Tubos Reunidos se aferra a la lotería del concurso de acreedores para lograr una quita de la deuda
Tubos Reunidos entró en concurso de acreedores voluntario el pasado lunes, 4 de mayo. A partir de ahora, la gestión de la empresa pasa a estar tutelada por el juzgado, que designará un administrador concursal, y juntos determinarán en cierto modo el futuro, si es que lo tiene, de esta empresa vasca que se fundó en 1892. En la comunicación en la que la empresa anunciaba que entraba en concurso, apuntaba como argumento principal para la solicitud la “situación de insolvencia inminente”. Es decir, que la compañía no se encontraba en posición de hacer frente a sus pagos más allá del mes de mayo. Una situación de caída al vacío que la entrada en concurso ha frenado casi en el borde del precipicio, porque permite a la compañía literalmente dejar de pagar sus deudas. De hecho, hasta hace no mucho el concurso de acreedores se denominaba suspensión de pagos.
Con esta declaración la empresa impide que se sigan acumulando las deudas y los intereses, o que lleguen posibles embargos. Todo queda en suspenso y los acreedores cobrará en el orden que marca la Ley Concursal y el juez -magistrada en este caso, María Teresa Trinidad Santos, titular del juzgado de lo Mercantil de Vitoria-, de acuerdo con el administrador concursal que todavía no está nombrado. Ésa es la primera ventaja que tiene la empresa de la declaración de concurso, teniendo en cuenta que acumula una deuda de 260 millones con unos intereses que engordaban cada día y que, mientras tenía que seguir aportando pagos, prácticamente carecía de ingresos, con la planta de Amurrio paralizada por la huelga indefinida. Aunque la situación de insolvencia, todo hay que decirlo, viene de mucho tiempo atrás, pese a que el parón de la planta de Amurrio haya podido ser la puntilla.
La segunda ventaja con la que cuenta Tubos Reunidos es que la deuda de Sepi, el principal escollo en la reordenación de los pagos que necesita la empresa, adquiere una dimensión diferente cuando entra en juego la tutela judicial que supone el concurso. Hasta ahora la Sepi, con la que Tubos Reunidos tiene una deuda de casi 150 millones, se había mostrado favorable a aplazar intereses, es decir, a alargar los plazos. Pero esto no es suficiente para salvar la situación de la empresa, ya que los intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y la Sepi no lo considera jurídicamente inviable, porque el trato hacia Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, concedidos a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE) para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de la COVID-19, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Sin embargo, la tutela judicial cambia la situación.
Si la jueza, de acuerdo con el administrador, establece con los acreedores una quita de la deuda, es decir, una reducción, porque hay posibilidades con ello de salvar la empresa, también entraría en esa quita el crédito de la Sepi, o al menos una parte de él, la que tenga consideración de crédito ordinario y que, por lo tanto, no tenga privilegio de cobro. Es decir, que aunque todavía todos los escenarios están abiertos, la Sepi podría perder parte de los fondos públicos que invirtió en 2021 para evitar entonces la quiebra de la empresa. Es, además, un crédito cuya concesión está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos un tiempo, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo.
De momento, cuando la jueza designe un administrador concursal, este tendrá que elaborar un informe económico que permita analizar la situación y ver las posibilidades que se abren que básicamente son dos. La primera, y en mejor de los escenarios, una quita de la deuda que permita hacer la empresa atractiva para un posible inversor. Si Tubos Reunidos elimina parte del laste de la deuda, puede abrirse la posibilidad de que entre un comprador que permita la continuidad de la empresa, en su totalidad o en parte. Como ha repetido muchas veces el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en los últimos meses, “¿quién va a entrar a comprar un piso que tiene una hipoteca de más de cinco veces el valor del piso?” “No va a entrar nadie. Hay que reestructurar esa deuda”, plantea. Si esto no es posible, poniéndose en el peor de los escenarios, se irá a una liquidación de los activos para repartir lo que se pueda entre los acreedores.
La situación de Tubos Reunidos es muy compleja. Primero porque, además de su deuda de 260 millones, acumula unas pérdidas de 118 millones de euros. Y segundo, por el producto que fabrica que está sometido en estos momentos a las fuertes restricciones de la política arancelaria de Donald Trump y, por lo tanto, hoy por hoy no parece muy atractivo. Aún así, el escenario que se abre ahora bajo tutela judicial ha servido a otras empresas a encontrar una salida, que es el principal motivo de la declaración de concurso. Algunos ejemplos que han afectado a empresas importantes se han resuelto de manera satisfactoria recientemente o están en vías de hacerlo.
