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Abogados de Cáceres denuncian condiciones indignas en el turno de oficio

Protesta ante los juzgados de Cáceres / Colegio de Abogados de Cáceres (ICAC)

El Colegio de Abogados de Cáceres ha reclamado con urgencia la puesta en marcha de reformas para superar las retribuciones indignas de los integrantes del turno de oficio, que en ocasiones se retrasan hasta ocho meses.

La Constitución garantiza que la Justicia “será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente colegial, Carmelo Cascón, con motivo de la concentración reivindicativa ante las puertas del Palacio de Justicia de Cáceres.

Las condiciones

Explican que a los abogados del turno de oficio se les indemniza por su trabajo mediante la aplicación del Real Decreto 996/2003 por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, un baremo “que no ha sido actualizado desde diciembre 2005 y, si entonces las retribuciones eran indignas, más lo son en 2018”.

Según Cascón, es absolutamente necesario dignificar el turno de oficio con el reconocimiento por parte de los poderes públicos de “la importantísima y necesaria labor” que prestan sus abogados. Exigen una vez más al Ministerio de Justicia unas retribuciones dignas y acordes con los trabajos hechos y a la responsabilidad que implican, todo con una liquidación mensual puntual.

Para el órgano colegial también deben llevarse a cabo reformas legislativas para establecer “medidas efectivas de dignificación de la profesión y de conciliación familiar”, con la suspensión de procedimientos y cambios de vistas en supuestos de maternidad o paternidad, enfermedad o fallecimiento, tanto de los abogados como de sus familiares.

El Colegio también considera que necesario situar la ratio de jueces a nivel europeo ya que en España es prácticamente la mitad de la media europea, 12,2 por cada 100.000 habitantes frente a 21 de la media en Europa.

También se ha referido a las tasas judiciales y ha apuntado que “tras años de lucha se consiguió la supresión para las personas físicas, pero continúan existiendo estas tasas para pymes y ONGs”, por lo que ha exigido su total eliminación.

 

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