La ventanilla del Gobierno vasco para denuncias internas de irregularidades ha recibido 79 y han acabado en la Fiscalía 7
La nueva ley vasca de Transparencia, aprobada ya por el Parlamento Vasco y en 'vacatio legis' hasta que entre en vigor, crea un 'buzón' para que externos a la Administración puedan denunciar corrupción o irregularidades. El Gobierno promete dar máxima protección a los denunciantes. Complementará el canal interno ya existente desde 2023, un organismo semidesconocido llamado BIS (Barneko Informazio Sistema, en euskera) y que permite a funcionarios, empleados públicos u otras personas relacionadas con la Administración formular sus denuncias. Según las memorias internas de su actividad en 2024 y 2025, el BIS ha recibido un total de 79 comunicaciones y siete de los casos han acabado en la Fiscalía por apreciarse indicios de delito.
El BIS surge por una exigencia europea de 2019 asumida por España en una ley de 2023. En junio de ese año, bajo el mandato de Iñigo Urkullu y como adelantó este periódico, se aprobó un decreto regulando el funcionamiento del canal. En diciembre, Maite Basabe fue designada para dirigir esa oficina. Basabe, con experiencia en contratación en varios departamentos del Gobierno, trabajaba en el Ararteko en aquel momento. Las memorias indican que el BIS es un equipo de cinco personas y que Basabe ha renunciado a tener secretario y coche oficial.
En el primer ejercicio completo de trabajo, 2024, esta ventanilla recibió 28 denuncias. Once de ellas fueron anónimas, una posibilidad prevista en su reglamento. 17 fueron “admitidas” y dos trasladadas a la Fiscalía. No se da detalle alguno del contenido de los casos tratados, más allá de la referencia genérica a que tocan problemas de “contratación pública”, “salud pública”, “condiciones de trabajo” y otras infracciones económicas. Se señala que en todos los casos salvo en uno los expedientes han tenido conclusiones en menos de tres meses. En 2024 hubo dos asuntos “muy graves” y otros dos “graves”, además de cinco con variadas conductas irregulares, algunas de ellas “graves” y “muy graves” al mismo tiempo. Se expone que en un caso “se ha adoptado una contundente medida correctora”, que tampoco se explica.
En el segundo año, 2025, con el servicio más consolidado, las “informaciones” recibidas fueron 51, 32 de ellas anónimas. 25 fueron admitidas y cinco pasaron a la Fiscalía, tres previa revisión interna y dos directamente. En este segundo año sí se dan más pistas del contenido de las denuncias. Las relativas a “salud pública” son más bien quejas por “fumar en dependencias de la Administración”. Y, después, se menciona la existencia de “infracciones penales o administrativas graves o muy graves, entre las que han sido especialmente destacadas las relativas al incumplimiento muy grave del ordenamiento jurídico (con vulneración reiterada de trámites o mandatos preceptivos), incumplimiento del régimen de incompatibilidades, tolerancia ante la comisión de infracciones o delitos, la falta de diligencia en el ejercicio de las funciones, la utilización indebida de documentación o información, o la falsedad documental”. Hubo un caso “grave”, uno “muy grave” y cuatro con varias infracciones a la vez, algunas de ellas “graves y muy graves”.
Las reflexiones de Basabe en las memorias pasan por explorar “posibilidades de mejora” en la normativa del BIS, así como una necesidad de dar “máxima difusión” a su labor. Pese a ello, la comunicación pública en torno a este organismo en los últimos años ha sido mínima. Sólo consta una jornada en noviembre de 2024. Fuentes de la Fiscalía señalan que esta oficina está trabajando en perfecta coordinación con las autoridades judiciales y que todos los casos enviados venían bien trabajados y que han servido para abrir procedimientos penales en los juzgados correspondientes.