Los sindicatos arrancarán la negociación del ERE de Tubos Reunidos con dos días de huelga en la planta de Amurrio
Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Trápaga han constituido este lunes la mesa negociadora que abordará las condiciones del ERE que la dirección de la empresa anunció el pasado viernes para las dos plantas. Será una única mesa negociadora para los dos centros de trabajo, tal y como lo ha planteado la dirección, y celebrará el primer encuentro con la parte empresarial el próximo lunes día 9 de febrero en la planta de Amurrio. Ese mismo día los trabajadores de la planta alavesa llevarán a cabo un paro de 24 horas, coincidiendo con la reunión en la que se conocerá la primera cifra de trabajadores afectados por el ERE. La huelga se repetirá el día 13, día en el que está previsto un encuentro con el Gobierno vasco y con la Diputación de Álava. A falta de conocer las cifras de los despidos, la negociación se prevé dura y conflictiva.
La mesa negociadora que se ha constituido este lunes estará conformada por ocho representantes sindicales de Amurrio y cinco de Trápaga. La mayoría la tendrá ELA, con cinco representantes, seguida de UGT con tres, CCOO y LAB con dos miembros cada uno, y un representante de ESK. Los sindicatos han celebrado este primer encuentro después de que la dirección comunicara el pasado viernes el ERE, que se prevé que afectará a un número importante de trabajadores. Cómo mínimo más de 130, ya que la legislación obliga a plantear un expediente de regulación de empleo cuando va a afectar a como mínimo a un 10% de la plantilla. Entre las dos empresas suman alrededor de 1.300 trabajadores.
Aunque los sindicatos quieren esperar a conocer las cifras que la dirección les coloca sobre la mesa para hacer valoraciones, de entrada, su oposición al ERE es rotunda y, en principio quieren dar una respuesta unitaria a lo que les comunique la empresa, por lo que han decidido que se acatarán las decisiones que por mayoría adopten desde el comité. Desde el sindicato mayoritario, ELA, han rechazado el ERE y han advertido de que “tomarán medidas para hacer frente a lo que considera un grave ataque a las plantillas”, aunque esperarán a que se celebre la primera reunión para valorar la situación.
El representante de LAB, Oier Bidaurrazaga, ha manifestado tras la reunión de los sindicatos, que ha durado toda la mañana, su rechazo a que “se pretenda hacer pagar a la plantilla una situación coyuntural y decisiones estratégicas fallidas, cuando la empresa ha recibido más de cien millones de euros de dinero público para garantizar la viabilidad industrial y el empleo. Tubos Reunidos no es una empresa abandonada a su suerte. Ha contado durante años con ayudas públicas, avales del Estado y ERTE financiados por toda la sociedad. Una empresa sostenida con dinero público no puede despedir personas trabajadoras”, ha señalado. En este sentido, ha recordado que las instituciones tienen una parte importante de responsabilidad porque “han sido parte activa de este proceso”. “LAB no acepta ningún ERE ni destrucción de empleo. Apostamos por la activación, la organización y la lucha colectiva para defender el empleo, las plantas de Amurrio y Trápaga”, ha insistido.
Tubos Reunidos anunció el pasado viernes la presentación del ERE por la “compleja situación económica y el contexto internacional”. La dirección aseguró en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su intención es buscar “la viabilidad y el mantenimiento de la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible”.
La empresa pasa por un momento difícil, lastrada sobre todo por los aranceles que ha impuesto Donald Trump a la exportación de acero. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos supone el 50% de su mercado. El primer semestre de 2025 lo cerró con unas pérdidas de 28,4 millones de euros, y acumula una deuda de 244 millones de euros. Esta situación le llevó a aplicar un ERTE en su planta de Amurrio desde el 1 de septiembre de 2025, que aún sigue vigente. Por eso, aunque los sindicatos no esperaban un despido colectivo, eran conocedores de las dificultades de la empresa. En octubre tuvo que cesar la actividad de la planta que tiene en Estados Unidos porque en ella se trata el producto final y los tubos exportados desde Euskadi tienen que pagar aranceles.
El hecho de que esta empresa vaya a despedir en estos momentos a cientos de trabajadores es más grave aún porque fue rescatada por la SEPI hace cinco años. En concreto recibió en 2021 un total de 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), que salvaron a la compañía de la quiebra. Precisamente ese préstamo está ahora en el punto de mira judicial. La Audiencia Nacional investiga presuntas 'mordidas' pagadas por la empresa, de hasta 114.950 euros según el magistrado instructor, supuestamente para engrasar el rescate de la SEPI y que finalmente se concediera. El juzgado trata de determinar si fue el expresidente de SEPI, Vicente Fernández Guerrero, reconvertido en asesor de Tubos Reunidos “hasta hace unos meses”, el que medió a cambio de dinero para ello.
Ya en 2023, después de ser rescatada por la SEPI se sometió a los trabajadores de Amurrio a un ERTE por la caída de pedidos, pese a que entonces los resultados no eran malos. En los seis primeros meses de 2023 consiguió superar ya los beneficios obtenidos en todo el año 2022, pero los pedidos empezaron a reducirse drásticamente.
El anuncio del ERE llegó el viernes justo un día después de un cambio en la dirección de la compañía. El pasado jueves el consejo de administración de Tubos Reunidos nombró a Joaquín Fernández de Piérola presidente no ejecutivo de la compañía, tras la dimisión de Josu Calvo, que ocupaba este puesto. Calvo explicó que su dimisión se debió a circunstancias “sobrevenidas”, debido al “aumento considerable” de la dedicación que requiere la sociedad, lo que le impediría desempeñar el cargo “en las condiciones de excelencia y compromiso que exige el buen gobierno corporativo”.