La Seguridad Social plantea abrir sus bases de datos para permitir el acceso del Gobierno vasco

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Andrés Harto Martínez, tienen lista para la firma una propuesta convenio de intercambio de información que facilitará a la Administración autonómica el acceso en tiempo real a las bases de datos de la Seguridad Social para comprobar, por ejemplo, si una entidad que pide una subvención está al corriente de pagos con los trabajadores. “En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones públicas, los representantes de ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus fines el disponer de mecanismos estables de intercambio de información y de colaboración que incluso permitieran a los usuarios de cada lado acceder de forma transparente, sencilla e inmediata a la información afectada por el presente convenio”, se puede leer en el borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico.

No es el primer convenio con la Seguridad Social. En 2021, de hecho, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) suscribió un memorándum para contar con más medios para luchar contra el fraude en las ayudas sociales -una ley que está siendo objeto de reforma- y también el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) colabora con este elefantiásico organismo estatal. En el caso de Lanbide, según fuentes gubernamentales, ha permitido “triplicar” los datos que se analizan en la revisión de expedientes. No solamente se detectan más rápido las irregularidades sino que se pueden ajustar las cuantías de las prestaciones conociendo en todo momento si los perceptores entran o salen del mercado laboral, lo que luego reduce posibles pagos indebidos. Este pacto, en cambio, tiene carácter general y extenderá lo que ya se hace en Lanbide a otros ámbitos. Ya existen acuerdos similares al menos con Cantabria o la Comunidad de Madrid, ambos recogidos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La vigencia prevista para este convenio es de cuatro años, hasta finales de 2026 si se firmase ahora.

Fuentes del área de Gobernanza Pública y Autogobierno inciden en que todavía están pendientes de varios trámites para que se firme el convenio y no dan por definitiva su redacción. Faltarían informes jurídicos y, en última instancia, el visto bueno del Consejo de Gobierno, como ocurrió con el de Lanbide. Estas fuentes no fijan plazos para el posible acto formal de firma.

En paralelo, el Gobierno vasco y singularmente la consejera Garamendi mantienen ante el de España la reclamación de la transferencia de todas las competencias pendientes del Estatuto de 1979. En su momento se elaboró un calendario ya superado por variadas circunstancias. En el caso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que podría implicar la tramitación de expedientes y el abono de prestaciones, aunque no la aprobación de la normativa, la definición de las cuantías o la ruptura de la 'caja única' estatal, el único compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez fue el de estudiar el posible traspaso. Es una materia nunca cedida a una comunidad autónoma. El PNV, en todo caso, vio como precedente que se transfiriera al Gobierno autonómico la competencia de gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En este borrador de convenio, se recoge expresamente una lista de ocho materias en las que Euskadi tiene competencias plenas y que requieren, para su mejor ejercicio, de un cruce de información con la Seguridad Social. Son la ejecución de la legislación laboral, las políticas activas de empleo, el apoyo a la creación de empresas, prestaciones y pensiones asistenciales, las políticas de dependencia, la RGI, la concesión de subvenciones y contratos o la propia asistencia sanitaria, aunque lo que antes se conocía como “la Seguridad Social” hace ya años que se sufraga con impuestos.

Se alega que se busca “agilidad en los procedimientos administrativos” con un “sistema estable de intercambio de información” que “incluso permita el acceso directo a las bases de datos de la otra parte a través de las pertinentes conexiones informáticas”. En concreto, la Tesorería abrirá a la comunidad autonómica su “fichero general de afiliación”. Eso proporcionará información directa de inscripción de empresas, afiliados, cotizaciones o recaudación de cuotas. Así, cuando una entidad pida una subvención podría serle denegada de manera automática por no estar al corriente con sus trabajadores. A cambio, la Seguridad Social podrá demandar a la Administración autonómica datos “para el ejercicio de sus competencias”, “en particular la que sea determinante para autorizar la inscripción de empresas y la inclusión de trabajadores”, gestiones “recaudatorias” o tareas de “lucha contra el fraude”.

La cláusula tercera indica que el cruce de datos puede hacerse con peticiones de información o con “acceso directo a las bases de datos”. “Debido a la frecuencia e intensidad con la que son necesarios los intercambios de información para el cumplimiento de las finalidades indicadas en este convenio, se permitirá el acceso recíproco tanto a las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social como a las de la Administración de la comunidad autónoma”, si bien “en ningún caso” para “finalidades distintas” a las tasadas. Por ello, “con carácter previo a la interconexión informática”, se ajustarán los permisos de acceso y se regularán políticas de confidencialidad y trazabilidad. Habrá una comisión para supervisar el funcionamiento del acuerdo.