Los Servicios Públicos como garantía de cohesión social

Hace ya unos cuantos años, en 1833, Mariano José de Larra, bajo el seudónimo Fígaro escribía “Vuelva Vd. Mañana”. Como todos los artículos del escritor romántico, este, rezumando crítica ácida, intentaba buscar solución a los males de España. Aquella pequeña gran obra ha pasado a la posterioridad como el ejemplo perfecto de lo que la burocracia dificulta la vida a la ciudadanía media.

Montados en la máquina del tiempo del joven de “Regreso al futuro” aterrizamos en cualquier ciudad española en los meses más duros de la pandemia, a las 20:00 horas, cuando millones de ciudadanas/os aplauden entusiásticamente a cuantas personas se están jugando la vida en esos tiempos duros e inciertos. Hay quien recuerda a su vecina sanitaria, sin tiempo más que para un huidizo saludo, al hijo de su mejor amigo, al frente de la unidad de servicios policiales o a la hermana profesora, buscando animadamente recursos digitales para su alumnado. Todos ellos son trabajadores de los servicios públicos a los que agradecemos su valiente dedicación en días tan aciagos.

Han pasado casi doscientos años entre ambos relatos y parece que la sociedad ha cambiado radicalmente la visión que tenía del papel del personal dedicado al servicio público. ¿Realmente es así? ¿Creemos que los servicios públicos están sirviendo para cohesionar la sociedad? Vayamos por partes.

¿Compartimos la misma idea de cohesión social? Es probable que algunos/as sólo vean en estos términos un sinónimo de identidad, de cercanía a una bandera (estandarte nacional, sindical), a un colectivo (científico, empresarial), incluso a unos colores deportivos (“Més que un club”, “Gu gara Athletic”…) Otras/os pensarán en que el respeto a unas reglas concebidas en comunidad (olvidémonos de políticos, religiosos o sindicalistas que vulneraron los protocolos de vacunación recientes) es sinónimo cohesionador. Habrá, en fin, quienes pensamos que será difícil hablar de cohesión social no respetando conceptos universales como la igualdad, la solidaridad y la diversidad.

Tan importante es coincidir en el concepto como ser capaces de medirlo, para lo que analizar el grado de acceso a los derechos de ciudadanía servirá para conocer la dignificación que conferimos a la otredad, así como la capacidad de colaboración y participación personal que estamos dispuestas/os a ofrecer a nuestra comunidad. Sea como fuere, el papel de la política, como adhesivo social es incuestionable para conseguir el éxito de la cohesión. Sin embargo, la visión que tiene la ciudadanía española de esta ciencia, que pretende organizar a las sociedades humanas, no es precisamente esperanzadora: una encuesta del CIS al término de las elecciones municipales y forales del 2019 establecía que más del 60% de los/as encuestados/as no veían en la política propuesta atractiva a sus preocupaciones sociales (el 34,2% desconfiaban, al 15,6% les aburría y al 13,3% del personal encuestado le dejaba indiferente).

Cambiemos de tercio. Intentemos definir el concepto Servicios Públicos. Hay una cierta unanimidad en considerar que, al menos en España, constituyen la base fundamental para garantizar el acceso en términos de igualdad a los derechos básicos reconocidos en la Constitución española: sanidad, educación, justicia, seguridad ciudadana, transporte público. Donde esta unanimidad se tambalea es en la inevitable comparación con los países del entorno. Mientras que los últimos gobiernos -aunque hayan sido de distinto signo político- parecen avalar la idea de que estamos en un nivel europeo más que aceptable, los datos demuestran una realidad distinta: solo comparando con la media de la Eurozona, la diferencia -en negativo- es de casi dos puntos en inversión del PIB (datos de 2018) en lo referente a protección social, sanidad, educación y servicios públicos generales. 

Tampoco mejora la comparación, si hablamos del porcentaje de personas que trabajan en las administraciones públicas. Si en España lo hacen 15 de cada 100, la media OCDE es de más de 18 y ambas se encuentran bastante lejos de países como Noruega, en los que son 30 las personas dedicadas a Servicios Públicos.

En la CAPV no sólo hay pocas personas en estos Servicios, sino que el dato más significativo es el de su excesiva provisionalidad. La educación pública vasca, por ejemplo, tiene porcentajes de temporalidad por encima del 45% entre docentes y más del 70% de personal laboral, está descompensado por género (femenino en casi el 90% en Educación Infantil y Primaria y más del 60% en Secundaria) y cuenta con una plantilla fija en la que más de la mitad sobrepasa la edad de 50 años.

