna la liquidación de las autonomías y es quien más recoge las papeletas que arrojan PSOE y PP por inacción.

La vivienda se ha convertido en el centro del debate en las elecciones de las democracias occidentales y está siendo el elemento que determina la victoria. La primera llamada de atención la dio Zohran Mamdani, que alcanzó la alcaldía de Nueva York hace ocho meses con un mensaje muy contundente, tomar medidas para que la metrópoli del mundo sea una ciudad asequible a sus ciudadanos, se refería a la vivienda y la cesta de la compra. El domingo pasado, Die Linke (La Izquierda) ganaba las elecciones a la alcaldía de Berlín con la lucha contra los excesos en materia de vivienda como palanca.

Resulta paradigmático que las elecciones en Nueva York las gane un neoyorquino de origen indio-ugandés; las de Berlín, Elif Eralp, germano-turca; las de Londres, Sadiq Khan, musulmán, de origen paquistaní; o la anterior alcaldesa de París, la gaditana Ana Hidalgo, y la actual líder de la oposición en la capital de Francia, Rachida Dati, ex ministra de Sarkozy, sea hija de marroquí y argelina. La extrema derecha ve esta mutación en la representación de los ciudadanos como un reflejo de su teoría del reemplazo: morenos musulmanes de África sustituyendo a blancos católicos de y en Europa.

Los diferentes partidos políticos, especialmente los tradicionalmente mayoritarios, deberían tomarse en serio la apuesta del electorado, incluidos los de los ocho apellidos europeos y muy europeos, por quien les ofrece soluciones. El origen y la religión les importa poco si ven respuestas reales y, cuando se trata de derechos se presupone que es más fácil encontrar a las izquierdas que a las derechas, pero no olviden el ascenso de la extrema derecha en Alemania.

En España hubo un mal precedente, cuando Ada Colau, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, alcanzó la alcaldía de Barcelona durante ocho años (2015-2023). Sería el equivalente a los fenómenos antes mencionados de Nueva York o Berlín, pero no va a pasar a la historia. Lo mejor que dicen los que fueron sus socios de izquierdas en el gobierno es que habló mucho de vivienda, pero hizo poco. Oportunidad perdida.

El problema de la vivienda en España está sobrediagnosticado. Cualquiera sabe lo que hay que hacer, hasta ChatGPT. El punto está en remangarse. Durante décadas se optó por dejar que el precio subiera, quizás porque hay más propietarios que potenciales compradores y no hay incentivo en afectar a la ilusión de lo que vale tu casa en Idealista, es como gobernar para que baje la Bolsa. Claramente, eso ya es un error: los propietarios también lloran las miserias de sus hijos, que ven en la herencia, en la muerte de sus padres, la solución a su drama habitacional. Cuidado que la biología a veces no encaja los tiempos.

Hay medidas de impacto inmediato, como la limitación/prohibición de los pisos turísticos, y otras de maduración más lenta. Hay que reducir al mínimo la enorme burocracia que hay alrededor de la construcción, empezando por la transformación y urbanización de un suelo, hasta la edificación posterior. Todo ello reducirá tiempos y costes para levantar nueva casa. Además, el estallido de la burbuja de la década pasada llevó a una sobrerreacción normativa en materia bancaria que ahora perjudica la promoción inmobiliaria.

Pero hay actuaciones que dependen únicamente de las administraciones, como soltar/regalar suelo para levantar un parque de viviendas protegidas en cantidades significativas como para afrontar la demanda y afectar al precio de la segunda mano. Igualmente, se debería hacer un plan nacional de construcción de residencias de estudiantes que contribuya a liberar pisos actualmente en alquiler que pasarían a ser utilizados por familias en lugar de universitarios. En España, tan solo el 4,1% de los estudiantes vive en residencias universitarias, frente a una media del 16% en Europa.

Mientras unos y otros se pasan la pelota, los datos son que el año pasado se terminaron menos de 92.000 viviendas, tanto libres como protegidas, un 9% menos que un año antes. En 2025 se empezó la construcción de 137.330 viviendas, que es el récord en dieciséis años, pero es una cantidad baja, ya que se necesitan al menos doscientas mil al año para cubrir la creación de nuevos hogares y esa cifra, además, incluye muchas casas que no son para primera vivienda. Al tiempo, los desahucios continúan. En el primer semestre, se ejecutaron por impago 7.141 hipotecas, de las que 3.703 corresponden a vivienda habitual, con un crecimiento del 27,5%, según el INE. Esto antes de que empezaran a subir los tipos de interés como consecuencia de la guerra de Donald Trump contra Irán. Además, están los desahucios de alquileres, como el de Maricarmen. 

Mientras el Samur sacaba a la anciana de su domicilio durante siete décadas, a pocos kilómetros, se desarrollaba la primera edición de The District, la feria inmobiliaria que antes se celebró en Barcelona. Lo sucedido a Maricarmen no favorece a esta industria y deberían ir pensando en generar códigos de conducta. Ellos son los primeros interesados en que no sean percibidos como una actividad de desalmados. El mercado inmobiliario tiene múltiples operadores, cada uno de su padre y de su madre. Tan diverso como la actualidad madrileña, donde un día el protagonismo se lo lleva un gobierno autonómico que compra un ático para que lo ocupe su presidenta, sin que sepa quién lo ordenó (¡ella no quería!); y otro, una anciana de 87 años, con una minusvalía del 50%, desahuciada del piso en el que lleva viviendo 70 años y pagando el alquiler religiosamente. Lo ha dicho el alcalde de Nueva York: “La democracia no sirve si la gente no puede cubrir sus necesidades”.