Por ejemplo, Vicinay Cadenas. La empresa vizcaina entró en preconcurso de acreedores en julio de 2025, pero finalmente evitó entrar en concurso de acreedores. La compañía consiguió que sus acreedores aceptasen una quita de la deuda de un 93%, que ascendía a unos 125 millones de euros, en un acuerdo que se suscribió el pasado mes de febrero. Todo ello gracias que la empresa contó desde el primer momento con la propuesta de inversor sobre la mesa, Dámaso Quitana, presidente de Haizea Wind, que se ha hecho cargo de la compañía que es líder en el negocio de cadenas para 'oil&gas', eólico marino flotante y naval, a la que inyectará 60 millones de euros. La Sepi también es uno de los acreedores de Vicinay, con la que se ha pactado un aplazamiento y una rebaja del tipo de interés.
Astilleros Balenciaga es otro ejemplo de concurso de acreedores con final satisfactorio. Entró en el proceso a finales de 2024 y un año después se firmó el protocolo de compra por parte del consorcio Safeen Drydock, que conforman la empresa de Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi Port Group y la americana Premiere Marine. La operación, por valor de 11,2 millones de euros, garantiza la continuidad de la empresa y el empleo del astillero de Zumaia. Los compradores saldaron con el precio de compra la deuda, y se hicieron con la propiedad de todos los activos de la empresa, instalaciones, maquinaria o derechos de la propiedad industrial e intelectual.
También los contratos que están en curso, ya que es un astillero que entró en concurso con carga de trabajo. En el caso de Balenciaga la solución también llegó mediante una quita de la deuda que aceptaron los acreedores, entre los que se encuentra la Compañía Española de Financiación el Desarrollo (Cofides), que depende del Ministerio de Economía, y que aceptó la quita de parte de la deuda con lo que se rebajó casi a la mitad su pasivo, de 15 a 8,6 millones de euros. Si en el caso de Tubos Reunidos el principal acreedor es la Sepi, en el de Balenciaga era Cofides, por lo que al aceptar la quita el organismo público, le siguieron el resto de acreedores posibilitando así su compra.
La papelera guipuzcoana Papresa acumula deudas de 70 millones y entró el pasado mes de abril en concurso de acreedores. A finales del mes pasado el CL Grupo Industrial, con el que se estaba en negopciación, concretó una oferta vinculante por 39,3 millones de euros y asunción de 148 empleos, un 72% de la plantilla. La citada oferta contempla la adquisición de las dos principales líneas de producción de la empresa papelera, la máquina de papel prensa y la de cartón para embalaje. En estos momentos, el proceso sigue abierto.
A la espera de que se concrete la venta de Papresa, Euskadi tiene también casos sonados de concursos de acreedores que han terminado en liquidación. Por ejemplo el caso del astillero de La Naval de Sestao. Los gestores solicitaron el concurso en 2017 y no se cerró el proceso hasta 2023, seis años después, y no de forma muy satisfactoria para los acreedores. Fue imposible encontrar un comprador y se decidió una venta por partes de sus activos.
Los terrenos eran el principal activo, 300.000 metros cuadrados que fueron adquiridos por la multinacional belga VGP, para levantar un parque logístico que deberá tener un 51% de peso industrial. Aunque ya se ha desmantelado el astillero, la finalización del proyecto lleva mucho retraso. En cualquier caso, en la liquidación, los acreedores perdieron mucho dinero. Por estos terrenos VGP pagó 40 millones de euros, y La Naval tenía una deuda de más de 152 millones de euros.
Antes se vivió una de las quiebras más sonadas, la de Fagor, una de las grandes empresas del grupo Mondragon. En octubre de 2013 Fagor Electrodomésticos anunció que entraba en preconcurso de acreedores. Necesitaba urgentemente de Mondragon y a las instituciones vascas porque acumulaba una deuda de más de 800 millones. Un mes después presentaba el concurso de acreedores voluntario al no haber alcanzado un acuerdo de financiación que le permitiera poner en marcha su plan de reestructuración. Un año después, 18 de marzo de 2014, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia abrió la fase de liquidación de Fagor Electrodomésticos y de sus filiales en España Edesa, Grumal y Proiek.
Hoy de Fagor Electrodomésticos sólo queda la marca del logotipo rojo, que sigue siendo propiedad de Mondragon a través del Grupo Fagor. Desde el año 2020, bajo el nombre de Fagor Electrodoméstico -se le ha quitado una 's' a la marca original-, se comercializa la línea blanca de la empresa polaca Amica, que vio en la denominación de la antigua cooperativa la forma de entrar en el mercado español. Otras empresas como EuroMénage o Rhoiniter ponen el logotipo de Fagor a pequeños electrodomésticos y utensilios de cocina.