UPA-UCE acusa al fiscal de justificar su anterior dureza “improcedente” pidiéndoles ahora 15 años de cárcel
La organización agraria UPA-UCE afirma que la “sorprendente” petición fiscal de hasta 15 años para sus dirigentes regionales Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, se debe al intento de “justificar” ahora la “improcedente” solicitud de 2016, aceptada por la jueza del caso, que tuvo a esas dos personas durante tres meses en prisión.
La solicitud del fiscal se verá en un próximo juicio oral, en el que se acusa a la organización de falsedad documental y de montar un sistema para quedarse con ayudas públicas destinadas al asesoramiento a los agricultores.
Sin embargo, apunta esa organización profesional agraria (OPA), la Junta ha certificado que no hubo daño alguno para las arcas públicas, y de hecho se archivó una investigación paralela que un Juzgado de Mérida hizo a funcionarios autonómicos.
Las acusaciones y penas solicitadas por el Fiscal de la “Operación Tellus” ignoran según esa entidad “las pruebas, declaraciones testificales, periciales e informes aportados en el proceso de instrucción que corroboran la correcta actuación e inocencia de UPA-UCE, sus dirigentes y trabajadores, y se retrotrae en su escrito de acusación a las infundadas e inconsistentes actuaciones llevadas a cabo por la errónea y desacertada actuación del Equipo de la Guardia Civil encargado de la investigación, al cual no se le ha podido preguntar por las defensas por la insistente negativa de la jueza instructora, vulnerando con ello el derecho fundamental de defensa de los acusados con la verdadera intención inicial de la celebración de un juicio oral”.
La “inconsistencia” de las acusaciones de la fiscalía se contrapone en particular en la actuación de la Junta de Extremadura que, personada en su momento como acusación particular, se apartó del caso el pasado noviembre tras no apreciar delitos contra la hacienda pública, añade el comunicado de UPA-UCE.
La organización advierte finalmente que “la diversidad de delitos que formula la acusación [Fiscalía] y la gravedad de las penas solicitadas sólo tienen explicación en su interés por justificar a destiempo la improcedente prisión incondicional a la que se sometió durante tres meses y medio a los dos principales dirigentes de la organización”.
0