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EXTREMADURA

El recurso de Rajoy contra la tarjeta sanitaria a inmigrantes “le acerca más a Le Pen que a la derecha europea”

PSOE y Podemos Extremadura arremeten contra el recurso al Tribunal Constitucional anunciado el viernes por el Consejo de Ministros

“Si un subsahariano que llega a la región de forma irregular tiene una enfermedad infecto-contagiosa, ¿le atendemos o le dejamos en la puerta del hospital?” (Valentín García, PSOE)

Irene de Miguel (Podemos) habla de ataque a los colectivos sociales más vulnerables

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Protesta contra la reforma sanitaria

La alarma del PP nacional, cuyo Gobierno presidido por Rajoy prefiere que la presidencia francesa no la gane la ultraderechista Le Pen, le ha servido de percha al Partido Socialista de Extremadura para arremeter este lunes contra la decisión del Consejo de Ministros del viernes pasado, de recurrir al Tribunal Constitucional la ley extremeña de Medidas contra la Exclusión Social, y de intentar con ello anular la tarjeta sanitaria para los inmigrantes sin papeles.

Un recurso que por parte del Consejo de Ministros es “otra muestra de insensibilidad social de la derecha española, más cercana a Le Pen que a la derecha europea”, ha criticado tras la reunión de la ejecutiva regional del PSOE su portavoz autonómico parlamentario Valentín García.

 “Y luego se preguntarán por qué Jean Marie Le Pen, del Frente Nacional, está disputando la presidencia de Francia”.

Valentin Garcia PSOE Extremadura

Valentín García.

La Ley de Medidas contra la Exclusión Social de Extremadura, que fue el verano pasado el primer gran acuerdo político PSOE-Podemos, prevé conceder una tarjeta sanitaria especial a todos los inmigrantes en situación irregular, válida solo dentro del territorio regional, y que les garantiza toda la atención desde el primer momento así como medicinas en la farmacia con un 40% de copago por parte del paciente.

Tarjeta sanitaria regional

Es uno de los dos aspectos de la ley que recurrirá el Gobierno de Rajoy, que ha hecho lo mismo con todas las regulaciones autonómicas que otorgan documentos o tarjetas sanitarias, por entender que invaden una competencia nacional.

Para las fuerzas políticas que aprobaron este texto en julio pasado en la Asamblea de Extremadura se trata de regularizar, con documentos, un derecho humano básico a la salud, sin necesidad de que el inmigrante dependa de la buena voluntad de cada centro sanitario.

“Para nosotros”, ha dicho este lunes el socialista García, “es una cuestión de derechos humanos y salud pública atender a todos los inmigrantes al margen de que tengan regularización en España, o no”.

El Gobierno de Rajoy sin embargo “dice que los tenemos que dejar abandonados a su suerte. ¿Si un imigrante que viene del Africa subsahariana de manera irregular en un camión padece una enfermedad infecto-contagiosa qué tiene que hacer el Servicio Extremeño de Salud, atenderle o no?, ¿y si es un peligro de salud pública para el resto de la población extremeña, le atendemos o le dejamos en la puerta del hospital? “.

Por su parte Podemos Extremadura considera que el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central supone un nuevo ataque hacia los colectivos sociales más vulnerables de la comunidad, según su diputada regional Irene de Miguel. Es ir contra una normativa “muy importante” para la Comunidad que además supone un gran avance para lucha contra la desigualdad, por lo que Podemos no entiende que se interponga un recurso ante una ley que lo que pretende es mejorar la vida de las personas más vulnerables.

Irene de Miguel, diputada de Podemos por Cáceres

Irene de Miguel

La actitud del Gobierno central en relación a esta normativa autonómica supone “una falta total de sensibilidad con las personas que peor lo están pasando”, por lo que Podemos exige al presidente autonómico Fernández Vara que tome todas las medidas necesarias para demostrar al Ejecutivo central la oposición desde la comunidad a las políticas que “maltratan y humillan una vez más a Extremadura” por parte del PP.

Renta básica

Después de que esta Ley de Medidas contra la Exclusión Social haya declarado además que la renta básica es inembargable, es decir, que no se le puede descontar nada al beneficiario por algún tipo de deuda u obligación legal, el Gobierno ha dicho que también recurrirá al Constitucional ese aspecto, alegando que será él el que declare intocables las pagas sociales pero en una reforma futura de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Como es una buena idea según García “lo tienen que hacer ellos, como si la pobreza pudiera esperar a que Rajoy tuviera a bien hacerlo, como si alguien que cobra renta básica pudiera esperar a que le embarguen la única ayuda que entra en casa”.

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