La ciudadanía puede cambiar el rumbo de su país: seis ejemplos que lo corroboran

Asamblea ciudadana

Paola Amigo

En Francia, por el clima. En Irlanda, por el aborto. En Bélgica, por su política. En Canadá, por las leyes electorales. En Australia, por los residuos nucleares. Y en Islandia, por una reforma constitucional. Ejemplos en los que la ciudadanía ha jugado un papel fundamental en la toma de decisiones de su país tenemos muchos. Y siguiendo sus pasos, España tiene entre manos una poderosa herramienta de transformación política y social que busca cuidar la salud del planeta y de todos sus habitantes: la Asamblea Ciudadana para el Clima. 

Diferentes movimientos ciudadanos nos advierten de que la democracia representativa tradicional no es suficiente para gestionar y desbloquear las decisiones sobre problemáticas tan complejas como la crisis climática y ecológica, y que es necesaria la intervención de la ciudadanía para aplicar las políticas de emergencia que el clima nos está pidiendo. Ejemplos con los que reafirmarse no faltan, y no hay más que mirar un poco más allá de nuestras fronteras para ver cómo el poder de la ciudadanía no es ninguna utopía.

Francia y el clima

En 2019 y tras el final de la crisis de los chalecos amarillos, Emmanuel Macron creó en Francia la Convención Ciudadana por el Clima. Para configurarla fueron seleccionados por sorteo estratificado 150 ciudadanos para abordar cinco grandes temas: transporte, alimentación, consumo, trabajo, producción y vivienda. Sus reuniones se celebraron hasta junio de 2020 y en marzo de 2021 ya se habían implementado 75 de sus medidas propuestas, y 71 estaban en proceso. ¿El objetivo? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país en un 40% para el año 2030.

Irlanda y la legalización del aborto

El referéndum que legalizó el aborto en Irlanda no fue consecuencia de la actividad parlamentaria, sino de una Asamblea Ciudadana conformada por 99 ciudadanos elegidos por sorteo. La medida requería una reforma constitucional y el amplio consenso que se dio en una muestra representativa de la sociedad irlandesa, ajena a la polarización parlamentaria, condujo a un resultado contundente: un 66.9% de la ciudadanía irlandesa terminaría votando a favor de la enmienda propuesta por la Asamblea Ciudadana que legalizaría el aborto. Además, esa misma asamblea elaboró un informe sobre el cambio climático.

Bélgica y su no-gobierno

En 2010, tras 500 días sin gobierno, un grupo de ciudadanos belgas de diferentes estratos sociales crearon una cumbre ciudadana llamada G1000 con el fin de dirigir políticas al Parlamento gracias a técnicas innovadoras de democracia deliberativa.

La ley electoral de la Columbia Británica, en Canadá

En 2004, el gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica realizó un proceso de reforma electoral mediante la creación de una Asamblea Ciudadana. Fue la primera vez en la que un gobierno otorgó a un grupo ciudadano seleccionado de manera aleatoria la oportunidad de revisar de forma totalmente independiente el sistema electoral y de someter sus recomendaciones al veredicto público mediante un referéndum. El concepto fue recomendado a otros gobiernos de Canadá y el de Ontario siguió sus pasos.

Australia y los residuos nucleares

En Australia, un Jurado Ciudadano jugó un papel fundamental en el rumbo del país y votó a favor de no continuar con la investigación de la posibilidad de importar combustible nuclear gastado para su almacenamiento y eliminación en la Australia Meridional.

Islandia y su reforma constitucional

En 2010, en Islandia se convocó una Asamblea Nacional con 950 personas seleccionadas aleatoriamente del registro nacional, de la que surgieron 522 candidatos para llevar a cabo una profunda reforma constitucional que avanzara en cuanto a soberanía del pueblo, el sistema electoral, la separación de poderes y la propiedad de los recursos naturales. Se eligieron 25 delegados de diferentes edades, profesiones, educación y experiencia de vida, y su borrador de reforma constitucional fue aprobado en 2011.

Mientras tanto, en España…

Ejemplos como los vistos en estos países, en los que la acción ciudadana es capaz de buscar y encontrar soluciones a problemas encallados en diferentes gobiernos, son los que empujan iniciativas como Movemos Europa, un movimiento ciudadano que busca una Unión Europea comprometida con la justicia social y económica, con la resiliencia ambiental y la democracia ciudadana y participativa. Una agrupación que se ve apoyada por muchos otros movimientos ciudadanos, como Scientist Rebellion, que en abril realizó una acción coordinada en más de 25 países, o Extinction Rebellion movimiento al que pertenece Jorge Zhou y que afirma que: “La democracia no debería temer a la cogobernanza ciudadana”.

“La ciudadanía no debería estar como simple elemento de consulta, sino que se nos debería dar poder para poder decidir y presupuesto para actuar. La participación ciudadana no se debe limitar a la consulta de si queremos hacer una cosa u otra, sino de tener la oportunidad de elaborar esas futuras leyes que puedan transformar la vida de todo un país”, explica.  

Como se ha visto, las Asambleas Ciudadanas pueden ser una gran oportunidad para dar un giro a la política tradicional. Por lo que a finales de 2021 se puso en marcha en España una Asamblea Ciudadana  para el Clima con la intención de abordar problemas y encontrar soluciones mediante la participación de cien personas seleccionadas de forma aleatoria. Pero su desarrollo ha sido poco esperanzador.  “El problema de la Asamblea Ciudadana para el Clima española es que se ha hecho tarde, regular y además no se está comunicando. Lo fundamental es que la sociedad sepa que esto existe, lo que se busca y lo que se puede lograr. No podemos pedir resultados si nosotros mismos no los exigimos”, comenta Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de investigación en el CSIC y uno de los expertos que asesoran en esta asamblea. 

“Una sociedad valiente, que dedica tiempo a estas cosas, que se prepara para posibles medidas incómodas, acaba impulsando medidas políticas valientes, que con la razón científica en la mano es lo que necesita el planeta para hacer frente a la crisis climática que vivimos. Y lo mismo pasa con las entidades privadas grandes y el Gobierno, que en conjunto se llevan el 70% de las emisiones”, añade Valladares.

Para que el poder de la ciudadanía no pase desapercibido y las conclusiones de la Asamblea Ciudadana tengan la mayor repercusión posible, Marea Deliberativa, un movimiento que agrupa a más de 40 organizaciones y que pide abrir la democracia, ha convocado una movilización ciudadana para el próximo 22 de mayo que logre situar en la agenda mediática a  la Asamblea Ciudadana para el Clima, que finalizará en esa fecha.

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