La Sanidad vasca no mejora sus datos públicos: no se cubren con personal definitivo todas las plazas libres por jubilaciones (al menos, 554 plazas de estas características no han ido a OPEs) y tiene un colectivo importante de personas interinas en Osakidetza, con más de 15 años de antigüedad en el puesto de trabajo. La temporalidad es también intolerable (58%).

Además, en lo referente a las plantillas del personal trabajador de las administraciones públicas vascas (Gobierno Vasco, AGE, Justicia, local y foral y Ertzaintza) los resultados son muy similares: escasa negociación colectiva eficaz, altísimos niveles de interinidad (superior al 57% en Lakua, con más de la mitad del personal interino con más de 8 años de antigüedad), plantillas insuficientes y envejecidas, puestos de trabajo muy condicionados por el género (mayoritario en plazas administrativas, menor del 8% en las diversas policías)

De todo ello se colige que las perspectivas de empleo público vasco para este año 2021 no parezcan tan satisfactorias como los anuncios oficiales pretenden. De un lado, por la alta incertidumbre presente con OPEs sin cerrar y una eventualidad desproporcionada. Del otro, por la escasa dignificación que hacia el empleo público parecen demostrar las instituciones (como ejemplo, más significativo el escaso interés por conseguir una Mesa General de Función Pública plenamente operativa).

Los Servicios Públicos junto con la negociación colectiva y la regulación laboral deben ser los principales instrumentos para la inclusión social

De ahí que sea necesario un Plan de Empleo Público que informe de modo transparente sobre la situación de interinidad y temporalidad en el sector; que genere confianza entre las partes negociadoras; que debata sobre la consolidación de plantillas, transformando al temporal en fijo/a, dentro de los parámetros que marca la ley; que estabilice el empleo hasta llegar al compromiso pactado en 2010 y aún no conseguido (8% máximo de interinidad); que frene la externalización de servicios tradicionalmente públicos y desde hace años en manos de empresas privadas subcontratadas; que rejuvenezca unas plantillas excesivamente envejecidas con amplias y generosas medidas de reducción de la carga de trabajo y de sustitución por personal recién formado; que negocie con la representación legal de las/os trabajadoras/es medidas especiales para el personal que tras muchos años de servicio, no supere procesos públicos de empleo; que actualice o inicie -según la situación de cada administración pública- la carrera profesional como objetivo de mejora de la calidad y de las expectativas profesionales de cada trabajador/a; que permita, en fin, una elaboración compartida de planes de igualdad, de euskaldunización y de teletrabajo.

Para garantizar, por tanto, esta deseada fortaleza de los Servicios Públicos deberemos pensar en un plan de trabajo que, partiendo del análisis de las necesidades sociales, asegure buenas condiciones de trabajo a las personas que presten estos servicios-garantía de su calidad, inevitablemente-, empodere las organizaciones sindicales e impulse políticas de gasto público que remonten definitivamente los déficits del periodo de austericidio, con más derecho y protagonismo social.

Las políticas públicas deben jugar un papel fundamental para impulsar el necesario cambio de modelo productivo que nos acerque a una mayor equidad y una mejor distribución de la riqueza. Así lo entendía más del 35% de la ciudadanía española en el ya lejano 2013. Cabe pensar que los últimos años no hayan hecho sino aumentar este porcentaje, especialmente con la aparición del temido COVID-19.

Los Servicios Públicos, tal y como exponía al principio, junto con la negociación colectiva y la regulación laboral deben ser los principales instrumentos para la inclusión social. La calidad del sector público es un elemento indisociable del progreso y del desarrollo de un país, siendo esto aún más importante en el caso vasco, donde la escasez de empresas grandes y su menor tamaño medio hacen que el sector público tenga un protagonismo mayor. 

Euskadi, España, no pueden seguir por la senda de menospreciar el valor capital que suponen estos servicios. Las administraciones públicas han venido transfiriendo su responsabilidad protectora a la ciudadanía, haciendo dejación de una injusta redistribución de la renta y la riqueza a través de un sistema fiscal anticuado y permitiendo regulaciones y políticas que promueven el empleo inestable y precario e impiden el acceso a la vivienda de muchas personas.

“Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni a segunda vista, y si no temiéramos que nos llamasen atrevidos, lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio, que, estribando en una grandísima bagatela, suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se devanó los sesos por buscarles causas extrañas.”

Es tiempo imperioso de cambio si deseamos no distanciarnos más aún de aquellos países mejor cohesionados con los que nos gusta medirnos. Y, sobre todo, es tiempo de dejar la lectura de Larra, como una bella anécdota que ha quedado en olvidado pasado.