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EXTREMADURA

Apenas se declaran un 0,05% de las enfermedades profesionales, según UGT

Las enfermedades profesionales parece que siguen siendo un tema tabú o casi clandestino, a juzgar por la mínima cantidad de casos que se declaran cada año. Según el informe anual del Observatorio de las Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el año 2014 se han producido un total de 266 enfermedades profesionales en nuestra región, de las que 141 se han catalogado como enfermedad profesional (CEPROSS) y 125 como patología no traumática causada o agravada por el trabajo (PANOTRATSS). De las 141 enfermedades profesionales 89 han sido con baja y 52 sin baja, y de las 125 patologías no traumáticas 95 han sido con baja y 30 no han producido baja.

El porcentaje más alto de enfermedades profesionales están causadas por agentes físicos y son trastornos musculo-esqueléticos, siendo esta la principal causa de baja tanto a nivel nacional como regional. Teniendo en cuenta estos datos, desde UGT Extremadura se entiende que en la región existe una infraestimación/infravaloración en la declaración de enfermedades profesionales y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo. La comparativa del número de partes comunicados con el número de asalariados en ese mismo periodo nos arroja un dato alarmante, de 255.000 asalariados tan solo se han declarado 0,05% enfermedades profesionales y 0,04% de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo, y esto es debido a la derivación al Sistema Nacional de Salud de patologías que se producen en el trabajo, que se terminan tratando como contingencias comunes en perjuicio de los trabajadores.

Por ello desde UGT Extremadura se denuncia la falta de aplicación en cuanto a la normativa vigente sobre enfermedades profesionales provocando la falta de declaración de las mismas, siendo necesario proporcionar al médico de atención primaria herramientas que le ayuden a catalogar patologías laborales y procedimientos para derivar contingencias comunes a contingencias profesionales sin tener que abocar al trabajador a iniciar procedimientos administrativos con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua de AT y EP y la propia empresa.

 

 

 

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