La Junta debe 566 millones de euros a proveedores, lo que pone en peligro a las pequeñas empresas

Empresas, ayuntamientos y asociaciones esperan en la ventanilla de la Hacienda autonómica para cobrar un total de 566 millones de euros, una deuda que en teoría debe ser liquidada a los 30 días pero que se alarga más del doble, y que además se ha disparado en el último trimestre del año pasado.

Es la llamada ‘deuda no financiera’ a 31 de diciembre pasado, hecha pública por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que sitúa además a Extremadura como una de las tres comunidades que tarda más en pagar, con un plazo medio de 81 días cuando el máximo legal es de 30, una demora que además para suministros sanitarios se amplía hasta los 98 días.

Esas obligaciones de 566 millones de euros suponen el 3,3% de la producción económica de la región, el PIB, de manera que la Comunidad es en términos relativos una de las más endeudadas con los particulares y ayuntamientos, solo superada en porcentaje de PIB por dos comunidades cuya dependencia de las empresas privadas de la Administración no es tan grande, y que son Cataluña y Valencia.

“A este gobierno lo están financiando parte de los extremeños, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las asociaciones sin ánimo de lucro, los ayuntamientos, que tienen que pagar sus nóminas y gastos pero no cobran”, ha reprochado la situación este jueves el secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara.

La gestión de la Junta en materia de cuentas públicas “es calamitosa, hace que se endeuden los ciudadanos; recibo a muchos en mi despacho, van a Tesorería de la Junta y no les pueden pagar”.

Trimestre negro

Unas cuentas que según esos datos del Gobierno central se han deteriorado especialmente en el último trimestre de 2014. En septiembre esa deuda no financiera a proveedores y ayuntamientos era de 423 millones de euros, y tres meses después, en diciembre, ha llegado hasta los 566, un 34% más.

En cuanto al plazo medio de pago a proveedores, un aspecto que está cuidando el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro porque es básico para el funcionamiento de las empresas privadas y la economía, se ha fijado por ley un plazo máximo de 30 días, un plazo que consigue apenas media docena de autonomías, entre ellas desde luego no Extremadura que ese sitúa en un segundo escalón de incumplimiento, las que superan los 60 días que obligan a tomar medidas extraordinarias.

“Nos dice el Ministerio de Hacienda que como pagamos a más de 60 días, o lo pagamos, o lo hacen ellos y nos lo descuentan del sistema de financiación, con lo que una parte de la financiación para la educación o sanidad se iría a eso”, añade el socialista Vara, que se teme que la deuda a proveedores es mayor de esos 566 millones porque podría haber cantidades no contabilizadas.

Extremadura es una de las tres comunidades junto a Aragón y Valencia con un plazo medio de pago más alto, 81 días a 31 de diciembre, y que a 31 de enero aumentó a 90; el del sector sanitario pasó de 98 a 107.

“¿De qué vale una Ley de Medidas Fiscales que dicen rebaja 30 millones en impuestos, cuando se les deben 566 a empresas y ciudadanos?”, pregunta Vara.

Y está por otro lado la deuda financiera, a bancos, la cual la oposición socialista estima en 3.000 millones a final de 2014, más otros 400 hasta las elecciones.