El Parlamento rechaza que Euskadi deje de equiparar la gestación subrogada en permisos de funcionarios y ayudas

El Parlamento Vasco ha rechazado eliminar los casos de gestación subrogada de dos normativas vascas que los equiparan a las adopciones ordinarias o a los nacimientos, como son los permisos de los funcionarios o las ayudas a la natalidad. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, pero también EH Bildu, PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra de una propuesta lanzada en este sentido del grupo Elkarrekin Podemos-IU. La Cámara ha cerrado sin ningún acuerdo el debate sobre los denominados 'vientes de alquiler', ya que tampoco ha apoyado un texto de Ciudadanos para regular y liberalizar esa práctica y otro más genérico del PP que pedía elevar al Congreso de los Diputados el asunto para que lo aborde en una ponencia o subcomisión.

La parlamentaria de la parte de Podemos del grupo de izquierdas Isabel González ha constatado que “comprar bebés es ilegal” y, además, que “pone los cuerpos de las mujeres pobres al servicio del capital”. Por ello, ha demandado que se tenga en consideración también a las mujeres gestantes y las consecuencias completas de esta práctica en todos los aspectos. En Euskadi, como publicó este periódico en 2023 cuando el asunto saltó a la primera línea por el caso de Ana Obregón, un empleado público que traiga un bebé adquirido por este sistema tendrá las mismas licencias laborales que quien complete un proceso de adopción internacional. Asimismo, los 200 euros mensuales durante tres años que abona a las familias la Administración vasca dentro de su plan de fomento de la natalidad también equiparan estos supuestos.

PSE-EE y EH Bildu, que se han mostrado contrarios a la gestación subrogada, han destacado que una vez registrado el menor pasa a tener derechos. “No nos parece que podamos entrar a limitar los derechos de estos niños. ¿Tiene culpa este bebé por cómo ha sido concebido? Creo que no”, ha señalado Gloria Sánchez, quien ha enfatizado que el Parlamento dará luz verde en una semana una nueva ley de infancia y adolescencia que precisamente prioriza los derechos de los menores por encima de todo. “Tenemos que cuidar el interés superior del menor”, ha señalado Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu, que ha alertado contra la “estigmatización” o “revictimización” de estos bebés.

El PNV ha tenido un papel mucho más de perfil en el debate y se ha limitado a recalcar que la competencia reguladora en esta materia no está en el Parlamento Vasco. En España es una práctica ilegal desde 2006 y con un refuerzo por normativa estatal desde 2023.

El promotor del debate ha sido Ciudadanos, que ha hecho un claro alegato a favor de regular esta práctica siempre que sea “altruista”. ¿El resultado? Un solo voto a favor de 75 escaños que tiene el Parlamento Vasco. Vox ha replicado con firmeza que “es una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer” y que toca estar “absolutamente en contra de la pérdida de los derechos de la mujer y de su hijo natural”. El naranja José Manuel Gil ha ironizado que el discurso de Amaia Martínez Grisaleña se ha parecido al de Podemos. “No pasa nada. A veces los extremos se tocan”, ha bromeado.

El grupo de Elkarrekin Podemos-IU ha intentado hacer una votación de su propuesta por puntos para salvar el resto de contenidos de la enmienda dando por perdido lo relativo a frenar la equiparación en permisos y prestaciones. No ha sido así y la iniciativa de González se ha quedado con los votos de dos parlamentarios de Podemos, ella misma y Gustavo Angulo, y de sus dos compañeros de bancada de IU, Jon Hernández e Iñigo Martínez Zatón.