Piden 9 años de prisión para el exalcalde del PP de Navalvillar de Pela por prevaricación y malversación
- Diez organismos certifican que el alcalde de Navalvillar no asistió a reuniones por las que sí cobró
Un juzgado de Villanueva de la Serena ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde (PP) de Navalvillar de Pela Manuel Sánchez por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
En el auto, con fecha de 16 de abril, también figuran como acusados, en concepto de coautores, tres ediles populares de la actual corporación, cuatro exconcejales de esta misma formación política y un exsecretario del consistorio peleño. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el exregidor peleño.
El PSOE denunció que el exregidor suma hasta 3.000 euros en cobros indebidos, justificados a través de congresos, jornadas o seminarios, a lo que suman otros 55.000 por percibir una pensión y a la vez cobrar de alcalde.
Asimismo el titular del juzgado -Instrucción 2 de Villanueva de la Serena- requiere a Manuel Sánchez, que estuvo al frente del consistorio entre 2007 y 2015, que indemnice al Ayuntamiento con 61.582 euros por las cantidades “percibidas en fraude de ley” por asistir a las Juntas de Gobierno, y con 583 euros por “las medias dietas y gastos de locomoción cobrados y no realizados”.
Acusaciones de Fiscalía
A juicio de la Fiscalía, y así lo expresa en su escrito de acusación, Manuel Sánchez es responsable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Además, el Ministerio Público considera que los tres ediles populares de la actual corporación y cuatro exconcejales son responsables “en concepto de coautores” por prevaricación administrativa, y solicita para ellos entre 11 y 14 años de inhabilitación para cargo público. Pide cuatro años de prisión para el exsecretario municipal por un posible delito de falsedad en documento público.
Respaldo del PP
El PP de la provincia de Badajoz ha emitido un comunicado en el que expresa su máximo respeto por los procesos judiciales, la independencia de jueces y fiscales y el acatamiento de sus resoluciones.
Los populares muestran su apoyo a los compañeros de Navalvillar de Pela, “con el convencimiento de que en ningún momento actuaron de mala fe en lo que a sus retribuciones se refiere”. Entienden que “estaban confiados en que lo que se estaba llevando a cabo” seguía la más estricta legalidad.
Han remarcado que tanto el exalcalde como el resto de ediles actuaron “bajo la más estricta legalidad”, ya que los acuerdos del pleno “fueron fiscalizados” tanto por la Delegación del Gobierno como por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura“. Ninguno de estos dos organismos, según añaden, pusieron reparo alguno a los citados acuerdos municipales, ”que -desde el PP- consideramos acordes a Ley“.
