Euskadi pide que el tope a los precios de los alimentos no ahogue a los productores locales

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, es la portavoz para todo en el Gobierno vasco en un contexto de zozobra económica, de crisis energética o incluso de sequía. Y ha sido ella la encargada también de valorar la propuesta realizada en elDiario.es por la vicepresidenta del Gobierno de España y cabeza visible del ala de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, de limitar los precios de los alimentos básicos como se han controlado en los últimos años los precios del gas o incluso de las mascarillas. Tapia entiende que “la propuesta no es mala para las familias” por la incuestionable inflación pero entiende que una medida así no puede implementarse a costa de ahogar a los productores locales.

“Hay que preguntarse cómo se va a hacer”, señala Tapia, que remarca que muchos sectores están ya en pérdidas -ha citado la leche, la carne o los huevos- por incrementos de costes motivados por la falta de agua, la carestía de la energía o problemas con la cadena de suministro. Su tesis es muy simple: “Se debe establecer algún mecanismo de ayuda, pero si queremos que el litro de leche cueste, por ejemplo, 50 céntimos, eso no puede significar que el ganadero vaya a asumir las pérdidas. El precio del cereal sube y no se puede pretender que los 50 céntimos en lineal los asuman los ganaderos”. La titular de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente pide que se diferencie claramente la intervención en el mercado energético de esta otra posibilidad porque los productores locales, en muchos casos, son pequeños y “no hay beneficios caídos del cielo”. “Igual desaparecen explotaciones”, alerta Tapia.

En todo caso, como es habitual a cada paso o propuesta llegado del Gobierno de España, Euskadi responde que ya tiene su propia 'hoja de ruta'. En este ámbito, Tapia menciona el denominado Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, una medida presentada en la primera mitad de este año. Precisamente su eficacia fue objeto en julio de una de las últimas iniciativas parlamentarias del pasado curso político. Miren Gorrotxategi, portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento, preguntó a Tapia por escrito por las medidas adoptadas por este organismo en busca de “precios justos”.

En su respuesta, el Ejecutivo remarca que “ni sería una práctica legal” ni entra en las competencias autonómicas establecer precios frente al mercado. En todo caso, sí asume como reto que el observatorio publique “los costes de referencia” de “determinados productos estratégicos”. Como es algo que implica la recogida de “cuantiosa información” y conocer todas las vicisitudes en cada eslabón de la cadena de distribución, el Gobierno pospuso para “después del verano” la publicación de los “primeros informes” sobre el sector de la alimentación, por lo que dado el tiempo transcurrido deberían llegar en un corto plazo. En todo caso, Tapia insiste en que el Gobierno se reúne con “carácter frecuente” con los sindicatos del primer sector “y con otros agentes sectoriales” para conocer sus demandas.

Elkarrekin Podemos-IU muestra también en la Cámara interés en conocer si tiene planes en cartera el Gobierno para impulsar las inspecciones y garantizar así el cumplimiento de la legislación en materia de cadena alimentaria. La respuesta de Tapia indica que el Ejecutivo “realiza los oportunos controles” en relación a los “contratos de la leche”. Para otras inspecciones “fuera del paquete lácteo”, explica Tapia, se prevé “la creación de un nuevo servicio para el desarrollo de estas funciones” y “se está a la espera” de su constitución, a expensas concretamente de una solicitud desde el área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a la de Gobernanza Pública y Autogobierno, que es la competente en materia de personal. Solamente entonces se diseñará un plan de inspecciones más amplio, indica el Ejecutivo.