La Asamblea tumba las tres enmiendas de totalidad contra la Ley de Emergencia Social de la Vivienda
El proyecto de Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura, que plantea la expropiación temporal del uso y multas a las entidades financieras que tengan viviendas vacías, sigue su trámite parlamentario después de que el pleno de la Asamblea haya rechazado este jueves tres enmiendas a la totalidad de la oposición presentadas por PP, Podemos y Ciudadanos.
Al no sumarse en ninguna de ellas todos los votos de la oposición, las tres han sido derrotadas fundamentalmente por la mayoría relativa de 30 diputados del PSOE, como estaba previsto.
Las enmiendas de PP y Cs, que básicamente planteaban que el proyecto de ley es inconstitucional, va a ser paralizado por los tribunales y eso es perder el tiempo, han sido votadas conjuntamente y obtenido 29 votos a favor (el de ambos partidos) y 36 en contra de PSOE más Podemos (6 diputados).
En tercer lugar se ha discutido y votado la de Podemos, que pretende ir más allá que el texto de la Junta planteando por ejemplo la dación en pago (la deuda hipotecaria queda saldada cuando la vivienda se entrega al banco), y la intervención en los alquileres privados, enmienda de totalidad que solo ha cosechado los votos de ese partido frente a 59 abstenciones de PSOE, PP y Cs.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha acusado al PP de que el veto de la al proyecto de ley no es por una razón jurídica, es “puramente ideológica”, y ha invitado a mejorar el texto vía enmiendas parciales.
Función social
Defiende el proyecto de ley como “centrado y equilibrado”, que asegura el derecho a una vivienda digna, cuya base legal es la función social de la vivienda, que no distorsiona ni interfiere en el mercado inmobiliario y que ha respetado las recomendaciones del Consejo de Estado.
Con este proyecto de ley se aspira a alcanzar el objetivo de “desahucios cero” en Extremadura y evitar que haya “gente sin casa y casa sin gente”, todo ello en un marco legal “supletorio y respetuoso” con la legislación estatal.
El proyecto de ley contempla la paralización de los desahucios por impago debidos a causas sobrevenidas, y la expropiación del usufructo temporal de determinadas viviendas para la cobertura de necesidad de personas en especiales circunstancias de emergencia social.
Tanto el PP como Ciudadanos consideran que tiene preceptos con visos de inconstitucionalidad pues pretende regular un derecho, el de propiedad, que solo puede hacer ley general en el país, que es competencia del Estado, y vulnerando así el principio de igualdad de los españoles.
El diputado popular Saturnino López Marroyo ha reprochado a la Junta que haya tardado un año en poner sobre la mesa una iniciativa que se comprometió a aprobar en 90 días, y al final es un “corta y pega” del decreto andaluz, declarado inconstitucional, y de otras propuestas autonómicas como la vasca, canaria y navarra.
Según él no se han recogido las recomendaciones del Consejo de Estado y al Gobierno de Vara “le interesa que el Ejecutivo central recurra la ley para que el culpable sea otro”.
El consejero Vergeles ha respondido que se han incorporado al anteproyecto recomendaciones como que no sea un decreto ley, el hecho de que se obligue a la intermediación pero no acogerse obligatoriamente al resultado, o que en el derecho de tanteo haya un plazo de alegaciones de 10 días.
Otra objeción del Consejo de Estado se salvaría dándole a la ley carácter de actuación supletoria para cuando no dé resultado el código de buenas prácticas bancarias.
La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, sostiene que no se ha tenido en cuenta el informe del Consejo de Estado y al final la ley “adolece de vicios importantes de inconstitucionalidad”.
El diputado de Podemos Daniel Hierro entiende que el texto es insuficiente, razón por la que su grupo había presentado otro alternativo, una “adaptación” de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Cubre la mediación en los casos en que se expulsa a inquilinos que no pueden pagar el alquiler, personas que viven en la calle y en infraviviendas, chabolismo o jóvenes que quieren acceder a una vivienda pero su sueldo no se le permite.
Podemos plantea multar al banco si no ofrece un alquiler social y que cuando la Junta no cuente con recursos en los sitios donde haya solicitantes de vivienda social, que las entidades financieras pongan a disposición las viviendas vacías que tengan.
El diputado socialista Valentín García le ha replicado que la propuesta es “una copia de la ley catalana” donde hay una realidad social y de vivienda “muy distinta” de la de Extremadura, y además “rebasa las competencias” de la Comunidad. Informa a Podemos que “el chabolismo se erradicó en la región hace 25 años”.
