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El Gobierno de Urkullu corrige la ley de memoria histórica pero el Parlamento no reiniciará su tramitación

La comisión de Derechos Humanos del Parlamento, esta semana en Colombia

A través de dos escritos, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha confirmado al Parlamento Vasco que por “error” en el “envío” la Cámara estuvo tramitando durante cuatro meses una versión no definitiva de la nueva ley de memoria histórica y democrática, uno de los proyectos legislativos más señeros de la legislatura y que estaba pendiente de mandatos anteriores. En este escenario inédito, el Ejecutivo ya ha enviado el texto final que aprobó en verano y presentó a los medios de comunicación y la Mesa del Parlamento, reunida este miércoles, ha decidido considerar que los cambios no son sustanciales y “admitir a trámite” un nuevo texto -el procedimiento ordinario implica una votación en el pleno- y continuar los trabajos en el mismo punto en que se quedaron.

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En un breve comunicado, la institución presidida por Bakartxo Tejeria (PNV) ha explicado que “decae el proyecto de ley anteriormente presentado con el mismo título” y que se admite a trámite la nueva versión. “La Mesa entiende que las modificaciones del nuevo texto no son sustanciales y que, por lo tanto, las comparecencias realizadas durante la tramitación anterior del proyecto de ley pueden ser consideradas suficientes para informar sobre el nuevo proyecto de ley. No obstante, se somete al criterio de la comisión competente la pertinencia o no de la realización de las posibles comparecencias”, se lee en esa nota del órgano de gobierno parlamentario, en la que los partidos que sustentan al Ejecutivo de Urkullu, PNV y PSE-EE, tienen tres de los cinco asientos.

Los errores en la ley de memoria histórica fueron denunciados la pasada semana por la coalición PP+Cs. Su portavoz, Carmelo Barrio, habló de “falta de rigor y desprecio al procedimiento legislativo”. Como ejemplos de los errores mencionaba que el plazo temporal de reconocimiento de las víctimas era una versión hasta el Estatuto de 1979 y en otra hasta la Constitución de 1978, y alertaba igualmente de que uno de los textos tenía un artículo de más que luego desaparecía. En uno de los dos informes enviados ahora, el Instituto de la Memoria (Gogora) menciona también media docena de artículos con matices diferentes en su redacción en euskera, en concreto la Exposición de Motivos y los puntos 3, 6, 8, 16 y 17.

Para Barrio, “el proyecto ha cambiado de una manera bastante importante” e insiste en exigir ante la Cámara “el trámite completo”. Desde Colombia, donde precisamente esta reunida en un viaje oficial la comisión de Derechos Humanos que tramita esta ley, afirma que no pueden darse por buenas las valoraciones de los expertos sin más y adelanta un “recurso” al menos ante la Mesa para que reconsidere su posición. Además, va a interpelar a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno y responsable de los servicios jurídicos del Gobierno, Olatz Garamendi, en la próxima sesión de control, prevista para el 4 de febrero.

El proyecto de Ley de Memoria Histórica de Euskadi fue aprobado en julio. Llegó una semana después de la reforma presentada por el Ejecutivo central y en fechas próximas al 85 aniversario del golpe de Estado que desembocó en la Guerra Civil y en la dictadura franquista. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, solemnizó entonces que sus objetivos son “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”. Entre las medidas contempladas se prevé un control administrativo -complementario al penal- de los mensajes de exaltación de la dictadura y de blanqueamiento del golpe de Estado y se prevén sanciones de hasta 10.000 euros y, en caso de “reincidencia”, de hasta 150.000 euros.

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