Tubos Reunidos aplicará un ERE en sus plantas de Amurrio y Trápaga ante la “compleja situación económica” que atraviesa

Tubos Reunidos pondrá en marcha un ERE en sus plantas de Amurrio (Álava) y Trápaga (Bizkaia) ante la “compleja situación económica y el contexto internacional”. La empresa -que cotiza en Bolsa- ha enviado la comunicación este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a los comités de empresa de ambas plantas productivas a los que ha citado a una reunión el próximo 9 de febrero en las instalaciones de la planta alavesa, que es la más grande, con 850 trabajadores.

La dirección asegura que se trata de buscar “la viabilidad y el mantenimiento la actividad industrial sostenible y del empleo asociado, con el menor impacto social posible”. Será en la reunión del día 9 cuando la empresa presente a los comités de empresa cómo afectarán los despidos a cada una de las plantas.

El anuncio de ERE llega justo un día después de que la empresa comunicara cambios en la dirección. El pasado jueves el consejo de administración de Tubos Reunidos nombró a Joaquín Fernández de Piérola presidente no ejecutivo de la compañía, tras la dimisión de Josu Calvo, que ocupaba este puesto. Calvo explicó que su dimisión se debió a circunstancias “sobrevenidas”, debido al “aumento considerable” de la dedicación que requiere la sociedad, lo que le impediría desempeñar el cargo “en las condiciones de excelencia y compromiso que exige el buen gobierno corporativo”.

La empresa no pasa por su mejor momento. El primer semestre de 2025 lo cerró con unas pérdidas de 28,4 millones de euros, como consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump. Acumula una deuda de 244 millones de euros. Esto le llevó a aplicar un ERTE en su planta de Amurrio, donde trabajan 859 desde el 1 de septiembre de 2025. En Trápaga trabajan otras 550 personas. En octubre tuvo que cesar la actividad de la planta que tiene en Estados Unidos porque en ella se trata el producto final y los tubos exportados desde Euskadi tienen que pagar aranceles. El mercado americano es uno de los más importantes para la empresa, de ahí el impacto de la política arancelaria en su cuenta de resultados.

Tubos Renidos fue rescatada por la SEPI hace cinco años tras la pandemia de COVID-19. Recibió en 2021 un total de 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), que salvaron a la compañía de la quiebra, ya que en 2020, en plena pandemia, los números rojos superaron los 101 millones de euros, el doble que en 2019. Precisamente ese préstamo, que se hizo esperar y que permitió a la empresa volver a los números positivos -en 2022 ganó 43,5 millones de euros, el mejor resultado del grupo desde el año 2008- está ahora en el punto de mira judicial. La Audiencia Nacional investiga presuntas 'mordidas' pagadas por la empresa, de hasta 114.950 euros según el magistrado instructor, supuestamente para engrasar el rescate de la SEPI y que finalmente se concediera. El juzgado trata de determinar si fue el expresidente de SEPI, Vicente Fernández Guerrero, reconvertido en asesor de Tubos Reunidos “hasta hace unos meses”, el que medió a cambio de dinero para ello, según se desprende de la documentación conocida de la causa abierta, y en la que están imputados también Leire Díez y el empresario vasco Antxon Alonso.