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Euskadi deflacta un 4% adicional los impuestos para poner “más dinero en el bolsillo” por la inflación

Urkullu, en Vitoria

Iker Rioja Andueza

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El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha ejercido de portavoz de las tres Haciendas vascas y ha anunciado este jueves seis ajustes fiscales estimados en 250 millones de euros para combatir la inflación y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. De la mano de los tres diputados generales, el alavés Ramiro González, el guipuzcoano Markel Olano y el vizcaíno Unai Rementeria, que no han tomado la palabra en ningún momento en la comparecencia conjunta, el lehendakari ha defendido la capacidad de respuesta “permanente” de las instituciones vascas con planes extraordinarios desde que llegó la COVID-19. La pieza principal del paquete de medidas es la deflactación de todos los tramos del IRPF en un 4% adicional, que hace un 5,5% total sumado lo ya previsto. “Deflactar significa que todas las personas y familias van a disponer de más dinero en su bolsillo”, ha explicado Urkullu. Este concepto trata de evitar que subidas de ingresos que no redundan en subidas de poder adquisitivo no supongan una penalización fiscal.

La otra cara de la deflactación es un “ajuste en la tabla de retenciones aplicable a los rendimientos de trabajo a partir de septiembre” para ajustarlas ya a las nuevas previsiones. Además, Urkullu y los diputados generales han presentado una “minoración de la cuota de hasta 200 euros” aplicable en contribuyentes del IRPF con hasta 35.000 euros de ingresos. Hasta 30.000 euros será un descuento lineal y de 30.000 a 35.000 será una rebaja progresiva, han precisado las autoridades. Asimismo, las ayudas de 200 euros para personas con menos de 14.000 euros de renta promovidas por el Estado quedarán exentas. Igualmente, en el tercer y cuatro trimestre de 2022 se suspenderán los pagos fraccionados de los autónomos y también para empresas con un volumen de operaciones “inferior a 50 millones de euros, siempre y cuando no estén incluidas en un grupo de consolidación fiscal”.

Urkullu ha estimado que “estas medidas suponen un esfuerzo fiscal de 250 millones de euros”. Son 140 millones de euros para los contribuyentes del IRPF y 110 para “las más vulnerables”. “No es una bajada de impuestos. Pero sí supone una menor recaudación”, ha precisado el lehendakari. Además, ha enfatizado que desde principios de 2020 el esfuerzo presupuestario de “carácter extraordinario” del Ejecutivo autonómico “asciende a 1.569 millones de euros”. Preguntado por la cifra elegida para la deflactación -5,5%- y la diferencia con los datos de inflación de hasta el 10%, Urkullu ha defendido que este dato cubre la denominada inflación “subyacente” más allá de picos superiores de algunos meses. “Queremos aportar a la ciudadanía una cierta esperanza de cara al futuro”, ha subrayado el lehendakari, que ha destacado que las instituciones vascas pueden actuar al margen de las políticas comunes del Estado por su “singularidad” y por el Concierto Económico.

Preguntado por si la reducción de la recaudación acarreará recortes, Urkullu ha negado la mayor. “Quiero transmitir que el planteamiento del presupuesto de 2023 sigue siendo inversor y de garantía de las políticas sociales. Lo que pueda ser una merma no va a ir en detrimento de las políticas sociales”, ha enfatizado Urkullu. En todo caso, sobre los ingresos el lehendakari ha avisado de que tocará reunir la comisión mixta del Concierto Económico en próximas fechas para adaptar a la autonomía fiscal de los territorios vascos los nuevos tributos creados en el Estado, como los que afectan a la banca y a las empresas energéticas.

Las medidas por la situación económica -“sabemos lo que sienten los ciudadanos”- no se limitarán a estos ajustes fiscales y a los planes de subvenciones ya anunciados. Este mismo viernes, según ha recordado Urkullu, ya se presentarán unas primeras medidas de ahorro de consumo de energía fruto de una reunión del Ejecutivo de nuevo con las diputaciones y con los ayuntamientos. En todo caso, estas primeras decisiones afectarán al día a día de la Administración y de momento no se trasladarán recomendaciones a empresas y particulares. “No podemos exigir a los ciudadanos nada que nosotros no nos apliquemos”, ha señalado Urkullu sobre el carácter “ejemplarizante” que se quiere dar a ese primer paso.

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