Escándalo fiscal en Europa: ¿hubo dejación de funciones por parte de la Comisión Europea?

El Parlamento Europeo inició hace unos días los trabajos de su Comisión Especial creada tras el escándalo de los acuerdos fiscales de Luxemburgo con multinacionales, conocido como Luxleaks. Una Comisión creada a partir de la presión del grupo del Grupo Parlamentario de Los Verdes en el Parlamento Europeo, y que debe indagar sobre dichos acuerdos.

En su marco ha comparecido ya el Comisario de Economía Pierre Moscovici. El grupo de Los Verdes tenemos la convicción de que los acuerdos fiscales suponen una violación del derecho comunitario. Hasta ahora se están investigando por vulneración del derecho de competencia. Los Verdes sin embargo creemos que infringen también la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (2011/16/UE), que sustituye a la que estaba vigente desde el año 1977 sobre Asistencia mutua de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos y los impuestos sobre las primas de seguros (77/799/CE).

Este marco legal obliga al intercambio de información en materia fiscal entre Estados miembros, si hay evidencia de que una decisión de un Estado puede suponer una merma fiscal en otro, o si puede generar transferencias artificiales de beneficios dentro de un mismo grupo empresarial para pagar menos impuestos.

Ante esta situación, los Verdes tenemos la sospecha de que la Comisión no ha sido diligente en la aplicación de esta última directiva, y le planteamos a Moscovici la siguiente cuestión.

Existe en el ámbito de la Unión Europea un Grupo de Trabajo que garantiza la correcta aplicación del vigente Código de Conducta de la UE en materia fiscal, existente desde 1997. El pasado 17 de abril de 2012, en el marco de una reunión de este grupo de trabajo, la Comisión Europea expresó su decepción con los resultados de los progresos realizados por los Estados miembros en materia de intercambio de información fiscal. A continuación, sabemos por algunas fuentes presentes en la reunión que Bélgica tomó la palabra y declaró que no había intercambiado información, ya que no había recibido ninguna información por parte de otros Estados miembros. Bélgica se escudaba por lo tanto en la falta de reciprocidad. 

Más tarde, el Servicio Jurídico del Consejo aclaró la falta de reciprocidad no eximía de la aplicación de la Directiva. El intercambio de información era y es obligatorio.

Estamos pues ante una evidente violación del derecho comunitario reconocido por Bélgica en el marco de la reunión del Grupo de Trabajo y confirmado por los Servicios Jurídicos del Consejo. 

Ello hubiera obligado a la Comisión Europea, garante de la aplicación y del respeto del derecho comunitario, a iniciar un procedimiento de infracción. Sin embargo, la Comisión no actuó. En este caso el Estado infractor era Bélgica, pero Bélgica al mismo tiempo confirmó con su declaración que otros Estados miembros tampoco habían cumplido con sus obligaciones.  Lo que Bélgica reconocía implícitamente era que Irlanda, por ejemplo, no informaba sobre su decisión de establecer rullings con Apple, ni Luxemburgo acerca de sus acuerdos con Amazon.

Era ilegal. ¡La Comisión lo sabía desde 2012! 

La consecuencia de ello es que la Comisión no sólo debería investigar las acuerdos con empresas como Fiat, Starbucks, Apple o Amazon por vulneración del derecho de la competencia (como está sucediendo ahora) sino también porque los Estados responsables de los acuerdos no informaron de los mismos a los demás.

Tras estos hechos flagrantes, le preguntamos a Moscovici si estaría dispuesto ahora a iniciar el pertinente procedimiento de infracción por esta cuestión. Respuesta típicamente torpe y decepcionante del Comisario francés: se escudó en  que el código de conducta es intergubernamental y que ni las reglas ni las pruebas ni las competencias de la Comisión eran suficientes para iniciar una actuación. 

¡Qué más da si el Grupo del Código de Conducta es intergubernamental! Estamos hablando de una Directiva de obligado cumplimiento para los Estados miembros y es mandato de la Comisión hacerla cumplir. ¿Eran insuficientes las pruebas? No lo parece.

Vamos a exigirle explicaciones y responsabilidades a la Comisión. Estos próximos días dirigiremos una carta sobre este asunto a Moscovici para que nos dé una respuesta por escrito. Porque de confirmarse estos hechos y sin una explicación fehaciente que explique la pasividad de la Comisión, estaríamos ante la connivencia de la institución con las prácticas fiscales abusivas de los Estados miembros.