El caso de los espías resucita

Pese al afán enterrador del Gobierno de Aguirre, el caso del espionaje de Madrid se resiste a morir. La Justicia es lenta, pero sus pasos son sólidos. Ya ha subido cuatro escaloncitos, que diría Camps. Pasito a pasito, el Gobierno de Madrid cada vez tiene más cosas que explicar.

El primer paso lo dio la Fiscalía, que vio indicios de delito y permitió la investigación. El segundo lo impulsó la juez de instrucción Carmen Valcarce, que abrió diligencias ante un posible delito de malversación de fondos públicos. El tercero llegó en mayo, cuando la juez solicitó a Telefónica que proporcionase “el posicionamiento” de los móviles que usaron los supuestos espías para ver si, en efecto, estaban en el mismo sitio y a la misma hora que los espiados. El cuarto paso, tras ver los informes de Telefónica, lo ha dado otra vez Valcarce, que ha decidido imputar a tres asesores de la Consejería de Interior por malversación de fondos públicos. Los tres imputados son tres ex guardias civiles nombrados a dedo por Francisco Granados, el consejero de Interior. Casualmente, los tres trabajaban en el cuartel de Valdemoro cuando Granados era el alcalde de la localidad.

Pero los pasos más preocupantes están aún por llegar. Tras estos tres imputados, es probable que la juez llame a declarar a los otros cinco supuestos espías. El sexto paso será una prueba caligráfica para comprobar si de la mano de estos señores, como parece, salieron los partes del espionaje. Pero con los pasos de baile que ya llevamos, debería sobrar para que alguien dimitiese. Si Granados no se va ya, y luego hay una condena, la responsable será aquella que puso la mano en el fuego. Y no quiero señalar.