Extremadura, entre las comunidades con mayor incidencia de pobreza energética
Extremadura es una de las cuatro comunidades autónomas donde la pobreza energética tiene una mayor incidencia, según un estudio de Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) que indica que un 11 % de los hogares españoles, con más de cinco millones de personas, no puede calentar sus hogares en invierno al no poder pagar la factura.
Los expertos de la Asociación definen la incapacidad económica para pagar la energía como “pobreza energética”, y, por tercera vez, han llevado a cabo una investigación sobre a cuántos hogares españoles afecta que ha sido presentada hoy durante una jornada en Madrid.
El estudio se basa en datos de 2014 -este diario ya se hizo eco del informe anterior-, y su la cifra de hogares afectados por pobreza energética (un 11 %) es superior a la media europea (10,2 % ) y un 22 % superior a la del primer estudio de esta índole que hizo ACA usando cifras de 2012.
Además, el último informe revela que hasta un 21 % de los hogares españoles experimenta condiciones asociadas a la pobreza energética, es decir, “el hogar no recibe una cantidad adecuada de servicios de la energía por dificultades para pagar la factura”, ha indicado Sergio Tirado, director académico del estudio y vicepresidente de ACA.
Por comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones donde la pobreza energética tiene una mayor incidencia.
En el lado opuesto del índice están País Vasco, Asturias y la Comunidad de Madrid, como las regiones con menor vulnerabilidad de sus ciudadanos a sufrir este fenómeno.
Respecto a la densidad de población, los indicadores de gasto señalan “una mayor incidencia de la pobreza energética en zonas rurales o escasamente pobladas”, ha dicho Tirado.
Una de las novedades del tercer estudio de pobreza energética es cómo afecta en función de la caracterización socioeconómica de los hogares.
En esa línea, se ha tenido en cuenta el nivel educativo y detectado que afecta más (un 31 %) a hogares con personas que no saben leer ni escribir que a aquellos cuyos habitantes tienen estudios superiores (un 7 %).
Más en el alquiler
También se ha visto que las viviendas en régimen de alquiler muestran tasas más altas de pobreza energética que las en propiedad; y que los hogares con rentas más bajas gastan menos por persona y unidad de superficie de la vivienda pero realizan un sobreesfuerzo para asumir las facturas.
En 2014, año del estudio, la mortalidad adicional en invierno respecto a un año promedio fue de 24.000 muertes, de las que más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza energética, según ACA.
Para combatir este fenómeno, los expertos que han elaborado el estudio recomiendan la puesta en marcha estrategia estatal de lucha contra la pobreza energética, ajustar mejor el bono social a la realidad de los consumidores más vulnerables, o el impulso de la rehabilitación energética de edificios.
Proponen también reformar las políticas de financiación de eficiencia energética, actuar en el ámbito de los cortes de suministro con cambios legislativos, y poner en marcha programas de formación orientados a colectivos vulnerables en buenos hábitos de eficiencia.
Tras la presentación del informe ha tenido lugar un debate en el que la extremeña portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, ha abogado por impulsar un marco legislativo de ámbito nacional para luchar contra la pobreza energética, “un fenómeno que no existe para partidos como el PP”.
Rosa Martínez, diputada de Podemos, ha subrayado que la pobreza energética ha permitido “visibilizar la dimensión social del modelo energético, hasta ahora sólo visto desde el punto de vista económico y medioambiental”.
Martínez ha dicho, además, que la pobreza energética es la punta del iceberg y que “las familias que la sufren son aquellas cuyos hijos han tenido que abandonar la un universidad por no poder permitirse las tasas o dejar de comer proteína por no poder pagarla”.
Las dos diputadas han coincido en la necesidad de reformar el bono social para ajustarlo más a la renta, ya que en la actualidad “no funciona para la finalidad con la que fue creado”.
