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Euskadi mantiene el Impuesto del Patrimonio pactado con el PP: “No vamos a participar en la pesca de los ricos”

Urkullu, con Moreno Bonilla, en una conferencia de presidentes durante la pandemia

Iker Rioja Andueza

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El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha acompañado con una larga reflexión sobre las singularidades fiscales forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra su análisis sobre la retirada del Impuesto del Patrimonio en Andalucía, que sigue a Madrid, ambas en manos del PP. Aunque públicamente se rebajan ya las acusaciones a los ‘populares’ de prácticas “dumping” o de montar “paraísos fiscales” -palabras de Iñigo Urkullu contra Isabel Díaz Ayuso en noviembre de 2021-, se incide en que los territorios forales -al menos los de Euskadi- no van a entrar en carreras tributarias. “No vamos a participar en la pesca de los ricos”, ha ironizado Zupiria, que ha afirmado que la reforma fiscal llegará cuando toque, una vez cumplidos los objetivos del modelo vigente que precisamente fue pactado por los partidos que gobiernan en Euskadi y en las tres diputaciones -PNV y PSE-EE- con el PP, entonces liderado por Alfonso Alonso.

Aunque la comunidad autónoma como tal no tiene competencia alguna en materia fiscal -menos que las de régimen común, porque las Haciendas son forales-, Zupiria sí ha aportado algunos datos globales sobre la incidencia del Impuesto de Patrimonio. Son 150 millones anuales los que se recaudan, aproximadamente, y 16.000 los contribuyentes. En comparación, el presupuesto de Educación supera los 3.000 millones y el de Salud los 4.000.

Aunque el portavoz ha señalado que apenas representa el 0,28% de la carga fiscal total, dando a entender que no tiene gran relevancia recaudatoria, luego ha venido a decir que cada céntimo cuenta. Las cuentas “tienen que ser equilibradas” para “garantizar un nivel de ingresos” que permita afrontar “las políticas de solidaridad”, que “son una seña de identidad” vasca. “Es necesario un compromiso de cara a los ingresos”, ha añadido.

En todo caso, ha insistido en que las autonomías de régimen común tienen un sistema muy diferente al foral. De hecho, no preocupa en absoluto el globo-sonda de José Luis Escrivá para recentralizar competencias fiscales autonómicas. Ha enfatizado que el Concierto Económico es una figura recogida en la Constitución y que cualquier ajuste ha de ser pactado de forma “bilateral” entre el Estado y la parte vasca. Es más, ahora se trabaja para incorporar al catálogo de impuestos concertados el nuevo gravamen a las energéticas, un acuerdo necesariamente político porque no ha sido tramitado técnicamente como impuesto.

En Euskadi, el único cambio fiscal a corto plazo es la deflactación de todos los tramos del IRPF. Es un concepto que permite subir los umbrales para que una posible subida de rentas no implique pagar más impuestos y compense la inflación. Se acordó un 4% adicional en julio, lo que deja la deflactación general en el 5,5% en 2022. Se da la circunstancia de que está apoyada expresamente por el PSE-EE, cuando los socialistas no lo comparten en Navarra ni en el conjunto de España al entender que no es una medida progresiva y que beneficie especialmente a las rentas más bajas.

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