El virus franquista de la antipolítica

No me extrañaría nada que dedicarse a la vida pública acabara tipificado como delito grave en el Código Penal, a juzgar por los denuestos que a la “clase política” le llegan desde otras clases como la periodística, la intelectual, la de artistas, famosos, expertos de distinto pelaje… Hace poco un nutrido grupo de la “clase científica” ha acusado a quienes nos gobiernan de “mandar, pero sin saber”; aunque, dicho sea de paso, los que saben lo que hay que hacer (para abordar con éxito nuestra inacabable emergencia sanitaria, por ejemplo), también confiesan sin rubor alguno que no les gustaría estar en el pellejo de quienes, desde el poder, tienen que tomar decisiones.

Y tienen que tomarlas, además, dejando la política a un lado, sobre todo, cuando hay que enfrentarse al virus, según la opinión general. Una opinión, a mi entender, bastante equivocada; aunque puedo ser convencido de lo contrario si se me explica de manera convincente cómo no hacer política con algo que es ahora mismo la principal preocupación de la comunidad política española; y que, además, está en el origen de una crisis económica y social de caballo, como la que el coronavirus nos está haciendo padecer.  

Por extraño que parezca, lo políticamente correcto en el momento actual es precisamente abominar de la política

Por extraño que parezca, lo políticamente correcto en el momento actual es precisamente abominar de la política: una actitud que en España tiene hondas raíces franquistas, como es público y notorio. Al fin y al cabo, quien nos acaudilló durante cuarenta años se alzó en armas contra el Gobierno legítimo de la República para combatir a los “explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, a los extranjeros y a los extranjerizantes que, directa y solapadamente, intentan destruir a España”, como afirmó en su primera alocución al país, el 17 de julio de 1936. Y mucho me temo que no poco de ese mensaje está siendo asumido con gusto por una gran parte de la sociedad española, incluyendo en ella a intelectuales o comunicadores de reconocido, y a veces merecido, prestigio.

Pongamos que hablo de Antonio Muñoz Molina, que no estuvo precisamente en su mejor momento intelectual cuando aseguró, (“La otra pandemia”, en “El País” del pasado 27 de septiembre), que “la política española es tan destructiva como el virus”; que, en su conjunto, la “clase política” se ha convertido en “un obstáculo para la sostenibilidad misma del país” y “para la supervivencia de las instituciones”; y que “esta gente va a hundirnos a todos”. Uno lee esto y llega a una conclusión evidente: ¡qué bien hizo Franco ilegalizando partidos y encarcelando o mandando al paredón a políticos que no hacían otra cosa que dividir y destrozar al país! Doy por hecho que no es lo que Muñoz Molina quiere sugerir. Pero lo cierto es que descalificaciones tan gruesas como las vertidas en su artículo se corresponden con tal corolario lógico. 

Cuando se arremete contra “los políticos” en tales términos, desde la generalización, la simpleza, el lugar común, la falta de matización y la indigencia ideológica, la apología del franquismo está servida, seamos o no conscientes de ello. Es lo que tiene dejar sentado que “todos los políticos son iguales”, algo que hemos llegado a admitir como un dogma de fe incuestionable, cuando es una tontería de grueso calibre y peligrosas consecuencias. Una tontería tan grande como lo sería poner a caldo a “todos los novelistas españoles” por las malas novelas que uno haya podido leer de alguno de ellos (o no le hayan gustado). Porque habría que distinguir entre unos novelistas y otros, ¿no? 

 Y, en el caso de los políticos ¿de quiénes estamos hablando? ¿Son iguales los que insultan y los que son insultados? ¿Es lo mismo un presidente Sánchez que ha peleado en Europa un fondo de reconstrucción que nos va a aportar 140.000 millones de euros, que un Pablo Casado decidido a hacer la guerra a España en las instancias europeas para privar al país de las ayudas que necesita? ¿Es igual la ministra Yolanda Díaz, con seis acuerdos sociales a sus espaldas, que, un suponer, Cuca Gamarra? ¿Es lo mismo el actual Gobierno de PSOE-Unidas Podemos que el del PP de Mariano Rajoy? ¿Son iguales las políticas de recortes del anterior Gobierno de la derecha que las de protección social y del empleo puestas en práctica por el de la izquierda? ¿Es igual abogar por unos Presupuestos actualizados que fortalezcan el Estado de bienestar, que emperrarse en mantener el mausoleo presupuestario de Montoro, embalsamado en sus viejas austeridades? 

Podríamos seguir con un larguísimo etcétera, para aclarar, por ejemplo, si es lo mismo el talante de diálogo y la templanza del ministro Illa, que los exabruptos de quienes, desde el PP y Vox acusan al ministro de Sanidad de responsabilidad criminal por las víctimas del coronavirus. Y, por continuar con la pandemia, ¿se comportan con el mismo grado de responsabilidad institucional Ximo Puig o María Chivite que Isabel Díaz Ayuso? O, precisando aún más, ¿se comporta ésta última con la misma responsabilidad que los otros presidentes autonómicos de su propio partido?

Pero no se ve un mayor esfuerzo en resaltar esas diferencias, por otra parte bastante evidentes. El virus franquista de la antipolítica se extiende por España, como si respondiera a consignas más o menos explícitas. Se empezó por negar desde el PP y el “trifachito” legitimidad a los Gobiernos de Pedro Sánchez, tras ganar una moción de censura y sucesivas elecciones. Y esa deslegitimación sumió al país en una atmósfera insalubre de ruido permanente, con unas consecuencias cada vez más nocivas. Ahora, en una vuelta de tuerca, son los “políticos”- todos, sin excepción- los que van quedando socialmente deslegitimados, lo que viene a ser un verdadero regalo para la estrategia de las derechas españolas. Una estrategia centrada en mutualizar a su favor la desafección política de la ciudadanía, para desmovilizar a la izquierda y fortalecer, en sentido contrario, a los más feroces oponentes del Gobierno “social-comunista”, posibilitando de este modo su triunfo electoral y su acceso al poder.