Cláusulas sociales en las renovables, pide UPE tras despidos en la eólica de Plasencia

Unidas por Extremadura (UPE) ha reclamado a la Junta la introducción de cláusulas sociales en el procedimiento para la autorización de las plantas de energías renovables, a fin de garantizar unas condiciones de empleo “justas y digna”, a lo que se le ha respondido que no corresponde por ser una cuestión de legislación nacional. 

La diputada de la coalición Irene de Miguel ha formulado esta demanda en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea de Extremadura, donde ha preguntado al director general de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz Fernández, sobre si la Administración regional se ha planteado esta posibilidad. 

El director general le ha contestado que este procedimiento está sujeto a la Ley del Sector Eléctrico, una normativa nacional que no establece la introducción de cláusulas sociales como requisito para la concesión de la autorización administrativa. 

Ha puntualizado además que estos casos no existe un contrato entre la empresa y la Administración, como puede ocurrir por ejemplo en el caso de la concesión de un servicio o en otros ámbitos “más propios” para el establecimiento de estas cláusulas. 

Además, ha recordado que cuando se trata de plantas de más de 50 megavatios de potencia, el expediente corresponde al Ministerio. 

Al margen de ello, el director general ha destacado el apoyo de la Junta a la introducción de estas cláusulas “donde es posible” y ha señalado que es algo que se está fomentando en la contratación pública, pero siempre sin restringir la libertad de competencia, dentro de una regulación “adecuada”, y con respeto a los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación de los licitadores. 

Despidos en Plasencia

Frente a ello, De Miguel ha instado a la Junta a hacer “toda la presión del mundo” para evitar abusos en las contrataciones que se realizan para la construcción y mantenimiento de las plantas energéticas, y ha puesto como ejemplo el caso del parque “El Merengue” en la sierra del Berenguer de Plasencia, donde según reprocha de los 250 personas que trabajaron en su construcción solo quedan tres, que han sido despedidas por denunciar condiciones laborales que no cumplían las normas de seguridad y salud. 

“Tienen que existir vericuetos legales” para permitir que los permisos de autorización estén sujetos a cláusulas “que garanticen unas condiciones de trabajo justas y dignas”, feclamaba la parlamentaria, a lo que Ruiz le ha contestado que la Administración regional tiene que atenerse a la normativa nacional.