El pasado 18 de junio el sindicato ESK denuncia ante la fiscalía la filtración de exámenes en las especialidades médicas de la OPE de Osakidetza. Posteriormente esta denuncia se ha ido ampliando y la sospecha de fraude llega actualmente a 19 categorías. Sin embargo, la denuncia y nuestro trabajo son anteriores a la realización de los exámenes.
Las sospechas de fraude en estas categorías eran un clamor popular entre el personal del Servicio Vasco de Salud. Tanto es así que, mucho antes de realizarse los exámenes, ESK, a instancia de un grupo de profesionales médicos afiliados al sindicato, decide denunciar bajo el formato de “Supongamos” en un escrito dirigido a la plantilla la posibilidad de filtraciones de exámenes. Decide poner el dedo en la llaga y denuncia que en las oposiciones de estos colectivos se están quebrando los criterios de igualdad, capacidad y mérito. Incumpliendo los criterios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y el Estatuto de la Función pública Vasca. Un fraude orquestado por un entramado del que forman parte algunos Jefes de Servicio que, deciden quien obtiene plaza y quién no, y con conocimiento delos responsables de Osakidetza.
Ante la negativa de la Fiscalía y el Ararteko de intervenir de manera previa a la realización de los exámenes por no existir evidencias, en abril (faltando un mes para la realización de los exámenes) ESK decide levantar un Acta Notarial, con el nombre de las 7 mejores notas de determinados aspirantes, así como su orden de puntuación, acertamos el pleno.
Un fraude que afecta a temas muy sensibles para la ciudadanía ya que inciden sobre la oportunidad de conseguir un empleo estable. Un nuevo fraude que llueve sobre mojado. En 1990 y con la consejería de sanidad en manos del Partido Socialista se realizó una OPE masiva que convocaba 2.500 plazas y que terminó en uno de los mayores escándalos en un proceso de selección de empleados públicos en la Comunidad Autónoma. Siete de las once pruebas para puestos no sanitarios fueron anuladas al detectarse un cambiazo de exámenes para beneficiar a unos 363 opositores, la mayoría familiares y personas vinculados al PSE y a la UGT.
Unos años después, la justicia condenó a penas cárcel a varios responsables de Osakidetza. Entre ellos estaban Mario González (director general) y Pedro Pérez (director de gestión) a quienes se les castigó a seis años y medio de cárcel y 500.000 pesetas de multa. Un proceso que costó el cargo al entonces vicesecretario general del PSE, José Luis Marcos Merino.
Pero volvamos a la actualidad. La respuesta de los gestores de Osakidetza, una vez más, no ha estado a la altura. Si bien, ante las primeras denuncias su respuesta fue negar a la mayor, cargando la responsabilidad sobre agentes externos (los Tribunales examinadores, el IVAP), tildar como denuncias obscenas las realizadas por los sindicatos, etc. Eso sí, se ven obligados a abrir un expediente informativo.
Posteriormente han tenido que ir modulando su discurso. Significativo es que con solo el anuncio de ESK de acudir a la Fiscalía fuerza a Osakidetza a paralizar el proceso en 4 especialidades médicas, en las que, finalmente, tres tendrán que repetir los exámenes. Pero su objetivo nunca ha sido aclarar las dudas, ni despejar las sospechas, determinando responsabilidades, que no olvidemos pueden tener efectos penales si se confirmaran. El objetivo que se esconde detrás de las decisiones del consejero es echar balones fuera, buscando minimizar los daños y amedrentar al personal que se ha atrevido a denunciar la corrupción existente en un intento de echar tierra sobre el asunto y evitar olores de corrupción.
Finalmente, como si estuviéramos en un mondo del revés, en comparecencia parlamentaria el señor Jon Darpón y la señora María Jesús Múgica convierten a los denunciantes en denunciados en un intento de segar cualquier actitud de denuncia o de exigencia de derechos por parte del personal.
Pero sus deseos no se cumplen y las denuncias lejos de aminorar, crecen y el escándalo se incrementa con las denuncias de opositores en otras categorías como la de Licenciados Económicos obligando a Osakidetza a ampliar la paralización más allá de las cuatro especialidades del comienzo. El manto de la sospecha se extiende.
La percepción por la ciudadanía de la importancia y dimensión de este problema apoyada por el eco que está teniendo en los medios de comunicación ha obligado al Gobierno vasco a pronunciarse y cerrar filas apoyando la gestión en Osakidetza.
A ESK le parece preocupante que tanto el Lehendakari, como el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, no consideren que haya motivos suficientes para exigir responsabilidades en las irregularidades de acceso a la función pública.
Consideramos que la profundidad de la trama con todas las ramificaciones es considerable. El acierto del acta notarial sobre quienes obtendrían plaza, las evidencias estadísticas de los resultados de los estudios psicométricos de varias especialidades y que Osakidetza, de forma insuficiente, tenga que repetir varios exámenes son pruebas suficientes de que asistimos a un proceso de corrupción.
Propuestas imprescindibles de actuación para ESK:
1.- Apertura de una investigación seria e imparcial y que lleve a la oportuna depuración de responsabilidades y cese de los mismos, así como a la dimisión del consejero de Sanidad, Jon Darpón, y de la directora de Osakidetza, María Jesús Múgica, como responsables últimos de lo que ha pasado.
2.- Consideramos que en Osakidetza existe un sistema corrupto de acceso a las plazas que va más allá de las especialidades médicas, extendiéndose a otras categorías como como Abogados, Economistas o Ingeniería. Por ello, es imprescindible un cambio de modelo de OPE, un nuevo modelo que impida que el proceso selectivo se convierta en el batzoki de algunos, con el apoyo de las Direcciones y la connivencia de Osakidetza.
Para ello, el primer paso, es acabar con el silencio y la resignación. Es el momento de decir '¡basta ya!'. Los sindicatos y partidos progresistas tienen un gran papel, en la lucha contra la corrupción y por profundizar en sistemas transparentes e igualitarios en el acceso a la función pública.
*Patxi Nicolau, Anton Altamirano y Jose Ignacio Martínez son delegados de ESK en Osakidetza
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