Los presupuestos de Salud no permiten la necesaria transformación de la sanidad pública

A comienzos del verano se aprobó el Pacto Vasco de Salud pese al rechazo de todos los sindicatos, EH Bildu, Sumar y significativas organizaciones sociales y profesionales. El documento final está plagado de generalidades, sin compromisos medibles, plazos ni presupuesto. Además, ignora el sector sociosanitario y los cuidados, clave en una sociedad muy envejecida y privatizado en un 90%. Al año de su creación, los principales problemas de la sanidad pública siguen sin resolverse. La privatización avanza en sus diversas formas, no existe voluntad de revertir los servicios ya privatizados, se apuntala el modelo hospitalocentrista que debilita la Atención Primaria. Las plantillas insuficientes y precarias favorecen la huida de personal. En este escenario, los Presupuestos de Salud de 2026, presentados como históricos, son continuistas y no afrontan los retos estructurales. No impulsan transformaciones reales y consolidan el modelo privatizador que ha debilitado Osakidetza.

Se anuncia un crecimiento del 4,1%, pero es engañoso. El presupuesto sanitario será de 5.327 millones, un millón menos que el gasto previsto para cerrar 2025, y su peso en el PIB cae del 5,17% al 4,97%. Así mismo, dicho crecimiento es inferior al del año pasado (4,4%). En lugar de avanzar, Euskadi retrocede cuando más inversión necesita. Aun así, el consejero presume que la CAV tiene el segundo mejor gasto por habitante. Pero si miramos lo que realmente importa, la inversión en proporción a la riqueza, Euskadi queda por debajo de comunidades con menos recursos económicos como Extremadura, Murcia o Cantabria. La distancia con Europa es aún mayor: mientras el gasto medio europeo es del 7,2% del PIB, Euskadi invierte 2.385 millones menos. Además, la inflación sanitaria crece más que la inflación general, reduciendo la capacidad real de gasto.

Del presupuesto sanitario total, Osakidetza recibe 4.276 millones, el 80 %, pero pierde 46 millones respecto al gasto estimado al cierre de 2025. Aunque el Pacto de Salud vende estabilidad y aumento de recursos, las partidas ligadas a él apenas suman 6 millones, una cifra testimonial.

La privatización se consolida como elemento estructural. Los conciertos alcanzan los 294 millones, muchos blindados hasta el año 2030 mediante compromisos plurianuales. Una parte de son: terapias respiratorias, diálisis, hospitalización a domicilio, la clínica de la Asunción en Tolosa, o la Salud Mental de Guipúzcoa que se lleva 36 millones, mostrando la falta de voluntad del consejero para abordarla con recursos propios. A ello se suman otros 250 millones destinados a servicios “no sanitarios” externalizados (cocinas, limpieza, informática, lavandería, transporte sanitario, consultorías…). En total, más de 500 millones, alrededor del 13%, terminan en el sector privado. Muy lejos del 6% que asegura el consejero, amparado en una opacidad que dificulta conocer el gasto real en otras externalizaciones como la elaboración de planes y programas y su control ciudadano.

Ni Atención Primaria ni Salud Pública, pilares del sistema sanitario, se refuerzan. Salud Pública apenas alcanza el 1,54% del presupuesto, lejos del 5% recomendado para poder actuar sobre los determinantes de salud sociales, de género o ambientales. El gasto específico en Atención Primaria ni siquiera se detalla, evidenciando que no es una prioridad y ocultando su infrafinanciación crónica. La situación del personal es especialmente grave, casi el 50% es temporal, seis veces por encima del límite europeo del 8%, lo que pone en riesgo la calidad y seguridad asistencial. Las OPEs anunciadas, más de 4.500 plazas, no rebajarán esta alta temporalidad debido a la tasa de reposición aplicada y la lentitud de los procesos. La partida para personal continúa perdiendo peso en el presupuesto. Pasa del 65,1% en 2024, al 64,6 % en 2026, lo que revela falta de voluntad para mejorar sus condiciones laborales y frenar la fuga de profesionales.

El mayor incremento presupuestario va a infraestructuras y equipamientos, con 202 millones (+23%), apuntalando el ladrillo, la industria electro-médica y el modelo hospitalocentrista, mientras muchos centros carecen del personal suficiente para atenderlos. El gasto farmacéutico crece, reforzando la dependencia de medicamentos muy caros mientras relega la inversión en prevención y promoción de la salud. En prevención, aunque aumenta la inversión en vacunas; recortan en la del herpes zóster y se niega a ampliar el cribado del cáncer de mama hasta los 74 años y retrasa su ampliación a los 45 años hasta el 2027.

En resumen, estos presupuestos no son trasformadores. No responden a las necesidades reales de una población muy envejecida, con cronicidad creciente, pluripatologias, aumento de problemas de salud mental, desigualdades al alza. Son la continuidad de un modelo neoliberal que prioriza intereses privados mientras la ciudadanía sufre largas listas de espera, centros sin personal suficiente, urgencias saturadas y perdida de la calidad. Osakidetza necesita un giro radical hacia un modelo basado en la prevención, una Atención Primaria fuerte, más Salud Pública y una gestión pública directa, transparente y participativa. Requiere una inversión estable y suficiente. La ciudadanía merece decisiones valientes, no propaganda. Solo la movilización activa de la ciudadanía lo hará posible.