1.260 euros o la cárcel

El activista Jaume d´Urgell tiene dos opciones. Puede pagar 1.260 euros de multa por el delito de ultraje a España o puede pasar tres meses y medio entre rejas. Ha elegido la opción más cara: es probable que el jueves un juez ordene su entrada en prisión. “Quiero llamar la atención, por supuesto que quiero llamar la atención, pero no sobre mí, sino sobre este caso”, me cuenta. El terrible delito de Jaume consistió en cambiar una bandera rojigualda por otra tricolor republicana de un juzgado de Madrid durante la primera manifestación por el la vivienda digna, en mayo de 2006. El probable reo trepó por la fachada y sustituyó un trapo por otro. La policía lo detuvo hora y media después, pasó más de un día en el calabozo. La fiscalía pedía una condena más dura pero tuvo algo de suerte: el juez sentenció la condena mínima. Jaume cree que la mínima es también demasiado. Y tiene razón.

“Si buscase una estrategia judicial segura, si hiciese caso a mi abogado, me habría quedado en casa viendo la tele”, dice Jaume. “No soy un héroe, me puede joder la familia”, confiesa también. En justicia, el juez no podía hacer otra cosa. El problema está en la ley, que es muy clara. Artículo 543 del Código Penal: “Las ofensas o ultrajes a España, a sus Comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses”. Para situarnos, el cohecho impropio del que acusaban a Francisco Camps sale más barato.

Ultrajes a España, suspiros de España. Si ellos son la patria, yo soy extranjero. A Jaume le queda un consuelo: “Son sólo tres meses y medio. Estaré en casa para escuchar el discurso del rey por navidad”.